Si la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, representó la capitulación del Estado mexicano ante la delincuencia, escuchar al abogado del capo decir: —estoy casi seguro de que el gobierno de López Obrador solucionará esta situación— —como si la amenaza hubiera surtido efecto— significa que quien marcará la agenda de seguridad, de aquí para adelante, será el crimen organizado.
La liberación de Ovidio —independientemente de la razones y justificaciones— tendrá un poderoso efecto multiplicador de empoderamiento de los distintos grupos delincuenciales que operan en el país. El Cártel de Sinaloa demostró al gobierno que ellos, y otros como ellos, pueden sembrar el terror y ser un factor decisivo de desestabilización.
El “ejército” del Chapo se hizo, en unos cuantos minutos, del control de la capital de Sinaloa. Su capacidad de reacción fue inédita y sorprendente. No solo incendió vehículos y bloqueó carreteras; no solo provocó que el estado quedara aislado, con vuelos cancelados, sino que abrió de par en par las puertas del reclusorio para liberar a los reos.
Solo faltó que pusieran una manta que dijera: —Aquí, señores, como en otros lugares, mandamos nosotros—.
La frivolidad populista y la estulticia presidencial son las responsables de que fracasara la detención del hijo del Chapo. La capacitación, organización y destreza que habían venido acumulando las fuerzas armadas —durante años— para combatir el narcotráfico ha sido suplantada por la burla y el desdén resumidos en expresiones banales como el fuchi y el guácala.
La crisis de Culiacán echó por tierra mentiras y mitos. Un cártel mató a balazos la 4T. Desmitificó a la Guardia Nacional, un invento de la propaganda populista a la que se le atribuyeron cualidades mágicas; creada para marginar al Ejército y cuya inexperiencia derivó en el fracaso de un operativo que exigía experiencia, inteligencia y estrategia.
La verdad está en la numeralia: 8 militares muertos, 16 militares y policías heridos, 9 patrullas y helicópteros atacados, 42 vehículos despojados, 9 incendiados, 51 reos fugados, 19 bloqueos, 0 detenidos.
Alfonso Durazo dijo que se realizará una investigación de ese operativo para castigar a los responsables. Otra vez, buscan que los de abajo paguen los costos de una política de seguridad inservible diseñada e impuesta desde Palacio Nacional.
EL titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha elegido un discurso abigarrado, ininteligible, a través del cual pretende construir una especie de posverdad. Para evitar decir que el hijo del Chapo había sido liberado recurrió a la frase ambigua: “los funcionarios del gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones”. ¿Cuáles?
Es difícil que, por la soberbia que hoy embarga a la 4T, desde el presidente de la república hasta el menos importante de los funcionarios entiendan que hay un México antes y después de Culiacán.
Antes de la aprehensión e inmediata liberación de Ovidio Guzmán López, había un presidente sin contrapesos, con poder absoluto y sin oposición. Hoy, nos damos cuenta de que que el equilibrio de poder está —para desgracia de México— fuera de las instituciones.
El país comienza a pagar el costo, las consecuencias, de lo que ha venido haciendo el nuevo régimen: el desmantelamiento del orden constitucional, la destrucción del Estado de derecho y el menosprecio de las instituciones.
“Cuidado con los que deseas”, dice un viejo proverbio chino. Pues ya se hizo realidad el sueño de quien un día lanzó la maldición: —¡Al diablo con las instituciones!—Pues sí, la Presidencia también es una institución. Al diablo con ella, que ahora van a mandar los cárteles.
El 17 de octubre de 2019 pasará a las páginas más negras de la historia nacional. Ya sabemos quién manda. El presidente puede irse a descansar.