Entrevista a Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador de la PGR

 

El 26 de septiembre se cumple un aniversario más de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Luego de una investigación de dos administraciones federales, el caso está lejos de resolverse y como muestra de la manera en que se realizaron las pesquisas 73 presuntos responsables han sido liberados por violaciones al debido proceso.

En opinión de Jorge Lara Rivera, abogado que cuenta con experiencia en el área de procuración de justicia al haber sido subprocurador de procesos de la PGR, además de las críticas por la manera en que se integraron las carpetas de investigación en el pasado sexenio, se debe hacer notar que la actual Fiscalía no tuvo el cuidado de corregir estos errores y aportar más pruebas para evitar la liberación de los presuntos responsables.

“La mayoría estaba presa por delincuencia organizada, entre otras acusaciones, por lo que se podría demostrar su participación en otros delitos para mantenerlos presos”, aseguró a Siempre!

De igual manera, consideró como un error de los anteriores titulares de la PGR, en especial de Jesús Murillo Karam, que la investigación de los hechos en Iguala se hubiera realizado por medio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pues apuntó hacia “la necesidad de esclarecer quien tomó la decisión de que fuese la Agencia de Investigación Criminal la encargada y no la Policía Federal, ahí radica el meollo del asunto pues es sabido que la AIC es lo que quedaba de los AFI y que ya no tenía capacidades de investigación, la robustez investigativa, científica incluso, estaba en Policía Federal. Es uno de los temas que hay que dilucidar y deslindar, para conocer por medio de las bitácoras y minutarios cuales fueron las instrucciones que dio el presidente Peña Nieto, porque en ese tiempo la PGR no era autónoma y el procurador seguía las instrucciones del presidente”.

 

Debido proceso

“La razón de estas liberaciones ha sido la supuesta producción de elementos probatorios con vulneración al debido proceso, es decir, si hay acciones de la parte investigadora que violen garantías individuales o derechos humanos, se van a anular. En el caso hay alegatos y denuncias de tortura, lo cual implica la necesidad de expeler las pruebas del proceso”

Jorge Lara evaluó para este medio lo que está sucediendo actualmente, en especial la liberación de quienes habían sido señalados como responsables de los desaparición de los normalistas.

“Las autoridades actuales tanto de la Fiscalía como del gobierno, no tomaron las medidas de cuidado y de diligencia para prever este desenlace, pues muchos de los que estaban siendo procesos, como el Gil y otros más, son miembros del crimen organizado y con altas posibilidades de que si se hubiesen investigado otros hechos atribuidos a ellos, hubiesen obtenido el beneficio de libertad, pero serían retenidos por otros delitos”.

De igual manera, apuntó que en este caso se pueden apreciar errores de dos gobiernos.

“El gobierno, este gobierno, no tomó las providencias para hacer la prospectiva de este asunto. Cuando tomó las riendas, tuvo que hacer una evaluación del estado que guardaba el proceso, hacer una prospectiva y reforzar el material probatorio, sobre todo porque ya se habían tenido varios casos en los que por la vulneración del debido proceso se habían eliminado pruebas, esto deja a los jueces sin argumentos para retener a los presuntos responsables.

“El problema es que la administración saliente cometió errores y no solo eso, sino presuntos delitos como torturas o diligencias sin valor judicial, pero insisto, era obligación de este gobierno el haber contemplado actos para inhibir estas escapatorias, pues la acusación de delincuencia organizada implica que han realizado otro tipo de delitos que lesionan a la sociedad y con carpetas medianamente bien armadas se les habría podido imputar otros delitos y tenerlos en retención para esclarecer todos los hechos. Lo que está haciendo el gobierno actual es, como decimos en términos vulgares, echar la pelota al Poder Judicial que lo único que está haciendo es cumplir con los estándares del debido proceso, porque si no lo hacen podrían enfrentar responsabilidades, pero no hay que olvidar nunca que la responsabilidad es de la parte acusadora y la parte acusadora ha sido el gobierno; no hay que pasar por alto que el arranque de la Fiscalía fue lento, que incluso estuvo a cargo de muchos servidores públicos de la anterior PGR y por estas razones se pudo haber incurrido en estos errores y omisiones”.

 

¿Habrá justicia?

Una pregunta que muchos se hacen es si este caso se podrá esclarecer y si habrá justicia. Jorge Lara respondió a pregunta expresa acerca de qué haría si fuera uno de los responsables de la investigación lo siguiente:

“Habrá que revisar el estatus de cada uno de los expedientes, para ver si hay causas pendientes de imputar y recurrir hasta las últimas consecuencias las determinaciones de los jueces de amparo para por la vía judicial dar la batalla, pero sin declinar las investigaciones contextuales para generar los hechos y aclararlos. La consideración política es que este gobierno llegó con una teoría de responsabilidad de las fuerzas armadas y del Estado, y ahora está atrapado en un predicamento de que no es así de sencillo y hay que enfrentarse a los hechos y esclarecerlos con todas las herramientas que se tengan”.

Además, consideró necesario que se retomen las investigaciones del caso, y puso sobre la mesa la opción de que sea la Guardia Nacional la que termine la investigación y no la Agencia de Investigación Criminal.

“Uno de los primeros errores de Jesús Murillo Karam fue permitir que los Agencia y no la Policía Federal tomara las investigaciones. A lo mejor se requiere de un nuevo ímpetu investigativo y revisar todas las actuaciones.

“Hay que ver qué hechos quedan por esclarecer y que pruebas quedan por recabar. Ver de las pruebas actuales, que estén latentes en los expedientes, cuales no están viciadas o no son anulables por violaciones al debido proceso, sobre todo por tortura. Actuar de buena fe y honestamente para ver si es posible llegar al esclarecimiento de los hechos, vemos que otros casos quedan sin posibilidad de ser resueltos, como el involucramiento de Florence Cassez en una banda de secuestradores, pues la famosa sentencia del amparo directo en revisión, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que decretó el efecto corruptor de diversas diligencias hechas por parte de las autoridades, dejó el asunto sin posibilidad de esclarecimiento y por el principio de presunción de inocencia Florence Cassez salió libre. Si no hay capacidad de investigación con una nueva mirada, habilitando a los mejores investigadores de la Guardia Nacional que vienen de la Policía Federal, no se logrará algo”.

Ayotzinapa II

En el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se señalan las deficiencias en cuanto a los métodos de investigación se refiere.

“Las búsquedas de los desaparecidos no incorporaron importantes medios tecnológicos que hubiesen facilitado las diferentes diligencias y posiblemente hubiesen permitido obtener resultados de mayor fiabilidad y confianza. Desde que inició su trabajo, el GIEI recomendó utilizar la tecnología láser LIDAR para identificar perturbaciones en el terreno y ubicar eventuales fosas con restos óseos y también sugirió tener una serie más amplia y de mejor calidad de imágenes satelitales de los diferentes lugares y épocas vinculados con los hechos de la investigación”.

De igual manera, apunta que “el GIEI observó una deficiente capacidad analítica de las pruebas practicadas por la PGR. Por ejemplo, una buena parte de la investigación llevada a cabo por el GIEI en la primera parte de su mandato estuvo basada en diligencias y pruebas que habían sido ya recogidas, pero no se habían contrastado ni analizado. Parece que existe un mayor interés en la realización de las pruebas que en su posterior valoración”.

 

@AReyesVigueras