Por Ernesto Rubio del Cueto
Después de un amplísimo debate con los factores de la Producción y de la sociedad en general, en 1983 el Artículo 25 Constitucional se modifica para señalar con toda claridad que el Estado Mexicano, tiene la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, pero reconoce que el desarrollo nacional es una tarea en la que deben concurrir, con responsabilidad social, los sectores público, social y privado.
De este modo, el pacto que se materializa en nuestra Constitución Política ha reconocido históricamente la importancia que desempeña el Sector Privado en la Planeación Democrática del Desarrollo. Esta contribución destacada del sector privado en el desarrollo nacional refrenda el compromiso de participar de manera responsable e informada.
Aunque el mandato constitucional sobre la rectoría del desarrollo nacional se ha mantenido, las ideas tradicionales sobre los fines y funciones del Estado se han transformado paulatinamente. En este sentido, la importancia de un conjunto de atribuciones y herramientas de política pública que conforman lo que conocemos hoy como “política económica” se ha incrementado. Actualmente, la política económica es, sin lugar a dudas, una de las funciones más relevantes de los Estados contemporáneos y México tiene una posición digna en el mundo globalizado.
Expuesto a lo anterior, cabe poner de manifiesto si nuestro orden jurídico actual está de acuerdo con el sistema económico de nuestro país, particularmente en lo que se refiere a utilizar a la planeación como un instrumento de la Administración Pública, capaz de dirigir el desarrollo económico y social de acuerdo con los objetivos nacionales para que se diseñe una estrategia encaminada a ordenar las actividades de todos los sectores, conforme a nuestra filosofía democrática y capaz de responder a los nuevos retos de nuestra sociedad.
Con la realidad expuesta desde 1983, ósea desde hace 36 años, los seis gobiernos anteriores han dado cumplimiento e impulsado la Planeación Democrática Concertada e Inducida con el Sector Privado y obligatoria para el Estado para lograr los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo e implementar con los principios acordados la negociación e incorporación de los Planes Sectoriales Federales para un Desarrollo Económico, Político y Social que han propiciado la modernización del País reconocido en el Mundo.
Ahora bien, como la realidad actual parece ser incongruente y preocupante ya que al haberse aprobado el PND el 21 de junio por el Congreso de la Unión, ha habido pronunciamientos delicados hechos por la Presidencia de la República, como resultado de la renuncia del Secretario de Hacienda, Dr. Carlos Urzúa señalando “… que no se podía aceptar su documento sobre el PND porque este es el reflejo de una política neoliberal promovida por Empresarios Globalizadores…”
En especial por los Artículos publicados recientemente por un prestigiado diario de amplia circulación, al regresar Carlos Urzúa como articulista, señala: Primero.- que él cumplió con la Constitución y con la Ley de Planeación en su responsabilidad de hacer más de siete decenas de foros de consulta ciudadana y más de ocho decenas de mesas sectoriales con especialistas y dos meses utilizando el internet y Segundo.- Que habiendo cumplido plenamente con la Constitución y la Ley de Planeación afirma por último que lamentablemente el Plan que se aprobó enviado por la Presidencia el 30 de abril no es de manera alguna democrático porque no fue Concertado, ni hubo la debida deliberación y este recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad.
Y al finalizar en forma contundente señala en sus artículos el Maestro Urzúa, que este gobierno junto con las unidades Federativas, tienen ahora hasta seis meses para impulsar los Programas Sectoriales, Instituciones, Regionales y Especiales emanados del Plan que, por su origen, es violatorio de los artículos 25 y 26 Constitucionales e insiste que no cumple con la Planeación Democrática.
Asimismo, este grave problema deja sin materia al Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión y el Crecimiento Económico creado el 17 de mayo y que sustituye al Consejo Consultivo Empresarial.
La pregunta apreciable lector, es: ¿Si en este Gobierno se terminó la Planeación Democrática y si el Desarrollo Económico emanará en forma unilateral del Poder Ejecutivo?
Por esto extraña que los organismos Cúpula Empresariales, de la Academia y de la Sociedad no hayan expresado su opinión sobre el particular.
NOTA: Artículo basado en el Libro o Ensayo publicado por esta Casa Editorial en el mes de marzo bajo el título de “Función del Estado y del Sector Productivo” de acuerdo a los artículos 25 y 26t de la Constitución y respaldado por 5 Instituciones Académicas y Empresariales.