Santiago Nieto Castillo, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que se investiga a 149 empresas que emiten facturas falsas, lo que permite eludir impuestos y constituye un fraude al fisco, esto es, a la nación.
El mismo funcionario informó que también se investigan transferencias por tres mil millones de pesos desde el Consejo Mexicano de promoción Turística, lo que se está trabajando con la Secretaría de Turismo, y de acuerdo con la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al parecer también son sujetos investigados los clubes deportivos y sus dirigentes, lo que se basa en la presunción de lavado de dinero, a lo que bien podrían agregar los moches que reciben esos dirigentes por cada transferencia de un jugador.
Igualmente, los movimientos bancarios, depósitos y retiros no muy claros están siendo analizados pues hay más de un centenar de denuncias sobre esas operaciones. Resulta sospechosa una suma de retiros por 179 mil millones de pesos y un conjunto de depósitos que alcanza más de 140 mil millones.
Perseguir a los evasores es en beneficio de la nación y resulta plausible, pero en los meses que llevamos de este sexenio ya son varios los anuncios de reales o presuntos fraudes fiscales, sin que hasta la fecha sepamos cuáles son las empresas que expiden las facturas falsas y mucho menos se dice quiénes las reciben para eludir impuestos ni vemos que los responsable sean encarcelados.
Nieto Castillo celebró que el Senado de la República haya aprobado una ley contra las factureras, la que ahora se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. “La intención –dijo Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación—es mandarles el mensaje de que se acabó la fiesta”, pues se busca “combatir a las cabezas criminales”. Pues sí, pero…
La compraventa de facturas no es un delito cualquier ni requiere tipificación por separado. Ya existe legislación para perseguirlo y castigarlo. Se trata, ni más ni menos, que de fraude maquinado, el que conlleva necesariamente cárcel, pero la elaboración de otras disposiciones jurídicas parece encaminada a quitarle filo a la legislación actual, como lo indica la propuesta del diputado Ricardo Monreal, quien pide que sólo se persiga ese delito cuando supere los seis millones de pesos, pero lo cierto es que en el caso de las facturas falsas, ninguna empresa está nada más un poquito embarazada. Lo procedente es que se aplique la ley, sin distingos. Nada más.