“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios
sino sobre las faltas de los demócratas”.
Albert Camus.
Baja California está siendo el experimento, para apabullar a las débiles instituciones políticas y sociales que tenemos en el país. Una mayoría de legisladores locales de ese estado, cedieron, sucumbieron, se pusieron de rodillas ante la deslumbrante fuerza del poder y del dinero.
No se explica de otra manera una reforma constitucional que atenta contra la esencia de la propia Constitución, el Estado de Derecho y la vida democrática. Aquí están involucrados muchos intereses, autoridades y fatuos deseos de perpetuarse en el poder más allá de los mandatos populares y las reglas jurídicas, políticas y sociales, dadas para que se logre la paz, la tranquilidad y el desarrollo. Hasta antes de que se consumara este acto era muy difícil acceder a los medios de protección de la Constitución. En este caso concreto la Controversia Constitucional que puede promover el propio Gobernador saliente –lo que es muy difícil que suceda– y los alcaldes de los ayuntamientos que votaron en contra de esta reforma, tal como ya lo hizo el alcalde saliente de Mexicali.
Los que están legitimados para poder presentar acciones de inconstitucionalidad, son los partidos políticos locales, los partidos políticos nacionales, los diputados locales –es muy difícil que lo hagan, pues la mayoría impulsó y voto esta reforma–, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CNDH, y el Ejecutivo Federal.
Por la salud del Estado de Derecho en México, ojalá más de una de las instituciones mencionadas lo hagan. Porque además de defender la democracia local y sus instituciones, están protegiendo que esta tentación local no pase las fronteras del estado y se conecte con intereses nacionales que vean en este ejercicio un ensayo de lo que quisieran hacer en la nación.
No basta tener los votos suficientes para reformar la Constitución a modo y bajo caprichos personales, hay reglas que siempre deben cumplirse. Tan apretada y sin sustento se da esta reforma, que los legisladores tienen que habilitar un espacio para determinarlo como recinto sustituto de la sede del congreso local.
Así de cruda y dura es la realidad, pues si las instancias y los sujetos legitimados para interponer los medios de defensa del orden constitucional no lo hacen con prontitud, diligencia y eficacia, se dará pauta a la tentación de usar la mayoría de Morena –de este partido fue la iniciativa en BC– en el Congreso de la Unión para replicar un atentado similar, Baja California es la antesala, si se hace a nivel nacional será el intento directo para matar la Democracia en México. No se trata de un hecho local y aislado el riesgo es nacional.
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