Estamos en la Cuarta Transformación, que ha propiciado otras transformaciones. Entre éstas, la de Siempre. Acompaño a Beatriz Pagés, talentosa y valerosa, en la conversión de la revista impresa al sistema digital. Abre una nueva etapa, por la que ya transitan numerosas publicaciones y a la que otras ingresarán. Lo que importa es sostener con firmeza el ánimo quijotesco que ha acompañado a esta revista desde la hora de su fundación. Vale la pena librar la batalla, arremeter contra molinos que proliferan y sostener el imperio de la libertad y la razón. Hay que cabalgar.

Voy al tema de mi colaboración. Sugiero que ha llegado cierta hora en el reloj de nuestro tiempo. ¿De qué hora se trata y a quiénes les ha llegado? Paso a explicarme ante mis compatriotas, resueltos a seguir siendo ciudadanos, precisamente, no vasallos ni simples espectadores. Ahora me quiero referir a unos personajes de la vida política –y social y económica– de México que conocemos bajo el nombre de “órganos constitucionales autónomos”. Se les identifica por sus siglas: los OCAs. ¿Quiénes son? ¿Cómo aparecieron? ¿Para qué? ¿Y por qué digo que quizás les llegó la hora? Veamos.

Tenemos derechos y libertades, hasta donde podemos. Vivimos en un Estado de derecho, más o menos. Constituimos una sociedad democrática, o lo pretendemos y ambicionamos. Y para tener y retener ese conjunto de bienes, trabajosamente alcanzados, requerimos ciertos medios que nos permitan preservar derechos y libertades, mantener el Estado de derecho, desarrollar la democracia.

Hace dos siglos, las grandes revoluciones que derribaron opresores y retiraron cadenas, proclamaron ciertas garantías de libertad y democracia. Una de ellas se conoció como “división de poderes”. Tenía que ver con algo que entonces parecía quimérico: la racionalidad en el ejercicio del poder; frenos y contrapesos; certezas y fronteras. A partir de entonces ha prevalecido, con diversas expresiones, esa división o separación de los poderes, que brinda a los ciudadanos la seguridad –siempre relativa– de que los poderes “más poderosos” –si se me permite decirlo así– no arruinarán las libertades del individuo ni cancelarán los valores de la democracia.

Si alguien me ha seguido hasta este punto, quizás pensará que en seguida me referiré al Poder Judicial,  factor de equilibrio entre los poderes y fuente de seguridad para los ciudadanos. Pero no. No quiero hablar en este momento de ese Poder garante de la libertad y la justicia, del que me ocuparé en otro momento –si cuento con la hospitalidad de Siempre–, sino de aquellos otros personajes en el paisaje de  nuestras instituciones, que surgieron en los últimos años y hoy sirven también para generar equilibro y asegurar derechos, libertades y democracia. Aludiré a los OCAs, que tienen su “nicho” en la ley suprema de la República.

La existencia de esos órganos implica una reformulación del Estado y de sus Poderes. Ya no existe solamente, como en el curso de aquellos dos siglos, un Poder Legislativo, otro Ejecutivo –¡y vaya!–  y uno más Judicial. Ahora contamos con órganos que no forman parte de esos Poderes y operan al lado de ellos. Sus funciones pertenecieron en otro tiempo al Poder Ejecutivo. De ahí salieron en marchas centrífugas y hoy tienen vida propia y autónoma. Eso creemos.

Los órganos constitucionales autónomos –un conjunto complejo y creciente–  han asumido tareas delicadas, indispensables para la sociedad democrática, ajenas a los vaivenes de la política partidista, derivadas de la necesidad imperiosa de asegurar que aquéllas se cumplan con pulcritud, eficacia e independencia. Nuestra Suprema Corte de Justicia señala que los OCAs atienden “funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad”.

Esa ha sido la intención de los creadores de los órganos autónomos –en el mejor de los casos– y es la misión que éstos tienen en favor del pueblo, a despecho de los otros poderes, de los partidos políticos y de los intereses de grupos e individuos. En otras palabras, los OCAs nacieron para sanear el ejercicio del poder y establecer indispensables equilibrios en el seno de una sociedad compleja y asediada por pretensiones que es preciso mantener a raya.

Nuestra Constitución aloja varios órganos autónomos que sirven a los fines que he mencionado. Operan en distintos ámbitos y han asumido la inmensa responsabilidad de actuar con absoluta independencia frente a pretensiones políticas y partidistas. Se hallan solamente al servicio del pueblo, no del Congreso, ni del Presidente ni de los tribunales. Del pueblo. Esta es la teoría, y debiera ser la práctica en este ejercicio histórico de desconcentración y depuración del poder público.

En el paisaje actual de nuestra vida republicana figuran varios OCAs. Llegaron a la Constitución, uno a uno, en diversas circunstancias. La ley suprema los alojó y les confirió autonomía, al abrigo de caprichos y consignas. Hablemos de algunos, todavía presentes y diligentes.

