Por Cecilio Ferro Villa
Por asombroso que parezca y pese a que los mexicanos somos la civilización de maíz, no teníamos un día dedicado a este regalo de la tierra. Fue hasta el pasado domingo 29 de septiembre cuando por primera vez en la historia nuestro país se celebró el “Día Nacional del Maíz”, resultado de una declaratoria del Senado de la República aprobada por 122 votos. Anuncio loable sin duda, sin regateos.
Ahora bien, la declaratoria no queda solamente como una fecha más en el calendario cívico, sino que viene acompañada (tal como lo indica un boletín del Senado) de la necesidad de emprender acciones “legales especiales para el fomento del maíz como una planta de valor cultural, alimentario y económico nacional”. Muy bien ¿pero qué “acciones legales especiales” deben ponerse en marcha? Es aquí donde comienzan a aparecer interrogantes. Algo ya no huele muy bien.
Para las senadoras de Morena, Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera, es necesaria una Ley para el Fomento de la Protección del Maíz Nativo. Raudas presentaron una iniciativa que ya fue aprobada en Reforma y turnada a San Lázaro. ¿Para la elaboración de tal iniciativa sentaron a la mesa de discusión a todos los involucrados en la producción de maíz? Al parecer no: fue encargada a un despacho de cabildeo. El documento deja ver que la prioridad máxima para el Estado sería el cultivo de especies nativas, relegando a segundo término la producción tecnificada de maíz, la que aporta para el consumo nacional. Con ello también destierran la utilización de semillas genéticamente modificadas –¡que nadie se atreva a mencionar el término “transgénico” porque es anatema!– pese a que el debate científico mundial no ha llegado a niveles conclusivos.
La iniciativa contempla también la formación del Consejo Nacional de Maíz –un grupo consultivo que estaría encabezado por el mismísimo presidente de la República– y también propone la creación de bancos de semillas comunitarios, que serían administrados por ejidatarios. No consideraron que desde hace décadas existe dentro del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) una red de custodios que conservan in situ las variedades nativas de maíz mexicano y además existe el Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG), en el que se conserva la riqueza genética de miles de especies vegetales y animales. ¿Por qué no fortalecer tales estructuras en lugar de pensar en nuevos bancos? ¿Se trata de romper con el pasado? ¿De proyectos personales?
Del lado de los agroindustriales, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) manifiesta su malestar con la ley al considerar que pone en riesgo la producción toda vez que tiene carencias que podría dificultar su uso comercial. Se pondrían en riesgo las rutas para acercar el grano al consumidor.
Si pensamos un México incluyente, todos los participantes en la producción del principal alimento de nuestras mesas deberían estar involucrados en el debate, porque los retos alimentarios que vienen son muchos y son complicados. No todos los mexicanos encuentran su sustento en la milpa, ni todos los mexicanos acuden a los centros de consumo para adquirir alimentos. En los próximos días veremos si en la Cámara de Diputados se imponen los performances artísticos sobre la ruta productiva. El marcador favorece hasta ahora a las diputadas de Morena.
Y a propósito de los diputados, el próximo martes, el titular de la SADER, Víctor Villalobos, comparecerá ante ellos en el marco de la Glosa presidencial. Será recibido en el pleno, no en comisiones como en los últimos años. Mientras se develan las razones, el responsable de la política agroalimentaria de la 4T deberá prepararse para explicar el desmantelamiento de la SADER, sus costos sociales, sanitarios, los subejercicios en programas como Crédito Ganadero a la Palabra; las afectaciones por la sequía; la contribución del programa Sembrando Vida a la alimentación nacional frente al riesgo de no lograr el compromiso presidencial de alcanzar la autosuficiencia alimentaria en productos sensibles como el arroz o el frijol. En los diputados recaerá la responsabilidad de hacer de la comparecencia de Villalobos un “día de campo” o de rendición de cuentas sobre la aplicación de una política agroalimentaria nacional que está en riesgo de soltarse de los alfileres que la sostienen. Si no, que la Nación se los demande.