No acostumbro aludir aquí a experiencias personales. Ahora lo hago porque se asocian a una institución fundamental, cuya suerte influye  –e influirá–  en la fortuna o el infortunio de millones de mexicanos. Me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México, que durante mucho tiempo ha sido –y sigue siendo–  fragua de la historia de este país y fuente de las mejores expectativas.

En estos días participé en dos asambleas de inicio de cursos, merced a la generosidad de amigos dilectos. Primero, fui orador en la apertura de cursos en la Facultad de Derecho, mi Facultad desde el remoto 1955, en que llegué a ella. Esa apertura ocurrió el 3 de agosto de 2019. Presidió el director, Raúl Contreras Bustamante, y participó también el apreciado colega Juan Luis González Alcántara, profesor de la Facultad y ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Segundo, tuve la misma encomienda –por invitación del Rector Enrique Graue Wiechers–  el 9 de ese mes en la apertura general de los cursos universitarios en el Centro Cultural Tlatelolco, antigua Cancillería. En este caso intervinieron, además del Rector, tres estudiantes que representaron a sus compañeros del bachillerato y la licenciatura. Lo hicieron con talento, esmero y convicción, que saludamos.

En ambas ceremonias la concurrencia fue muy numerosa, alegre, espectacular. En mi Facultad hubo cinco mil asistentes, entre estudiantes de la generación 2019 –a la que se dio un nombre comprometedor: “Generación de la Autonomía”– y familiares de éstos, todos atraídos por la “magia” de la Universidad. En Tlatelolco se reunieron centenares de estudiantes, provenientes de los planteles que integran la estupenda red universitaria de la capital y los municipios adyacentes. Asistieron ex rectores de nuestra Casa, recibidos con gran aprecio, y directores de las escuelas y facultades de la UNAM. También aquí floreció el entusiasmo y se elevaron con fuerza, como es costumbre, los tradicionales “goyas”, que son una alegre proclama de la comunidad universitaria.

La gran Universidad, a la que justamente calificamos como Universidad de la Nación  –¡y vaya que lo es, contra viento y marea!–,  abre sus cursos de 2019 con una matrícula superior a trescientos cincuenta mil estudiantes. Y al mismo tiempo ha vuelto al camino de sus más hondas reflexiones, concentradas en un aniversario de gran alcance. En 1929 se emitió la primera ley autonómica de la Universidad. De ahí que ahora reciba el título de autónoma, además de nacional. En 2019, la UNAM celebra el octogésimo aniversario de aquella ley. Lo hace cuando hay desasosiego e incertidumbre en el extenso panorama de la República. La celebración corre en ceremonias formales y en meditaciones colectivas. En todas coinciden la satisfacción por el camino andado y la preocupación por el trecho que se avecina.

En las ceremonias a las que me he referido –y en múltiples foros, coloquios, seminarios a lo largo de este azaroso 2019– aparece y domina un tema inquietante. Cierto que a menudo se invoca la historia y la grandeza de nuestra Universidad, su papel extraordinario en el desarrollo de la ciencia y el arte, su condición nacional y su oriundez mexicana  –raíz que estableció Justo Sierra: la naciente Universidad no será, dijo en el discurso inaugural en 1910, en la  víspera misma de la Revolución, “una patria ideal de almas sin patria–, sus vicisitudes, hazañas, tropiezos y redenciones. Todo eso ha desfilado en las ceremonias. Pero hay más. Estuvo presente un tema que no nos abandona, un protagonista, un provocador de entusiasmos y temores: la autonomía de la Universidad. Giramos en torno, entre alborozados y temerosos.

Recordemos, brevemente. Ya dije que en 1929 se expidió la primera ley de autonomía. Para que así fuera militaron los estudiantes de aquella época, a la cabeza los jóvenes alumnos de Derecho, encabezados por dirigentes animosos, como Alejandro Gómez Arias y Ricardo García Villalobos. Llama la atención el porte de los estudiantes en rebeldía, que se observa en las fotografías de esos días: de traje, con corbata y sombrero; muy formales y muy aguerridos. Los insumisos de aquí tenían el ejemplo de los insurgentes de la Universidad argentina de Córdoba, precursores del gran ímpetu universitario que recorrió los países de América en la primera mitad del siglo XX. Al cabo de las marchas, el perspicaz presidente Emilio Portes Gil aportó una solución pertinente: la autonomía, con determinadas condiciones y modalidades que se removerían en los años siguientes.

