El acto masivo que se realizó en el Zócalo el pasado 1º de julio, en principio es de difícil definición, pues, no se trata –de ninguna manera– de un informe presidencial, ni de ningún acto regulado o previsto por la Constitución general de la república; realmente estamos frente a una celebración partidista, con motivo de la elección presidencial del año pasado. Es decir, en estricto sentido, es un evento de carácter electoral y partidista, aun cuando por su estructura, es un informe de carácter gubernamental.

La realidad es que estamos frente a una afirmación del liderazgo unipersonal de quien, hoy por hoy, preside a la nación.

El supuesto informe estuvo plagado de cifras importantes que, de tener un sustento estadístico de autenticidad que las haga creíbles, son impactantes; mas allá de lo que siempre hemos escuchado como símbolos del nuevo gobierno, tales como la venta del avión presidencial, la desaparición del estado mayor presidencial, la utilización de Los Pinos como un recinto cultural y, en general, las actitudes que el ejecutivo ha utilizado, para darle un carácter de sencillez y autenticidad a su trabajo.

No obstante, los programas a los que se refiere el presidente, si bien es cierto, han aumentado a tal grado, que dice López Obrador que ya favorecen a 23 millones de mexicanos y que representan un enorme gasto público de 500 mil millones de pesos anuales. En realidad, representa sólo el 8 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta política social es lo más importante y trascendente de este gobierno; si –como se afirma– 7 personas de cada 10 integrantes de los pueblos originarios ya reciben un apoyo, indudablemente es altamente meritorio y servirá como un paliativo a la desigualdad y a la pobreza.

Dicho lo anterior, también hay que analizar que la única fórmula, en cualquier sistema político que se conoce, para cambiar su destino económico, es el crecimiento y, este, sólo puede realizarse sobre la base de la producción y, en este rubro, por más que se nos diga, la prospectiva de todos los analistas serios no nos da más de 1.5 por ciento para este año.

Hizo bien el presidente en reconocer que se requiere mayor crecimiento, también que el tema de la salud pública se ha complicado seriamente por los recortes al presupuesto del IMSS, el ISSSTE y, en general, de las instituciones que prestan este fundamental servicio.

Luces y sombras, apoyo popular y solidaridad colectiva, critica racional injustificada, polarización innecesaria, conflictos irrelevantes y, frente a ello, incapacidad total de todos los niveles de gobierno y de los propios poderes de la Unión, para enfrentar con éxito el cáncer que más preocupa a los ciudadanos: la violencia brutal, la impunidad total, el crimen sin castigo, la ausencia de un estado de derecho capaz de controlar a una delincuencia organizada, que se ha desatado en todas sus formas; extorción, robo, homicidio, trata de personas, tráficos de estupefacientes; el efecto de este fenómeno ha aumentado el miedo de la ciudadanía, para convertirla en pánico colectivo. Nadie quiere salir por las noches, existe temor de que nos agredan para robarnos el automóvil, para secuestrarnos; y con el grave peligro de que la brutalidad de esta delincuencia desatada, llega al homicidio sin ninguna consideración ética o social.

No puede tener ningún éxito la 4T, o cualquier gobierno, sino tienen la capacidad de otorgar a la ciudadanía, su obligación más clara y que es la única que da legitimidad a los Estados nacionales.

Un país sin seguridad, sin capacidad de acabar con el crimen, es un Estado inservible.

Qué bueno que se acabó el huachicol en 95 por ciento pero, ¿dónde está la consignación de los responsables auténticos? O ¿Los empresarios de la gasolina o los dueños de grandes flotillas que han sido afectados en la solución de este tema?

¿Cómo puede hablarse de ochenta y tantas Universidades, con 400 maestros? Es una burla a la educación superior.

Si el presidente quiere aumentar su popularidad, tiene que cumplir su mandato con acciones concretas, que nos den fundamentalmente seguridad jurídica, crecimiento económico, educación, salud y vivienda.