La Universidad Nacional Autónoma de México representa, no sólo la más importante casa de estudios del país, sino la esperanza fundada de un mundo mejor para miles y miles de jóvenes, cuya única salida hacia una educación superior de calidad, es ingresar y desarrollarse académicamente en esta magnífica casa de estudios.

La autonomía universitaria de la que celebramos 80 años, constituye una garantía social y varias garantías individuales, registradas con rango constitucional en el artículo 3ro.

Efectivamente, la libertad de cátedra y de pensamiento, son una garantía individual para quienes tenemos el privilegio de ser profesores de la máxima casa de estudios, que nos permite difundir y discernir sobre diferentes conceptos ideológicos, siempre y cuando respetemos los programas académicos; esto va más allá de un simple derecho, ya que constituye la piedra de toque para que la academia se nutra de diferentes corrientes ideológicas y científicas que permitan la libertad de enseñanza. Esto, abre la puerta del pensamiento, de la cultura y de la universalidad a las nuevas generaciones.

La UNAM es autónoma constitucionalmente, pero también debe ser libre políticamente pues, durante muchos años, de alguna manera, el Estado –monopolizado por un partido hegemónico– influyó en el nombramiento de los rectores. Esta acción concluyó con la rectoría del doctor José Narro Robles quién llegó al cargo apoyado por la junta de gobierno y por el ex-rector Juan Ramón de la Fuente, hoy Embajador de México en la ONU. El actual rector Enrique Graue alcanzó la rectoría bajo las mismas premisas.

Sin embargo, con el cambio de régimen y la ambición de “concentrar el poder”, del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hay duda de que habrá intereses que quieran darle a la Universidad el camino de “pensamiento único”, contrario a su filosofía de libertad. La prueba más evidente de lo afirmado, fue la iniciativa de diciembre de 2018 del presidente López Obrador, en la que intencionadamente propuso reformar la fracción VII del artículo 3ro., constitucional, omitiendo la autonomía de las universidades públicas.

Por eso, es urgente que la junta de gobierno se ponga de pie, en defensa del proyecto de una Universidad, no sólo autónoma, sino libre políticamente y el único camino para hacerlo viable –sin mayores inconvenientes– es “reelegir al doctor Enrique Graue” quien, por otra parte, ha manifestado una buena relación con el ejecutivo federal y un manejo ponderado y libertario de nuestra institución.

Alumnos, empleados, profesores y directivos, pronto se manifestaran frente a la junta de gobierno y, no hay duda, de que su apoyo mayoritario será por un nuevo periodo del doctor Graue.

“Por mi raza hablara el espíritu”.

 

El autor es Profesor de tiempo completo, nivel C, de la Facultad de Derecho de la UNAM