“Sitios de Memoria: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no Repetición”, es un proyecto gubernamental que está causando un enorme revuelo. Su primer hito fue la transformación de los antiguos separos de la temible Dirección Federal de Seguridad, ubicados en la calle Circular Morelia 8, en el Memorial a los Desaparecidos de la Guerra Sucia. En ese sitio –cuyas paredes quedaron impregnadas de la sangre, el llanto y el dolor infinito de numerosos opositores que fueron sometidos a inauditas muestras de crueldad humana– ahora se visibilizan sus historias de vida, se enaltece el derecho humano a la verdad y se da forma a la memoria colectiva.
Las escenas que ahí pueden ser apreciadas son el reflejo fiel de lo que desde hace casi dos décadas fue evidenciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la Recomendación 26/2001. Sin ambages, en este emblemático texto se describen las torturas, avaladas por una aberrante política de Estado, que policías civiles y militares pertenecientes a la tenebrosa “Brigada Blanca” llevaron a cabo en las instalaciones del Campo Militar Número Uno. Ahí también se da cuenta de las más de quinientas personas que fueron desaparecidas durante ese horrendo capítulo del libro de las infamias gubernamentales.
Tales afrentas al núcleo duro de la dignidad humana fueron asimismo denunciadas en dos documentos de gran valía jurídica, histórica y política: el Informe Histórico presentado a la Sociedad Mexicana por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSSP) y el informe de la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setenta del Estado de Guerrero. Todo ello pinta de cuerpo entero el total y absoluto descarrilamiento que sufrió el Estado, lo que propició la comisión de una estela de crímenes de lesa humanidad.
Este extraordinario ejercicio de reivindicación de la memoria sin lugar a dudas debe extenderse a otros sucesos en los que igualmente se materializó la visión genocida de los gobernantes de la época. Destacan por su importancia, entre otros, las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 y los subsecuentes ataques generalizados a sectores de la población civil ejecutados en Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y Atenco.
Por su indiscutible trascendencia, este noble y plausible proyecto del gobierno de López Obrador amerita ser investido de una mayor jerarquía normativa y política. Es decir, debe ser elevado a la categoría de un ordenamiento legislativo análogo a los promulgados en otras latitudes, como ocurrió en España con la Ley 52/2007 del 26 de diciembre de ese año.
La expedición de una ley de la memoria histórica es la vía idónea para alcanzar ese propósito. Sus objetivos estratégicos serían la restitución de la dignidad de las víctimas del terrorismo de Estado desplegado en el contexto de esos y otros trágicos acontecimientos, así como el establecimiento de las bases para el diseño e instrumentación de políticas públicas para la recuperación de la memoria histórica individual y colectiva.
La propuesta tendría que contemplar los siguientes aspectos: I) reconocimiento de la condición radicalmente injusta y antijurídica de las sentencias condenatorias emitidas en contra de las víctimas, lo que resulta factible a la luz de la llamada “Fórmula Radbruch” que preconiza: “la injusticia extrema no es derecho”; tal y como se hizo con las condenas proferidas por los jueces del régimen nazi, las cuales fueron invalidadas mediante la ley aprobada por el parlamento alemán el 1º de septiembre de 1988; II) otorgamiento de las indemnizaciones por daños materiales y morales, de las medidas de carácter honorífico y las demás reparaciones integrales a que haya lugar; III) apertura al escrutinio ciudadano de todos los archivos oficiales relacionados con los temas que nos ocupan, con especial referencia a los archivos militares.
Romper el silencio, sacar a la luz la verdad, alejar del olvido a quienes cayeron en la lucha por la libertad y la justicia, construir y transmitir la memoria histórica, sin duda contribuirá al saneamiento ético y político de nuestra sociedad y evitará la repetición de esas atrocidades sin nombre.