La salud en México va a una privatización sin remedio. Esto es así debido a la saturación, desarticulación y constante castigo presupuestal que por lustros ha venido sufriendo la salud pública en el país, haciendo inevitable que cada vez mayores segmentos de la población acudan a resolver sus problemas de salud con prestadores de servicios privados, básicamente en el primer nivel de atención o de primer contacto.

Si bien los servicios de salud privados en México –consultorios, médicos independientes, laboratorios de diagnóstico, hospitales– siempre han existido, ello se debe a un reparto históricamente desigual de la riqueza en donde las clases pudientes, obvia decir, optan por servicios de mayor calidad, calidez y oportunidad, evitando en lo posible un servicio público generalmente austero, masivo y despersonalizado.

Lo preocupante de la situación actual es que existe una enorme población (108 millones de personas, según INSP, ENSANUT, INEGI) que está recurriendo con mayor frecuencia al subsector privado de la salud, echando mano de sus propios recursos y a costa de la economía familiar, al no encontrar los mínimos indispensables en un Sistema de Salud que ha sido incapaz de crecer al ritmo de la demanda y, mucho menos, para paliar los rezagos históricos en este campo. La brecha entre oferta y demanda de servicios de salud sigue creciendo.

Recientes estudios (M. A. Glz. Block, Univ. Anáhuac, 2018) revelan que la atención médica privada cubre el 44 por ciento del total de las consultas ambulatorias y 22 por ciento de la atención hospitalaria. Un tercio de esta población pertenece a algún sistema de salud público (IMSS, ISSSTE), es decir, hace un doble y hasta triple pago. Del gasto total en salud –poco más de un billón de pesos–, 44 por ciento es gasto de bolsillo; del año 2000 al 2014, este gasto creció 94 por ciento en términos reales, y el gasto en seguros privados lo hizo en un 285 por ciento. Resulta, pues, increíble que a estas alturas, con un vigoroso antecedente histórico de intituciones de aseguramiento de la salud pública (IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, Seguro Popular), nos encontremos ante este panorama desalentador.

Como quiera que se le vea, el hecho es que en la actualidad el  gasto privado de los mexicanos está contribuyendo con casi la mitad del gasto total en salud, un gasto empobrecedor y creciente, que ronda los 350 mil millones de pesos al año, y, aún así, no logra contener la grave epidemia  de las enfermedades crónicas, como son la obesidad, diabétes o hipertensión. En este escenario, resulta inconguente se sigan aplicando recortes al Sector Salud, despidiendo a médicos, enfermeras y personal auxiliar; que no se tengan recursos de inversión en infraestructura y equipo de diagnóstico cada vez más obsoleto, inoperante o, de plano, inexistente. De esta suerte, no es casual observar salas de espera abarrotadas de pacientes, clínicas sin personal o simplemente cerradas, interminables listas de enfermos programados para tratamiento o cirugía (un cáncer de seno puede tardar hasta seis meses para ser tratado). Además, la demanda crece –y seguirá creciendo–, presionada por nuevos “beneficiarios” (Jóvenes Construyendo el Futuro, personal doméstico, la alta y media buocracia). Que no quepa la menor duda: el sistema de salud pública no podrá –como no ha podido– proveer los sevicios básicos que la población demanda. De la universlización de servicios… mejor ni hablamos.

Ahora bien, si la 4T ha decidido tomar su propio camino, haciendo caso omiso a las propuestas serias y bien informadas que la sociedad civil hizo al programa de gobierno de López Obrador, ¿no sería el momento –me pregunto– de que el sector privado de la salud diseñara un programa propio, en el que articulara una red integrada de servicos en favor de una medicina accesible a segmentos cada vez más amplios de la población?  ¿Es posible? ¡Claro que lo es!, al menos al primer nivel de atención, que es el más sensible y apremiante. Veamos.

La oferta de la mayor parte de los médicos generales que atienden en consultorios independientes o adyacentes a farmacias (CAF), suman cerca de 52,000 (casi tantos como el IMSS); surten de medicamentos a un tercio de la población, a través de 77,000 farmacias. Actualmente, los CAF atienden 16 por ciento de las consultas ambulatorias del país; los laboratorios de análisis clínicos y los gabinetes de imagen cuentan con cerca de 11,900 unidades en el país. En mayor o menor medida, los propietarios de esta gran infraestructura compiten entre sí y casi todos se orientan al mercado masivo, ofreciendo “paquetes” de bajo costo en el servicio y acudiendo cada vez más a la prescricpción de medicamentos genéricos. No hay duda que en el “diluvio que viene” en el campo de la salud, el sector privado puede –y debe– jugar una papel protagónico, articulando y dando un profundo sentido social a lo que ya, y de hecho, tiene en sus manos.

En la disyuntiva que estamos viviendo, no dudo que la transformación que ha propuesto el actual gobierno sea de buena fe y que a la postre pueda ofrecer un sistema de salud mejor y más justo del que ahora tenemos, pero toda transformación sigue un proceso evolutivo, con sus tiempos y desviaciones. Mientras tanto…, mientras se estructura un sistema universal de salud, mientras se recompone el extinto Seguro Popular, mientras se reestructura el Consejo de Salubridad General, mientras se diseña el reparto de medicamentos gratuitos a los más pobres, mientras se generan los recursos para alcanzar el deseado 3 por ciento del PIB del presupuesto para la salud, mientras todo esto, y más, suceda, el sector privado de la salud, tienen una oportunidad histórica para mostrar su mejor rostro a la sociedad ¿Cómo? Articulando, por ejemplo, la red de médicos y farmacias de bajo costo; ofreciendo paquetes de servicios ambulatorios y de diagnóstico de laboratorio e imagenología; ofertando planes de aseguramiento de la salud de bajo costo y para padecimientos específicos; acercando los precios de los medicamentos innovadores a los que ofrece al sector público; promoviendo más clínicas  subsidiando estancias para mujeres víctimas de la violencia, para enfermos mentales, guarderías infantles comunitarias o de mepresa, y tantas otra acciones que hoy, lejos de crecer, estan siendo eliminadas.

Seamos claros: la privatización de la salud está en marcha y se mueve por necesidad, no por una concertación del empresariado mexicano con un gobierno de derecha; al contrario, resulta de un absurdo divorcio ideológico de un gobierno de izquierda con sus sectores productivos, el de salud incluido. Si esto va a ser así, lo menos que podemos esperar es que esa creciente e inevitable privatización sea menos onerosa y menos empobrecedora para todos esos mexicanos. Hagámoslo de una vez. La salud no es para siempre ni la enfermedad espera.  Retomemos la exitativa que Denis Diderot hiciera al fragor de la Revolución Francesa: “Perdamos el miedo ridículo de convocar a la Nación, para salvar a la Nación”. Y, recordemos, la Nación somos todos.