La estructura federal de nuestra nación en el fondo siempre ha sido muy discutida, pues, muchos piensan que el centralismo está en nuestro ADN histórico; por eso, los señores gobernadores de los Estados han jugado diferentes papeles en el desarrollo de nuestra política. Algunas veces han sido simples empleados del titular del Poder Ejecutivo, en otros casos Virreyes; pero la estructura de la política federal siempre ha sido controvertida por las ideas del Ejecutivo en turno.

Así, en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una tendencia de, por una parte, centralizar funciones y, por la otra, darles un enorme juego económico, pues, recordemos que Peña Nieto llegó a la presidencia gracias a los gobernadores priístas, quienes aportaron los fondos para su campaña electoral, a costos graves para el destino de ese gobierno.

Actualmente sobresalen por su estulticia, soberbia, incapacidad y mezquindad, dos de los gobernadores morenistas: uno, Miguel Barbosa del Estado de Puebla, que ha demostrado una absoluta carencia de sentido humano, al ofender innecesariamente a la ex gobernadora Martha Erika Alonso y a su esposo el ex senador y también ex gobernador Rafael Moreno Valle, quienes merecen nuestro respeto como seres humanos; cosa que olvidó Barbosa y que aumentó su error frente al Punto de Acuerdo del Senado de la República que le solicitó ofreciera una disculpa pública; sin embargo, en su infinita soberbia Barbosa dijo que “esperaran sentados y que su dicho correspondía a la cultura popular”.

El otro caso es peor, pues agrega a la mezquindad y a la estupidez, la violación a la Constitución federal, al Sistema Político y a la Ley Electoral, pues el artículo 105 de nuestra Carta Magna señala que “las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales” y, por otra parte, se viola el principio de certeza que es fundamental y que consiste en que el ciudadano vote claramente para eleir a un representante por una clara y determinada medida de tiempo; Bonilla es un mexicano norteamericano, funcionario de partidos políticos en los Estados Unidos, nacionalizado gringo a quien López Obrador utilizó como empresario de comunicación y lo trajo como procónsul al Estado de Baja California, además tuvo un nombramiento controvertido como super-delegado, después fue candidato a senador de la república, más tarde como candidato a gobernador y, ahora es un violador de los principios más elementales de nuestra estructura política.

No vale la pena, siquiera, mencionar sus chicanas absurdas, como la reciente consulta a la que no haremos referencia, porque es una acción tan estúpida, tan bastarda y tan destructora de las instituciones y de nuestro Estado de Derecho, porque su ilegalidad es manifiesta.

Seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación echará abajo la llamada Ley Bonilla, y esperamos que el Senado de la República –en uso de sus facultades constitucionales– desaparezca los poderes en el Estado de Baja California en caso de que Jaime Bonilla llegara a protestar por un término “distinto y, más amplio”, al que fue electo.

Estos casos paradigmáticos nos avergüenzan y nos hacen reflexionar sobre la necesidad de que Morena piense bien sus candidaturas, aproveche bien su legitimidad y su mayoría, y no imponga a semejantes individuos que no tienen nada que hacer en el escenario nacional.