El 1º de diciembre de 1974, al rendir su cuarto informe de gobierno, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez hizo el siguiente pronunciamiento categórico: “Hagamos alguna reflexión derivada del análisis de la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, integrados por hombres y mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, criados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la descoordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia; que ven mucha televisión”

Pletórico de prejuicios, discriminación, misoginia, homofobia, estigmatización e incitación al odio, tal señalamiento fue a todas luces impropio de un discurso presidencial emitido desde la más elevada tribuna parlamentaria del país. La diatriba, sin embargo, surtió los efectos de una cortina de humo en torno a lo que en ese momento estaba ocurriendo.  Al tiempo que el informe estaba siendo rendido, policías, militares y paramilitares aglutinados en la temible “Brigada Blanca” perpetraban innumerables atrocidades en contra de las víctimas de tan infame agresión verbal y política.

Lejos del dicho presidencial, se trataba de seres humanos plenos de dignidad y valentía a los que no les importó arriesgar su vida en aras de la lucha por un México libre, justo, equitativo y sin desigualdades. Eran verdaderos patriotas a los que el Estado hizo objeto de una gigantesca escalada de violencia concretada en detenciones arbitrarias, secuestros, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes. Si algún delito cometieron en su legítimo afán de transformar la lacerante realidad, debieron ser presentados ante la justicia y sometidos a un proceso enmarcado en los derechos humanos inherentes a todo acusado.

Todo ello formó parte de un plan contrainsurgente instrumentado con el fin de exterminar opositores y mantener incólume un régimen de dominación política de carácter hegemónico. Fue la expresión material de una guerra de baja intensidad, una guerra no convencional, una guerra secreta, una “guerra sucia”; análoga a las emprendidas en el marco del “Plan Cóndor” por las sangrientas dictaduras imperantes en ese entonces en los países del Cono Sur.

Así, mientras en el añoso edificio de las calles de Donceles el Presidente, los Diputados, los Senadores, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás miembros de la alta clase política celebraban la paz perpetua y la vigencia del Estado de derecho, una embestida terrorista claramente violatoria de las normas del derecho internacional humanitario se hacía presente día tras días en los actos barbáricos que tenían lugar en las instalaciones del Campo Militar Número Uno, la Base Aérea de Pie de la Cuesta, la Dirección Federal de Seguridad, el Agrupamiento de Granaderos, la Policía Militar y la División para la Prevención e Investigación de la Delincuencia del entonces Distrito Federal.

Honrar y reivindicar a las víctimas de la guerra secreta desarrollada a lo largo de los años setentas es un imperativo categórico del que nadie está excluido. Por esta razón, el Memorial Circular de Morelia 8, ubicado en el sótano de lo que fue la sede de la Federal de Seguridad, merece el reconocimiento y el aplauso ciudadano.