El Memorial Circular de Morelia 8, ubicado en el sótano de la otrora Dirección Federal de Seguridad, tiene el indiscutible mérito de visibilizar y traer al presente una de las más horrendas etapas de la historia reciente de nuestro país. Se trata de la llamada “guerra sucia”, expresión material de una nefasta política de Estado que adoptó la forma de un plan contrainsurgente ideado con el fin de acabar con opositores y mantener incólume un régimen de dominación política de carácter hegemónico.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros, ejecuciones sumarias, torturas y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, fueron el medio instrumental utilizado para dar forma a ese designio genocida. Todo ello ocurrió en el contexto de un genuino conflicto armado interno en el que se violaron flagrantemente los estándares del derecho internacional humanitario previstos en el artículo tercero común de los cuatro Convenios de Ginebra y en los Convenios de La Haya, estos últimos reguladores de los medios y métodos de combate.
Un abyecto y reprobable silencio generalizado fue el clima sociológico y político que envolvió a esa hecatombe. Diputados, Senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión no alzaron la voz ni hicieron lo que les era exigible para detener las atrocidades sin nombre que se estaban perpetrando, mucho menos efectuaron las acciones legales que habrían permitido llevar a los responsables ante la justicia. Los efectos paralizantes o catatónicos de esa terrible patología también se extendieron a los medios, a los gremios empresariales y profesionales, particularmente las barras de abogados, así como a los académicos e investigadores. Todos desviaron la mirada. Nadie dijo, nadie hizo absolutamente nada.
Escasos son los textos en lo que se da cuenta y razón de la “guerra sucia”. Tres de ellos destacan por su importancia intrínseca: el Informe Histórico presentado a la Sociedad Mexicana por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSSP); el informe de la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setenta del Estado de Guerrero; y la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
En la página electrónica “Sitios de Memoria” de la Secretaría de Gobernación se asienta que la “Brigada Blanca” estaba situada en la cúspide de la estructura contrainsurgente y que con ésta se cubría una gran parte del territorio nacional. En cada entidad federativa funcionaban cuerpos especializados integrados por militares, policías, paramilitares y elementos clandestinos. Los centros estratégicos de la política de exterminio eran operados en las instalaciones del Campo Militar Número Uno, la Base Aérea de Pie de la Cuesta, la Dirección Federal de Seguridad, el Agrupamiento de Granaderos, la Policía Militar y la División para la Prevención e Investigación de la Delincuencia, la tristemente célebre DIPD de la Ciudad de México.
La espiral de violencia producto del atroz terrorismo de Estado arrasó pueblos enteros. Numerosos núcleos familiares fueron literalmente devastados, tal como sucedió con los activistas Tecla Parra quienes fueron brutalmente torturados y algunos de ellos figuran en la lista de los 532 desaparecidos a que se refiere la mencionada Recomendación 26/2001.
Poco se habla de ello, pero es de elemental justicia señalar que la represión también alcanzó a numerosas mujeres a las que no les importó arriesgar su vida en aras de la lucha por un México más justo, equitativo y sin desigualdades. Algunas lo hicieron en condición de embarazo. Con respeto, gratitud y hondo reconocimiento, las presentes y futuras generaciones deben mantener en la memoria, entre muchos otros más, los nombres de Dení Prieto, Alicia de los Ríos Medina, Violeta Tecla Parra, Julieta Glockner, Paquita Calvo Zapata y Margarita Andrade Vallejo.
Evitar un nuevo descarrilamiento del Estado es un desafío que atañe a la sociedad en su conjunto. Para ello es preciso conocer toda la verdad y nada más que la verdad sobre la “guerra sucia” y exigir las garantías de la no repetición de tragedias similares.