A partir de entonces la Universidad siguió acumulando etapas de su tormentoso itinerario. Llegamos a 1944, en plena turbulencia. Otro presidente, Manuel Ávila Camacho, intervino con prudencia y sugirió a la comunidad una fórmula de conciliación. Se constituyó un cónclave de ex rectores y éstos acordaron el nombramiento del nuevo Rector, que sería Alfonso Caso, miembro del grupo de los “siete sabios”. Caso condujo bien a los universitarios y prohijó una nueva ley, que entró en vigor en 1945 y se mantiene incólume, intacta, vigente y positiva, insólita firmeza en un país entregado al fervor  –o furor–  legislativo, que opera en manos del “legislador motorizado”, para emplear la expresión de Gustavo Sagrebelsky.

El ilustre rector Ignacio Chávez describió puntualmente ese itinerario: la vida de la Universidad “ha sido una lección permanente, reflejo fiel de la vida del país. Años de decadencia y de agonía, seguidos de un despertar pujante, capaz de todas las realizaciones”. Y el rector Javier Barros Sierra, un cruzado de la autonomía, que sostuvo a capa y espada, reconoció el papel que esa ley del 45 ha cumplido en medio de las tormentas: en horas de encrucijada, constituyó un baluarte para la defensa de la Universidad. De ahí que ese ordenamiento sea enarbolado por los partidarios de la autonomía, entendida como la ha vivido y salvado la Universidad Nacional, y sea asediada por quienes proponen otro modelo universitario, que caería en manos de cualquier gobierno en turno, se pondría al servicio de alguna ideología y naufragaría en el mar del estrépito y la demagogia.

En 1979, la autonomía llegó al peldaño constitucional. En ese rango quedaron definidos sus elementos principales, que describe la fracción VII del artículo 3º constitucional. Esa fracción constituye, para nosotros, un breviario de la libertad de pensamiento. Quienes redactaron el texto de 1979  advirtieron que la autonomía había llegado a ser  una figura “familiar a la nación mexicana”. Y destacaron el deber estatal de “respetarla irrestrictamente”. Igualmente reconocieron que las instituciones autónomas de educación superior, por su parte, se hallan “obligadas con la comunidad nacional”.

En mi discurso del 9 de agosto señalé, dirigiéndome a los jóvenes universitarios, que no ha sido fácil conservar y fortalecer la autonomía, al abrigo de ataques y asaltos de diversa naturaleza, emprendidos con distintos medios. Sobre ella han soplado vientos que podrían  desplegarse de nuevo. Para prevenirlos y  contenerlos, recordé que la autonomía es el oxígeno que respiramos; está en nuestra raíz y en nuestra identidad. Así se ha pregonado en los encuentros de la primera  mitad de 2019, y seguramente se proclamará en la segunda mitad. Y en todo el tiempo que venga.

Por eso se cimbró la Universidad y se elevaron las voces de los universitarios, alarmados y dolidos, cuando se conoció la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, del 12 de diciembre de 2018. Ésta se proponía suprimir “la mal llamada reforma educativa”, pero también se tomó la licencia –como quien no quiere la cosa, o quizás como quien sí la quiere– de excluir el texto de la fracción VII. Al suprimirse éste, la autonomía caería en el arcón de los recuerdos. Hubo rectificación desde la trinchera del Ejecutivo: no se pretendía alterar la autonomía; se cometió un error en la versión del proyecto que ingresó al Congreso como iniciativa de reforma; se volvería al cauce de la normalidad. Así fue. Enhorabuena. No ha sido frecuente que se confiesen y rectifiquen los desaciertos. Finalmente, quizás se trató de un lapsus calami. ¡Pero qué lapsus!

Las circunstancias de hoy son muy diferentes de las que prevalecían cuando la Universidad Nacional era una dependencia del poder público, sujeta a los vaivenes de la política y al capricho de los partidos. La diferencia no constituye, sin embargo, una inamovible garantía. Tengo la impresión  –acompañada por la de muchos conciudadanos: mexicanos y universitarios–  de que hay miradas y tentaciones que se hallan en vela. Observan y vigilan a la Universidad. La asedian. La codician. Saben lo que significa para el presente y el futuro de la nación. De ahí la necesidad apremiante de que también los universitarios nos comprometamos en una persistente vigilia y advirtamos con cautela  –y cierta malicia– todos los pasos que pudieran darse en la probable aventura de quienes no profesan la misma adhesión a la autonomía. Mantengamos la guardia. Si desfallecemos, declinará la Universidad; peor todavía: México decaerá.