El 5 de junio se cumplieron diez años del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron calcinados 49 niños y un centenar resultó con graves quemaduras. Los padres de esas criaturas han peregrinado durante una década en busca no de justicia, que no puede haberla porque el daño es irreparable, sino de castigo para los responsables, los de hasta arriba.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea presentó un proyecto de sentencia que fue rechazado por la mayoría de sus colegas. La ponencia establecía que la negligencia de “altos servidores públicos” de los tres niveles de gobierno los hacía responsables de homicidio múltiple y lesiones en diversos grados.

El voto contra el proyecto se explica porque, entre otras razones, de ese modo se protegía a la beneficiaria de la subrogación, una prima de la antes llamada “primera dama”, y se encubría a los funcionarios que no supieron cumplir con deberes elementales, pues no se preocuparon por el inmenso riesgo que corrían los menores por  las deficientes instalaciones de guardería como por el descuido con que se operaba material inflamable en una bodega aledaña operada por el gobierno de Eduardo Bours.

En la cadena de incumplimientos, complicidades y canalladas ocupan un lugar destacado los funcionarios que extendieron el permiso de operación a esa guardería subrogada por el IMSS, los que no vigilaron que se ajustara a la reglamentación y, en suma, aquellos a los que importó poco la seguridad de los niños. Ningún alto funcionario fue llevado a juicio y, lejos de eso, el Congreso de la Unión le quitó a la Corte facultades para investigar, todo para echarle tierra al asunto.

Por fortuna, ahora se ha reabierto el caso y el Seguro Social ratificó ya la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, denuncia que se ampliará en los próximos días, según informó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien adelantó que serán indagados los 14 funcionarios que menciona el documento del ministro Zaldívar.

Robledo agregó que se revisara “la licitación desordenada de guarderías subrogadas a particulares” (la mayoría de las mil 200 que tiene el Instituto). Los padres de los niños victimados hace diez años exigen que el gobierno asuma íntegramente la operación de las guarderías con instalaciones adecuadas, personal capacitado en protección civil y todo lo necesario para brindar seguridad a los menores. ¿Será posible?