Entrevista a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

 

“Las amenazas de los panistas y morenistas son simple bravatas, están encaminadas a producir ruido. No van más allá”, aseguró el constitucionalista Elisur Arteaga, en su reciente colaboración en la revista Siempre! al abordar el tema de la desaparición de poderes que han demandado ante el Senado de la República tanto el PAN y Morena en estados como Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas.

En su texto, el connotado especialista en derecho constitucional luego de analizar jurídicamente los planteamientos hechos por los partidos, advierte que nadie sacaría provecho de esta acción y “en cambio, meterían ruido donde hay silencio y más desorden donde hay menos desorden”. Señala que si ahora esas entidades, contando con autoridades legítimas se muestran ingobernables por el alto índice de criminalidad, la situación se acrecentaría “si resultaran ser gobernadas por autoridades impuestas y derivadas de una errónea interpretación del texto constitucional”.

Cuestionado sobre este tema, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas coincide en que esta situación puede terminar en una bravata y están viendo de que manera salen de esta situación, “jugar con cosas de esta naturaleza nos puede llevar a situaciones sumamente complejas, es prender un cerillo solo para ver y resulta que le ponen fuego a la dinamita”.

Y ejemplifica “es un poco como el Brexit en el Reino Unido, muchas cosas que se plantearon a partir del Brexit no se esperaban porque el interés de muchos era no votar, pero gana el resultado que no se quería que ganara… Creo que están haciendo la apuesta equivocada en el contexto equivocado”.

El también consultor para México del National Strategy Information Center, asevera que “la seguridad es un tema complejo que se descompone con mucha facilidad. Simplemente pensemos cuando hay un cambio de gobierno, siempre hay un empeoramiento de las condiciones de seguridad en una entidad, en un municipio o en el país. Siempre hay un momento en que se pierden los controles, los programas, la cadena de mando y finalmente suceden cosas que no estaban planeadas o en donde se retrocede en algunos aspectos puntuales de la seguridad”.

Asevera, “lo cierto es que se sienta un precedente muy malo y que no solo será evidente en lo inmediato en esas entidades, sino que tendrá un rol importante en la forma en que van a jugar de ahora en adelante los gobiernos locales en relación con el poder.

“Si en algo nos quedan a deber los gobiernos locales, es que con mucha facilidad no se han responsabilizado de sus funciones sustantivas de seguridad, de ¡eso no me toca a mi, le toca a la federación!, con esto quedan menos incentivos para que un gobernador asuma una posición, a veces difícil, alrededor de su estado”, asevera el especialista en seguridad pública”.

En la entrevista, Rivas se refiere a su texto publicado en el diario El Universal donde cuestiona si es necesaria la desaparición de poderes para mejorar la seguridad.

“Cuando se habla de desaparición de poderes, hay 5 criterios que la ley establece, entre ellos que una autoridad se muestre incapaz de demostrar su trabajo que hayan dejado de cumplir sus labores.

“Me parece muy difícil que Morena pueda demostrar algo así en el contexto en el que entidades como Tamaulipas y Guanajuato puedan demostrar que hay un desinterés y una falta de cumplimiento por parte de las autoridades locales. Podremos no estar de acuerdo con los resultados, considerar que se pudo hacer más pero decir que no están haciendo su trabajo, creo que resulta por demás inútil decir eso.

“En Veracruz aplica por lo menos a un análisis concienzudo porque en esa entidad tenemos una situación donde el gobernador desde el principio de su mandato ha hecho hasta lo imposible por hacerse del control de la fiscalía, lo ha hecho por ´las malas o las muy malas´. No es la primera vez que intenta destituir a Jorge Winckler y este ha sido un ejercicio que finalmente derivó, bajo el argumento de la ausencia de controles de confianza para el fiscal, en la toma de la fiscalía”.

 

 

¿Desaparecer para qué?

El director del Observatorio reconoce que en este tema prevalecen los intereses políticos más que jurídicos y de seguridad “hay elementos que podrían llevar a pensar que hay una ruptura del pacto federal y de los compromisos de las autoridades, no obstante dudo que algo así salga adelante porque hay intereses políticos que no van hacer progresar una petición de esta naturaleza.

“¿Desaparecer para qué? Si se tuviera la certeza de que una vez que desaparecen los poderes en una intervención puntual, concienzuda, efectiva, creo que todos quisiéramos que desaparezcan los poderes pero la verdad es que no podemos decir que los resultados que está dando la federación nos hagan pensar que una intervención federal va a mejorar las condiciones.

