No hay duda que uno de los temas fundamentales que transitan hacia una nueva visión del país, se radica en el combate a la corrupción.
La corrupción, sí la entendemos como “el enriquecimiento indebido de funcionarios públicos e iniciativa privada”, tenemos que aceptar la premisa de que no existiría éste cáncer sin la participación del capitalismo nacional e internacional –que finalmente son los que cobran los grandes dividendos–.
Por ello, su combate no sólo debe centrarse en funcionarios o ex-funcionarios públicos, sino en las relaciones que generan el enriquecimiento ilícito –de cientos de miles de millones de dólares–, lo que nos conduce irremediablemente a una de las sociedades más desiguales que existe en el mundo.
Hoy por hoy, es paradigmático el caso de Rosario Robles, cuya trayectoria siempre ha estado rodeada por el escándalo y por diversas circunstancias de temas que bordan en el abismo del derecho penal; pero también, habrá que reconocer que en el desempeño de sus trabajos públicos ha demostrado capacidad y eficiencia.
La “estafa maestra”, como ha llamado la prensa a la utilización de empresas fantasma, por parte de instituciones de educación superior, para cumplir contratos inexistentes financiados por la ex Secretaría de Desarrollo Social, no es un acto que sólo implique a una persona, sino a una cantidad enorme de funcionarios administrativos de las Universidades que están involucradas y de empleados públicos de distintas Secretarías.
Es muy extraña la actitud del Juez que vinculó a proceso a Rosario Robles y, a pesar de no ser obligatorio, le dicta la “prisión preventiva”. Ello, huele fuertemente a venganza y a odio, que nace de un ánimo persecutorio que tiene claros tintes políticos que, desde luego, convierte este acto –de combate a la corrupción– en una simple venganza contra una mujer, que no sabemos si en verdad está involucrada y es culpable de los actos que se le imputan.
En el fondo, es el principio que rige a muchos gobiernos de América Latina que, frente a la incapacidad de resolver los temas de inseguridad y de crecimiento económico, acuden al escenario teatral de un “supuesto combate” que suele terminar con ex-presidentes de la república en la cárcel, frente al aplauso popular generado por los más bajos y mezquinos instintitos.
¡Castigo a los culpables!, por supuesto, pero no en aras de una forma de ganar popularidad o de desviar la atención nacional de los temas fundamentales.
¡Aplicación del derecho!, por supuesto, sobre todo cuando hemos perdido el rumbo frente al crecimiento exponencial del crimen organizado y nuestro Estado de Derecho está vulnerado seriamente, desde las policías hasta las procuradurías, el sistema penitenciario y el sistema judicial. Lo menos que podemos exigir los ciudadanos, es un Estado Nacional que nos permita vivir en paz y no en la zozobra, ni en el pánico en que hoy nos encontramos.
La autonomía de la Fiscalía General de la República está a prueba, así como la independencia del Poder Judicial, los cuales constituyen elementos del equilibrio político que requiere el país y que deben reflejarse en el control del poder absoluto.
¡Cuidado con la venganza política!, por sí misma se convierte –inapelablemente– en un boomerang.