En el mare magnum de la inseguridad que nos  tiene en vigilia, la criminalidad exacerbada, la impunidad rampante y los escándalos asociados a la corrupción  –un horizonte inquietante, ¿no es verdad?–  hay advertencias llamativas. Una de ellas figura en el título de este artículo.

“Lo mío no es la venganza”. No sería necesario que un estadista se alejara tan explícitamente de la venganza para aproximarse a la justicia. Pero no sobra que un gobernante, en los tiempos que corren –es decir, aquí y ahora–, utilice esa expresión tranquilizadora. Es así como el hombre que administra el poder conferido por la mayoría de los electores –mayoría que disminuye, pero aún holgada, suficiente–  confiesa su preferencia y su intención a propósito de una de los temas de mayor delicadeza y gravedad en el ejercicio de ese poder. No se pretende la venganza, pues. En cambio, ¿se promete justicia? ¿Justicia como lo previene la ley? Así es, implícitamente. Ya lo sabremos.

Por lo pronto, veamos hacia atrás  –que es el paisaje favorito de quien administra el poder–, donde se fraguó el proceso electoral de 2018. En el curso de una campaña para cosechar la voluntad de la mayoría, el candidato formuló declaraciones sorprendentes. Entre ellas, perdonar sin olvidar; en otras palabras, ver solo hacia adelante y actuar en consecuencia. Pero esto no satisfizo a los electores en ciernes, que a mano alzada o a voz en cuello, no atinaron a comprender –y nunca se explicó– el alcance, el fundamento y los efectos de esa suerte de amnistía proclamada en el discurso electoral.

Al cabo del tiempo, muy poco, el discurso varió. Hoy nadie habla de amnistía. Pero no se cargó el acento donde había que ponerlo, con énfasis platónico: en la ley, no en la mera voluntad. Bien que se prometa desechar el rencor y la pasión, pero mejor que se asegure la serena y puntual aplicación de la ley, sin ocurrencia ni memorándum que la condicionen o mediaticen. Y además, sin convertir la justicia en espectáculo, que la devolvería a los antiguos años de Roma, cuando hervía el Coliseo.

En esta reflexión no podemos olvidar, por supuesto, los vientos que soplaron sobre el proceso de 2018, ni el ánimo encrespado de los ciudadanos que fueron a las urnas. Generalmente, las elecciones se ganan o se pierden desde los gobiernos –regímenes, sistemas, corrientes políticas–  que serán confirmados o relevados. De aquéllos depende lo que se deposite en las urnas, abiertas y promisorias. Y en ellas, abiertas en 2018, se depositó la ira y el repudio  de los electores. Los votantes expresaron su cólera y su hartazgo y exigieron un cambio inmediato y profundo.

Esa ira, esa frustración, ese rechazo, definieron el rumbo de la elección y siguen alimentando, en buena medida, la popularidad de un gobierno que colmó el horizonte de promesas. Por lo pronto, no ha importado la irracionalidad de algunos ofrecimientos, la imposibilidad de cumplir otros y la carencia de certeza y destino del gran conjunto que integra lo que podríamos llamar, con infinita benevolencia, el plan de gobierno. Así están las cosas, a no ser que alguien tenga “otros datos” que promuevan optimismo.

El conductor de la nave, asediado por muchas corrientes  –un asedio que pudiera resultar costoso– ha reiterado algunas veces que lo suyo no es la venganza. Enhorabuena, ya lo dije, aunque quizás habría motivos para que anidara en su ánimo un proyecto de desquite, si se recuerda que fue víctima de un atropello que pudo costarle algo más que  un  descalabro político. Me refiero al procedimiento de desafuero –torpe e improcedente– que se le impuso cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal y que finalmente se desvaneció con la misma torpeza con que había comenzado.

Quiero creer  –la fe también es producto de la voluntad–  que el gobernante no abriga un proyecto personal de venganza. Pero hemos visto que esta actitud no es plenamente compartida por todos sus acompañantes y feligreses. Muchos de éstos  –conste que no digo todos–, cada uno con su parcela de poder y su dotación de rencor, transitan con otra intención. Sobran los botones de muestra, que han sido públicos y explícitos. ¿Cómo olvidar la sintomática expresión de un aspirante –finalmente exitoso– a titular de una prestigiada institución encargada de difundir la cultura, nada menos?

Nadie ignora la infinidad de abusos perpetrados por quienes abonaron la derrota electoral de 2018. Nos condujeron al punto en que nos encontramos, que resultó inevitable incluso para ciudadanos competentes que hicieron lo que estuvo en sus manos para alcanzar otros resultados. El candidato de la mayoría se refirió con vehemencia e insistencia –que han amainado ligeramente– a lo que bautizó con el expresivo nombre de “mafia del poder”. Y no le faltaba razón. Mejor dicho: le sobraba razón. Esa mafia acumuló autoridad y riqueza, hizo sus negocios con el patrimonio de la nación y cabalgó durante mucho tiempo a lomos del pueblo agraviado.

En consecuencia, existe mucha tela de donde cortar. Pero si acaso se cortara, habría que hacerlo con la tijera de la ley. No ignoro que ésta es modelable y que empieza a serlo, sin mucho miramiento, bajo impulsos que no siempre guardan la mejor dirección. Aun así, la ley marca el único camino a seguir si queremos merecer  –¡y vaya que lo queremos!–   el título que tan a menudo ostentamos: Estado de Derecho. Se entiende que un gobernante no siempre es un “hombre de leyes”, un profesional del Derecho. Puede tener otra formación. Pero no se entendería que prescindiese de la ley en el desempeño del gobierno. Si a éste llegó con la ley en la mano, debe mantenerla con firmeza y hondo compromiso.

Digo lo que estoy diciendo porque durante la campaña electoral, después de ésta y ahora mismo ha surgido la tentación  –que con frecuencia prevalece–  de actuar fuera del cauce de la ley. En un delirante asambleísmo (aunque se trate de muy reducidas asambleas, a las que concurren ciudadanos sin la menor información sobre los temas que se les presentarán) se han adoptado decisiones desconcertantes. Algunas de ellas, que no son tema de este artículo, han gravitado muy negativamente y siguen pesando sobre el rumbo económico del país.

Sin perjuicio de la alarma que provocan esas consultas y las decisiones que de ahí derivan, la preocupación y el daño serían mucho mayores si el capricho o la pasión relevaran a la ley en asuntos relacionados con la justicia. Hay motivos para suponer que eso no ocurrirá, y entre esos motivos figuran la autonomía del Ministerio Público, la dignidad de la magistratura y la enfática afirmación que encabeza este artículo: “Lo mío no es la venganza”. Agregare una lección juarista, ahora en boga: nada por encima de la ley y nadie exento de su cumplimiento. Obviamente, nada quiere decir nada, y nadie quiere decir nadie.

Pero también se han colado en la experiencia de estos meses otros motivos que encienden la alarma. En un primer momento se habló de someter a consulta pública la impunidad de los hechos del pasado. Lamentable propuesta, que elude la serena aplicación de la ley. Y más tarde su sugirió la posibilidad de llevar adelante la persecución de algunos actores del pretérito reciente. No menos lamentable sugerencia, por la misma razón: excluye el imperio de la ley, aunque halague la pasión de numerosos compatriotas, hartos de la mafia del poder. Semejante procedimiento “justiciero” traería a nuestro tiempo la barbarie del circo romano, donde la muchedumbre resolvía sobre la vida y la muerte, o lo hacía, con un movimiento del pulgar, el propio emperador.