“El homicidio no es el único indicador que necesitamos para poder evaluar la desaparición de poderes. Necesitaríamos otro tipo de elementos que nos ayuden a esta ecuación porque en realidad lo que dice la ley es la desaparición de poderes, no dice que es por incapacidad de las autoridades. No da el indicador que debe ser considerado oportuno para eso, queda un poco en la ambigüedad si aplica o no  y qué es lo que eventualmente aplica.

“Lejos de mejorar las condiciones, puede enrarecer y dificultar más el combate a los delitos, esa estrategia está sustentada en un interés político y en lo único que puede derivar es en aumento de la violencia, en un contexto como en el que ya vivimos como país.

“Si es el homicidio el único indicador, pienso en Guanajuato, tiene de las mejores secretarías de seguridad pública pero por qué no han logrado ciertos resultados, eso tiene que ver en parte con las condiciones que ha debido enfrentar la federación ¿dónde empieza la responsabilidad de los estados, donde la de los municipios?, siempre resulta un poco difícil decirlo.

“Un asunto muy sonado fue el caso Minatitlán que acentuó la crisis entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el fiscal Jorge Winckler. En ese caso, hay muchas evidencias de situaciones que no funcionaron y no se puede decir que eran de competencia estatal, como el señalamiento que hicieron de que la fiscalía había liberado al presunto culpable y luego se descubrió que en realidad quien lo había liberado fue la Fiscalía General de la República. Hay una serie de complejidades muy importantes donde las responsabilidades de unos terminan en una línea muy sutil donde inician las responsabilidades de otros”.

 

“Lo cierto es que se sienta un precedente muy malo y que no solo será evidente en lo inmediato en esas entidades, sino que tendrá un rol importante en la forma en que van a jugar de ahora en adelante los gobiernos locales en relación con el poder”.

 

La relación con la federación

Rivas señala que si se insiste en seguir adelante con este proceso, la situación empeoraría por varios motivos y ejemplifica “si a una autoridad le estás, de alguna manera, quitando la fuerza, va a poder combatir con mucha más dificultad los delitos.

“Un punto que no es menor, tiene que ver con la capacidad que luego tenemos de reconstruir instituciones sólidas, en un ambiente en donde ya mermamos la capacidad de ese estado.

“Una vez que tomemos una decisión de esta naturaleza ¿qué escenario le dejamos a otras autoridades, es decir si hoy soy una autoridad electa en un estado que no necesariamente es afín al presidente de la República, cómo va a ser mi relación con la federación, tiene que ser una relación de súbditos para que no me vayan a desaparecer los poderes?

“¿Eso es lo que queremos los ciudadanos? Sinceramente tengo mis dudas y por eso considero que esto solo puede empeorar las condiciones no solo de estas entidades en particular, sino de todo el país”.

Cuestionado sobre las declaraciones del presidente López Obrador en el sentido de que no va de acuerdo con la desaparición de poderes y, sin embargo, en el Senado sigue pendiente el proceso, el director del Observatorio Nacional destaca “el presidente siempre lanza mensajes donde por un lado dice una cosa y luego hace otra, no sería la primera vez que sucede. Al presidente no le conviene subirse a una discusión de esta naturaleza, recuerdo lo que comentaba algún gobernador en relación a un problema con los alcaldes, decía, cuando te metes a revisar algunas cosas con los alcaldes, el riesgo es que no sabes qué te vas a encontrar en tu casa.

“El presidente ha insistido en que no hay ninguna cosa que suceda en algún estado de la que no esté enterado, como también ha dicho en que no hay un hecho que suceda en el país del que no esté enterado, si es así, evidentemente hay cosas que no pegan, el presidente está mucho más enterado en realidad de lo que quieren hacer los legisladores y es corresponsable del hecho de que su bancada, la bancada del partido que él fundó, el partido que se nutre de la popularidad del presidente tome ciertas decisiones por encima de otras, como por ejemplo el caso de Baja California, en donde salió con no me voy a meter en ese tema, perdón pero tu bancada ya se metió.

“El presidente sabe utilizar muy bien la comunicación pero ésta no siempre es transparente ni absolutamente honesta. En muchas ocasiones ha afirmado ciertas posturas y luego vemos que en realidad tiene una posición que contraviene lo que ha venido diciendo”, finaliza el entrevistado.