En días recientes hemos visto la emisión de reformas a leyes locales que dañan el sistema democrático de nuestro país, en este momento destacan dos: La “Ley Bonilla” y la “Ley Garrote”.
El caso de Baja California, o mejor conocido como “Ley Bonilla” es una reforma alarmante hecha en detrimento de la democracia y de la ciudadanía. Se pretende aumentar la duración del mandato del próximo gobernador de dos a cinco años.
No hay duda, es inconstitucional, violenta más de un precepto de nuestra Carta Magna, como el de certeza electoral y definitividad de los actos electorales.
Nuestra Constitución dicta que las reglas para los procesos electorales sean establecidas noventa días antes de que inicie la contienda. No obstante, la regla sobre la duración del encargo del próximo gobernador de Baja California se fijó no solo con ese tiempo de anticipación, sino desde hace más de cinco años los aspirantes tenían conocimiento de que el encargo sería para el periodo 2019-2021.
De lo más grave de la reforma, está el aval otorgado por el Congreso local y de tres de los cinco municipios de esta entidad, a los cuales de un momento a otro les surgió la idea de ampliar el plazo del próximo gobernador.
Es necesario reconocer que hubo una ilegalidad en Baja California, que hubo una irresponsabilidad y que, por supuesto, hay un tufo de corrupción que se tiene que investigar. Es algo que no podemos permitir, ya que si se permite en Baja California, con posterioridad puede suceder en cualquier parte del país.
Es importante hacer hincapié en que la declaración de validez de la reforma se hizo en lo oscurito, en una sede alterna, a puerta cerrada y con una convocatoria, evidentemente fuera de la ley.
El caso de Tabasco o mejor conocido como “Ley garrote” es igualmente preocupante, ya que pretende criminalizar el derecho a la manifestación reconocido en nuestra Carta Magna, castigando con pena de prisión o multas a quien decida protestar en la vía pública, eso sólo existe en regímenes autoritarios.
Habría que recordarle a la mayoría de MORENA lo que claramente refleja el artículo sexto constitucional: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa […]” .
Aunado a lo anterior, es importante recordarle a MORENA que la “Ley Garrote” es incluso anti natura hacía su líder, pues el presidente López Obrador organizó protestas en dicha entidad durante múltiples ocasiones, por lo que de haber existido aquella normativa le habría costado decenas de años en la cárcel.
Sin importar la ideología, se debe trabajar siempre por el bien común. Prolongar un mandato o criminalizar el derecho a manifestarse atenta totalmente contra un Estado democrático ¡No lo podemos permitir!