Ricardo Alvarado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Mario Delgado, diputado federal por Morena, presentó una iniciativa el pasado 14 de agosto para que el organismo que anteriormente era conocido como de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se convierta en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (IPDPR).

Más que buscar una eficiencia en este tema o cumplir con la promesa de combatir la corrupción, en opinión de Ricardo Alvarado Andalón, especialista en lo relacionado con el combate a la corrupción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se trata simplemente de una medida simbólica.

“La propia reforma dice ‘consideramos que la modificación de la denominación actual de instituto de administración de bienes y activos, antes servicio de administración y enajenación de bienes por la de instituto para devolver al pueblo lo robado, tiene un valor simbólico muy relevante para la sociedad, pues implica un manifiesto expreso de la convicción que nuestro gobierno tiene respecto de la propiedad común que el pueblo debe ejercer sobre los bienes públicos y de su voluntad popular sobre todo bien arrancado a esta y devolverselo’”.

Es por lo anterior que en entrevista con Siempre¡ Nuestro entrevistado consideró que dicha medida revela una intención clara por darle prioridad a lo simbólico.

“Al entrar un segundo en este debate, lo que hay que decir es que este gobierno, este grupo político en el poder que está tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, está muy preocupado por las cuestiones simbólicas, por el lenguaje simbólico político y no tanto por el fondo y es por eso que la reforma va en ese camino”.

Devolverle al pueblo lo robado

El nombre del nuevo órgano ya se había dado a conocer en una conferencia de prensa del presidente López Obrador en mayo de este año y la iniciativa presentada por el también coordinador de los diputados federales del partido en el poder, representa la vía para hacer oficial esta denominación.

“No hay nada más que comentar sobre sobre la iniciativa, no tiene realmente mayores efectos. El lo del nombre, estando de acuerdo con el diputado Delgado, está chistoso; decía Delgado que nadie se acuerda del nombre del SAE y ahora nadie va a olvidar lo de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, pues es más memorable, pero no sé si eso es relevante para el quehacer profundo del instituto, a mi me suena que no. Y lo que creo que es más importante es la defensa de la ley de extinción de dominio”.

Alvarado Andalón se refiere a un párrafo de la iniciativa, en la exposición de motivos, en el cual se argumenta que “son falaces las opiniones que pretenden desvirtuar la viabilidad de la extinción de dominio, aduciendo violaciones al debido proceso, aún y cuando los procedimientos que desarrolla la ley dimanan directamente de la Constitución, o incluso, omitiendo señalar que lo que se busca es recuperar los bienes que resultan de la corrupción, del narcotráfico, del secuestro, de la delincuencia organizada o, en general, del robo de la propiedad pública o de la sustracción de recursos de la economía formal por actividades ilícitas con serias afectaciones sociales”.

“Eso no creo que vaya en una exposición de motivos”, consideró nuestro entrevistado para agregar que “tal vez vaya en un artículo de opinión o en una entrevista, no sé si es el mejor espacio para defender una reforma, pero nos da el pretexto para hablar de la Ley de Extinción de Dominio que tal vez es lo realmente relevante. Creo que lo preocupante es que esa parte que defiende Delgado, pues a mí no me queda del todo claro acerca de qué pasa si a mí me encuentran inocente si soy acusado de un delito de corrupción, supongamos, o de delincuencia organizada, y me quitan mi casa y luego soy encontrado inocente en el juicio penal y en el civil puede que no, además de que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado venda mi casa inmediatamente y entonces, a pesar de ser encontrado inocente, pues ya no existe mi casa y entonces lo único que queda es que el Estado me devuelva un parte de mi dinero, el dinero en el que haya sido subastada”.

El investigador de MCCI destaca que es llamativo el hecho de que se haga énfasis en este último tema y no en la propia operación del Instituto.

“Entonces esa parte como que no suena tan padre y suena muy raro que la apuesta sea por defender esa ley dentro de la exposición de motivos de otra reforma”.

Objetivo político

Una preocupación que se ha presentado en el análisis de la iniciativa que nos ocupa en esta ocasión, tiene que ver con la posibilidad de que se convierta en una herramienta para ejercer un control político de los adversarios, más que un arma en contra de la corrupción.

Ricardo Alvarado respondió a esta pregunta mencionando que “no estoy cómodo diciendo que se trata de una venganza política, no sé si el argumento dé para eso”, pero sí advirtió “como ciudadano, no como abogado, no me queda claro porque son dos juicios distintos, uno penal que busca detectar si eres o no responsable de la acción de la que eres acusado por el MP y uno civil que busca quitarte tus bienes”.

De igual forma coincidió con lo expuesto en el portal de MCCI en el sentido de que “la ley crea una máquina de dinero que permite transformar propiedades privadas en dinero del Estado, ipso facto. Este tentador mecanismo permite financiar fácilmente al gobierno con cualquier bien que un Ministerio Público (MP) apunte con el dedo, mismo que podrá ser vendido antes de terminar el juicio para que el gobierno gaste discrecionalmente en sus programas sociales y políticas prioritarias. En el caso del gobierno federal, también podrá utilizarse para repartir discrecionalmente dinero a gobiernos locales”.

Ricardo Alvarado agregó que “no sé si podemos decir que hay una venganza política, pero sí podemos asegurar con mucha confianza que existen elementos para que allá abusos discrecionales del poder”.

Sistema nacional anticorrupción

Finalmente, el investigador del MCCI explicó que en el marco del combate a la corrupción, la iniciativa que se aborda en este texto es un avance menor en este tema, en especial si lo que se presume es un cambio de nombre.

“Con el cambio de nombre no, eso no sirve para nada, es parte de la construcción de una narrativa que bien puede ser necesaria para un gobierno, es parte de la construcción de una imagen política, de una ideología si queremos hacerlo un poquito más complicado, pero está bien en principio pero no resuelve los problemas de fondo y ahí es lo que te decía, esta parte del actual grupo en el poder parecía más preocupado por esta cuestión simbólica que por tomar las decisiones necesarias para resolver los problemas de fondo y la corrupción es un gran ejemplo, no hemos avanzado en la política nacional anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción ha perdido el apoyo político del Ejecutivo, Función Pública no ha sacado una política específica, decimos que combatimos la corrupción, pero pareciera más un recurso retórico que un esfuerzo real y esta es una medida más de este esfuerzo retórico y no una solución de fondo”.

Otras consideraciones

La iniciativa para reformar diversas disposiciones de la ley y crear el IPDPR, ofrece en su exposición de motivos algunos argumentos que se han vuelto recurrentes en los discursos del presidente de la república, al incorporar palabras como “moral” o señalar como origen de todos los males al neoliberalismo.

Así, en dicha exposición se indica que “durante en gestiones gubernamentales anteriores, la gestión de los recursos abandonó el interés público y social. Por ejemplo, las enajenaciones efectuadas durante el periodo neoliberal no se realizaron bajo las mejores condiciones de oportunidad y conveniencia para el Estado, debido a que la administración y enajenación de los bienes del pueblo se realizaban bajo las políticas de amiguismo y compadrazgo. Además, el manejo y el destino de los recursos obtenidos por las enajenaciones, se realizó con opacidad y sin beneficiar al pueblo mexicano. Por estas razones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un cambio de rumbo en la administración de los bienes de la federación, que son de los mexicanos. Este cambio implica una renovación moral en la gestión, administración y destino, que asegure que los recursos obtenidos regresen a la sociedad en forma de programas, bienes y servicios públicos. Es decir, que garantice que le será devuelto al pueblo lo robado”.

@AReyesVigueras