La reforma al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obligaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a acudir ante el Congreso a presentar los llamados “informes de gobierno”, se modificó el 15 de agosto de 2008, con motivo de que en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la fracción de la izquierda –básicamente PRD– consideraba espurio al presidente Felipe Calderón, mientras que la fracción panista no quería que la figura presidencial fuese cuestionada en el Pleno de la Cámara.

Por ello, decidieron ambas fracciones, modificar la Constitución y, a cambio de ello, agregaron una figura que ha sido ineficiente y que se refiere las preguntas parlamentarias que, por escrito, el Congreso le haga al Ejecutivo.

También, a solicitud de quien esto escribe, se obligó a los Secretarios de Estado a que comparecieran para tratar asuntos del informe, bajo protesta de decir verdad, y si no lo hicieran pudiese haber una acción jurídica en su contra.

A partir de ahí, los informes se convirtieron en actos que nada tienen que ver con la Constitución general de la república y que sólo son formas de comunicación del presidente en turno, antes o después, de enviar su informe al Congreso. Así fue con Felipe Calderón, con Enrique Peña y, hoy, el presidente López Obrador perdió la oportunidad de retomar la presencia del presidente en el Congreso y darle un vuelco a esa reforma que aprobamos por las condiciones políticas que prevalecían en ese momento.

El uso de la banda presidencial está previsto para el informe formal, no para la fiesta particular, por lo que no viola ninguna reglamentación el presidente en su discurso unipersonal, que no fue otra cosa que repetir los mantras que le han dado popularidad a su gobierno y que lo han convertido en un personaje con una enorme aceptación.

Medias verdades, falta de conceptos concretos, lenguaje llano y atractivo y, sobre todo, posicionarse por encima de las relaciones políticas, de la Ley y de la propia Constitución. El presidente se proclama como un líder moral y como arbitro de lo que significa la justicia y, por lo tanto, la aplicación del derecho.

Para explicar los errores o aciertos estarán las Cámaras del Congreso, los Secretariso de Estado, como en el caso del desabasto de medicinas que se atribuye a su Secretario de Salud; a las terribles matanzas en Veracruz, donde se menciona como responsable al “presuntamente destituido” Fiscal del estado, Jorge Winckler, por cierto, mal visto e ignorado por el gobernador y por el presidente de la república.

Los problemas políticos de las Cámaras, se va a resolver por encima de los “vulgares ambiciosos” a quienes el presidente los mandó al carajo, y además ha señalado “allá ellos que se las entiendan y que lo arreglen”.

El presidente: su lenguaje, su popularidad y su autoridad moral, están por encima de todo y de todos.

Por eso, es inútil la critica a su actitud o a su lenguaje, porque él se ha situado en una plataforma de invulnerabilidad y de creciente comunicación con las bases populares.

¿Para qué cambiar de estrategia?, si así va viento en popa, en sus objetivos de control absoluto y centralización del poder.