Involucrar a la ciudadanía en actividades que transformen su entorno y en asuntos de gobierno es uno de los temas aún pendientes en las sociedades democráticas de la mayoría de los países emergentes. En especial en las grandes ciudades, la apatía ciudadana, por desgracia, predomina, fenómeno que ha quedado de manifiesto en varios estudios realizados por investigadores especializados en la materia, de los que algunos de ellos hemos dado cuenta en este mismo espacio.

En la Ciudad de México, desde 1995 se ha impulsado de manera formal la participación de la sociedad en asuntos que le competen de manera directa. Hace 25 años se propusieron los Consejos Ciudadanos con el objetivo de fomentar la inclusión vecinal en los programas de gobierno y comunitarios de las entonces delegaciones políticas, por medio de la supervisión y evaluación, sin embargo la intención de las autoridades locales se topaba con el desinterés generalizado.

Con el paso de los años, la posibilidad de que los capitalinos pudieran plantear acciones específicas se fue modificando hasta llegar a una ley de participación que permitiera a los habitantes de las ahora alcaldías proponer y votar proyectos de mejora comunitaria, de sustentabilidad y obtener recursos para realizarlos. Pero aún se presentaban reticencias vecinales para compenetrarse en asuntos de sus colonias y barrios.

En este sentido, cabe mencionar que en la segunda semana de agosto, esta normatividad se modificó para dar paso a una nueva Ley de Participación Ciudadana. Fue un debate en el Congreso de la Ciudad de México muy intenso, donde se escucharon las voces de la mayoría de las representaciones partidistas que integran este recinto legislativo.

Entre las reformas más significativas que contempla la nueva normativa resalta el incremento paulatino de 3 a 4 por ciento al Presupuesto Participativo para que sean las alcaldías las que destinen el recurso de sus propias arcas hacia los Comités Ciudadanos, que ahora se llamarán Comités de Participación Ciudadana, además de que se respeta el derecho al sufragio directo de los vecinos a votar y ser votados para elegir a los integrantes de estos comités. Y será el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el que dé certidumbre a los procesos de votación.

Otro cambio fundamental que se adiciona a la nueva Ley de Participación Ciudadana se refiere a que el 50 por ciento del presupuesto participativo (del 3.5 por ciento que eroguen las alcaldías a las Comisiones  de Participación Ciudadana)  se destine igualmente a colonias, pueblos y barrios con base en los índices de pobreza, incidencia delictiva, condiciones de los pueblos originarios y rurales, así como por el número de su población fija y flotante.

Con esta nueva ley esperamos que paso a paso se involucre la ciudadanía en los temas de toma de decisiones sobre su comunidad. Por el lado de la sustentabilidad, ecología y cuidado del medio ambiente urge este paso de la sociedad en su conjunto y que sea más notoria la opinión poblacional para que se concreten propuestas inclusivas para el mejoramiento del hábitat urbano.

El poder ciudadano representa un eslabón fundamental en la cadena de decisiones democráticas para los gobiernos. Todo cambio debe ser para mejorar y esta nueva ley abre esa posibilidad.

 

Secretario General del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México.