Es urgente desenterrar la verdad sobre las atrocidades innombrables.
La memoria es lo que nos permite atribuirle significado a la dinámica existencial. Sin ella se extravían la identidad y el sentido de pertenencia. Revisar críticamente los acontecimientos del pretérito y traducirlos en sabias lecciones de vida es lo que ilumina el presente y posibilita el surgimiento de un futuro mejor. El olvido del pasado es la negación del tiempo y de la vida misma. Lo que se niega esclaviza.
Así lo ha entendido el gobierno de la Cuarta Transformación y por ello puso en marcha el proyecto “Sitios de Memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no Repetición”. Merced a esta plausible iniciativa, en la sede de lo que en su tiempo fue la nefasta y temida Dirección Federal de Seguridad recientemente se abrió al público el Memorial a los Desaparecidos de la Guerra Sucia.
En el núcleo duro de ese noble y humanitario afán reside el derecho humano a la verdad, el cual fue reconocido por las Naciones Unidas en el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Ahí se preceptúa que “Las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados y las circunstancias que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes”.
También ha sido visibilizado en el texto “Derecho a la verdad en América” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida a partir del relevante caso Bámaca Velásquez vs Guatemala, según la cual “La verdad es un elemento clave en virtud de que hace posible que la sociedad tenga acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos”.
En éste y en otros emblemáticos casos encuadrados en la patología del terrorismo de Estado, la meta es transparentar la verdad que por años estuvo soterrada y suplantada por mentiras oficiales; tal y como ocurría con el “ministerio de la verdad” descrito en la novela distópica “1984” de George Orwell, cuya finalidad era manipular evidencias, historias y narrativas para poder construir e imponer en la psique de los ciudadanos las versiones afines a los intereses de los poderosos.
Esa fue exactamente la infame directriz seguida en relación a la masacre perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco. El régimen de Gustavo Díaz Ordaz tendió una cortina de humo sobre la realidad de ese atroz acontecimiento. Para lo cual tramó y difundió masivamente la mentira de que los líderes del heroico Movimiento Estudiantil habían instrumentado una conjura, concebida en Checoslovaquia y Cuba, con vistas al derrocamiento del gobierno y la instauración de la dictadura del proletariado. Haciéndose eco de esa grotesca mascarada, el 3 y 4 de octubre de ese año las cámaras de senadores y de diputados emitieron sendos acuerdos legislativos justificando la represión y avalando el crimen de lesa humanidad.
De hecho, ese fue el principal “argumento” desplegado en la sentencia dictada en su contra el 12 de noviembre de 1970 y en la que, entre otras determinaciones, fueron declarados culpables de la comisión de los delitos de sedición e invitación a la rebelión. Es pertinente traer al presente, una vez más, el dato consignado en las memorias del fiscal encargado del caso, Salvador del Toro Rosales, en el sentido de que todas las actuaciones procesales significativas, incluyendo el fallo, fueron confeccionadas en las oficinas de la Procuraduría General de la República.
Desmontar dicha perversidad mediática tomó un buen número de años. Gracias a las valientes acciones legales emprendidas por Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, Ana Ignacia “Nacha” Rodríguez Márquez y otros líderes del Movimiento aglutinados en el Comité 68, el 26 de marzo del 2009 se obtuvo una sentencia definitiva del Poder Judicial de la Federación en la que se decretó que la matanza de estudiantes indefensos fue constitutiva del crimen internacional de genocidio. Aun cuando el ex presidente Echeverría fue exonerado alegando que en el expediente de la causa penal no había indicios de su presunta responsabilidad, lo cierto es que estuvo sujeto a prisión preventiva domiciliaria del 3 de julio del 2006 al 26 de marzo del 2009.
No es necesario esperar el transcurso de media vida para derrumbar otras muchas mentiras gubernamentales. Es urgente desenterrar la verdad sobre las atrocidades innombrables perpetradas en contra de los luchadores por la justicia y la libertad. No existe ninguna alfombra tan grande que pueda tapar esos horrendos crímenes de Estado.