El jurista europeo Peter Haberle sostiene en su libro “Verdad y Estado Constitucional” que el Estado Constitucional de Derecho es el resultado de un proceso cultural que tiene como luz orientadora la consecución de la verdad, y que la buena relación que sostengan los gobiernos con dicho  valor supremo  es la garantía objetiva del imperio de la justicia y la prevalencia del paradigma de la sociedad democrática.

Además de una categoría política, la verdad es  también un derecho humano acogido por las Naciones Unidas en el “Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad”, donde se indica: “Las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados y las circunstancias que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguarda fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Ambas nociones constituyen el gran marco de referencia en el que se inscribe la  importante declaración hecha hace unos días por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, en torno a la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014: “Hay que decirlo con toda claridad: la mal llamada “verdad histórica” se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.

De acuerdo a ese pronunciamiento, con el deliberado propósito de “darle carpetazo” al caso e imponer tal determinación a los dolientes padres de los estudiantes, destacados personeros de la pasada administración maquinaron una puesta en escena sustentada en un conjunto de mentiras viles. Ello implicó un brutal ataque a las vigas maestras del Estado Constitucional de Derecho, una violación flagrante al derecho humano a la verdad y el surgimiento de una responsabilidad internacional a cargo del Estado mexicano.

Los autores intelectuales y materiales de ese indigno y corrupto entramado gubernamental seguramente procedieron de esa forma, a sabiendas de su evidente ilicitud, porque se sentían cobijados por el gran paraguas de la impunidad prevaleciente en ese nefando período de la historia nacional. Asimismo, tenían el aliciente del agotamiento de la llamada “curva de aprendizaje” pues los montajes oficiales destinados al ocultamiento de la verdad han sido una práctica usual a lo largo del tiempo.

El ejemplo más evidente de esa grave irregularidad fue la maniobra urdida por el régimen de Gustavo Díaz Ordaz al difundir masivamente la mentira de que el heroico Movimiento Estudiantil era parte de una conjura acordada en Checoslovaquia y Cuba, y que ésta había sido ideada con el fin de derrocar al gobierno e instaurar la dictadura del proletariado.

En tiempos más próximos la construcción de “mentiras históricas” se ha hecho presente bajo modalidades definitivamente aberrantes. De esto dan cuenta y razón, entre otros muchos más, los casos que a continuación se enuncian: I) la recreación televisiva de la supuesta detención en el rancho “Las Chinitas” de Florence Cassez y su novio Israel Vallarta,  II) la colocación de armas de alto poder sobre los cuerpos de Javier Arredondo y Jorge Mercado, dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey que fueron arteramente ejecutados por militares, y la rendición de un parte haciéndolos aparecer como sicarios al servicio del crimen organizado, III) la falaz imputación de que fueron objeto varios maestros miembros de la CNTE en el sentido de que habían perpetrado el secuestro de una sobrina del empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, IV) el injusto encarcelamiento de más de 16 años de seis indígenas originarios de San Pedro Tlanixco, Estado de México, por un crimen que no cometieron.

Es imperioso erradicar la inadmisible patología de los montajes oficiales. El conmovedor caso de los alumnos de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” puede ser la punta de lanza de ese necesario ejercicio de saneamiento ético, político y jurídico. Para ello, tal y como fue señalado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al término de su visita a México, es preciso dejar atrás la “verdad histórica” y asumir una nueva narrativa. Empero, igualmente es menester llevar ante la justicia a quienes fraguaron e instrumentaron la abominable canallada.