En la entrega anterior dimos cuenta del histórico encuentro de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores con el Presidente y la Fiscal de la Corte Penal Internacional, el cual fue coronado con la develación de la escultura “Alas de México-CPI” del artista Jorge Marín. En el acto, la funcionaria mexicana hizo patente la voluntad de estrechar lazos de cooperación y recibir a una misión oficial del Tribunal cuando así le sea requerido.
La visita no fue un mero acto protocolario inserto en las mejores prácticas de la diplomacia internacional. Se trató, a no dudar, de una muestra contundente de la voluntad política del gobierno de la Cuarta Transformación de abrirse al escrutinio de ese importante organismo supranacional.
Con dicha acción se propició el quiebre estratégico de la línea de franca resistencia adoptada por las pasadas administraciones y evidenciada a través de las siguientes circunstancias: I) pese a haber aplaudido la creación de la Corte en el seno de la Conferencia Diplomática de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Roma en julio de 1998, no fue sino hasta el 1º de enero del 2006, esto es, casi ocho años después, cuando finalmente el país asumió la calidad jurídica de parte adherente del Estatuto de Roma y miembro formal del tribunal encargado de la investigación, persecución y sanción de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto; II) por virtud de una reforma al artículo 21 constitucional, se estableció que el reconocimiento de la jurisdicción de dicho organismo no será generalizado, sino que se hará caso por caso, siempre y cuando así lo decida el Ejecutivo Federal con la aprobación del Senado; III) enormes e infructuosos esfuerzos a fin de lograr el desechamiento de las denuncias que obran en poder de la Fiscal Fatou Bensouda, fueron desplegados por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
En congruencia con esa plausible postura gubernamental, además de la inaplazable modificación del precepto constitucional en cita para que el reconocimiento de la jurisdicción criminal internacional sea pleno e incondicional, por lo pronto resulta obligado solicitar a la Fiscal que se pronuncie sobre la admisibilidad de las denuncias presentadas en relación a gravísimas violaciones a los derechos humanos que podrían ser constitutivas de crímenes internacionales. Tres de ellas destacan por su importancia manifiesta.
La primera fue instaurada por más de 20 mil académicos y activistas encabezados por el investigador de la UNAM John Ackerman, quienes señalaron como responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al entonces Presidente Felipe Calderón, a su Secretario de la Defensa Nacional, a su Secretario de Marina y al “Chapo” Guzmán.
La segunda fue interpuesta por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Se refiere a los terribles sucesos acaecidos en el penal de Allende, Coahuila, cuyas mazmorras eran utilizadas por miembros de la delincuencia organizada, con la total complacencia de las autoridades locales, para llevar a cabo torturas y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes.
La tercera fue promovida por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Versa sobre las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas en los años 2006 y 2007. Figuran como acusados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el exgobernador Ulises Ruíz.
La apertura a la justicia penal internacional es una variable estratégica de la lucha contra la impunidad y en pro de la verdad y la justicia para las víctimas. Por ello merece el total apoyo ciudadano.