El Banco de México es un OCA. Tiene deberes anteriormente alojados en el Poder Ejecutivo. Salieron de ahí para cuidar la buena marcha de nuestra economía en algunos temas de enorme trascendencia, que no pueden quedar a merced de los dictados o las ocurrencias de grupos o caudillos delirantes. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un órgano constitucional autónomo. Se estableció como instrumento indispensable y eficaz para evitar atropellos de las autoridades a los ciudadanos. En la misma categoría se encuentra el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que vela por la transparencia de las funciones públicas, de la que dependen la rendición de cuentas y, en  definitiva, la información pública que es cimiento de una verdadera democracia.

Sigamos la relación, sin agotarla. En ella se halla el Instituto Nacional Electoral (INE), al cuidado de la voluntad del pueblo en la toma de grandes decisiones políticas entre las que figura, nada menos, la elección de servidores públicos. En torno al INE se están acumulando nubes muy negras, bien cargadas, que presagian tormenta y despiertan fuertes debates. En la misma lista se localiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con la encomienda de informar a la nación, puntual y objetivamente, sobre el estado que guardan la sociedad y los servicios instituidos para su beneficio (de la sociedad, por supuesto, no de los actores políticos). Hay otros órganos autónomos en sectores distintos: entre ellos, el energético, espacio donde se custodia una parte esencial del patrimonio del pueblo, que tampoco debe hallarse a merced del capricho, la ignorancia o la rapiña.

No quiero complicar más este panorama de los órganos autónomos a los que hemos confiado, por mandato constitucional, la honrada, competente y eficaz gestión de tareas que interesan a la nación. Pero no dejaré de mencionar que la Constitución encomienda el manejo de esos órganos a ciudadanos que honren su compromiso con la República y actúen con gran calidad profesional, ética imbatible e independencia de criterio en la adopción de las decisiones que la ley suprema les atribuye. Si esto no ocurre, los OCAs se convertirían en agencias tributarias de intereses personales o sectoriales. Consumarían un gran fraude y traicionarían a quienes han depositado en ellos su confianza y su esperanza.

Es natural que quienes ejercen el poder desde otras trincheras  –con o sin el mandato de la mayoría de los ciudadanos–  pretendan influir en la integración de los órganos autónomos, en las decisiones que éstos tienen a su cargo y en la cosecha de las consecuencias que aquéllas arrojen: cosecha para incrementar la fuerza o el patrimonio de grupos e individuos. Las tentaciones de los poderosos son infinitas e igualmente infinitos son los riesgos que corre el desempeño de esos órganos, si se coarta su independencia. El poder tradicional reconoce sus viejos cauces y se propone recuperarlos, como el agua que llega en torrente, devastadora. Apetece la reconquista de los espacios que considera suyos, y para ello arremete contra la independencia y la competencia de los órganos autónomos.

No seamos ingenuos ni ignoremos las acechanzas que los vientos imperiosos lanzan sobre las velas de estas embarcaciones, que pudieran ir a la deriva. Hemos observado las tensiones y advertido las pretensiones de quienes asedian a los órganos autónomos, objetan sus atribuciones o interfieren su desempeño.

El primer acto de este asedio suele ser la siembra de descrédito: difamación que cala, fomenta dudas, alumbra leyendas; al defensor de los derechos humanos se le tacha de violador. El segundo acto puede ser la reforma de las normas que confieren a los OCAs atribuciones específicas y autonomía, con el propósito de menoscabarlos y subordinarlos. El tercer acto será la reabsorción en el centro del poder –el centro tradicional, centrípeto y codicioso– de las atribuciones que pierdan los órganos autónomos: retroceder las manecillas del reloj y retornar al pasado. De estos pasos hay ejemplos a la vista, lecciones y advertencias. Es preciso identificarlos y denunciarlos. De lo contrario, la ola se elevará y naufragarán las expectativas que pusimos a flote con enorme esfuerzo.

En el difícil itinerario de las instituciones, los OCAs se cruzan con otros combatientes en retirada, que fueron asediados. Entre éstos figuran instituciones públicas de salud y educación, corporaciones culturales, organismos de la sociedad civil, centros de investigación y docencia. Maltrechos en la batalla, con recursos disminuidos, pueden perder competencia y trascendencia. Por supuesto, el daño no se infiere apenas a esos combatientes, obligados a replegarse, sino a las causas de interés público que atienden. Arrían banderas, pero la derrota  –si la hay–  es para la nación en su conjunto. Las restricciones de ahora empañan el horizonte y comprometen el futuro. El golpe a esta generación lastimará a las que vengan.

Por todo eso titulé este artículo como lo hice. Quise atraer la atención sobre el presente y el futuro de los órganos autónomos en nuestra sufrida democracia. ¿Les llegó la hora de la decadencia o el colapso, que se fragua paso a paso, golpe a golpe, gracias a nuestra ingenuidad o a nuestra indiferencia? ¿El agua que corre, caudalosa, ha reconocido sus antiguos territorios y pretende inundarlos?

No quiero decir que no haya nada que corregir en el paisaje de los órganos autónomos y de las tareas que tienen asignadas. Seguramente hay mucho. Pero corregir no significa sepultar. El precio del arrasamiento sería muy alto. Lo pagaríamos todos. En ese camino andamos y a ese peligro nos enfrentamos. En consecuencia, la hora que llegó a los OCAs, ¿también nos llegó a nosotros?