Entrevista a Gerardo Carrasco, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Ante las presiones del Ejecutivo, el Juez Quinto en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán Rosas, modificó su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, ahora niega las mismas con base en nuevas reflexiones jurídicas. Así revocó una suspensión definitiva, otorgada previamente en atención a que la Secretaría de la Defensa Nacional, considera que el proyecto aeroportuario es una instalación estratégica. En otras palabras, estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por “Seguridad Nacional”, a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural, y de impacto social.

Por lo anterior, Gerardo Carrasco Chávez, Director Jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y La Impunidad, y abogado del colectivo #NoMasDerroches, en entrevista con Siempre! manifestó que se ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se haga cargo de resolver este caso.

La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conozca de las suspensiones definitivas, que aún se encuentran vigentes –radicada bajo el expediente 654/2019– y, en su momento, se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada el pasado 8 de octubre.

Carrasco Chávez, dijo que en días recientes compareció como quejoso así como abogado de #No más Derroches, y básicamente lo que se hizo fue demostrarle al juez Juan Carlos Guzmán Rosas, a través de una inspección judicial, que se desahogó en Santa Lucía, ya que es falso lo que asegura Sedena, en torno a que presuntamente con las suspensiones se encuentran interrumpidas también cualquier tipo de operación militar en la base aérea. “Se dio cuenta con una razón actuarial del 2 de octubre, en donde un actuario judicial acude conmigo a la base aérea, y constata el sobrevuelo de aeronaves en Santa Lucía, incluso que habían actividades de paracaidismo. Entonces se logró desacreditar la afirmación de la Sedena, en torno a que supuestamente no hay operaciones gracias a estas suspensiones”.

Asevera que es completamente contradictorio el hecho que se diga que es una instalación estratégica el proyecto de un Aeropuerto Civil Comercial, cuando se supone que la instalación estratégica, en todo caso, es la base aérea de Santa Lucía, desde que se creó hace casi 70 años. Y afirma “es contradictoria la seguridad nacional al inhabilitar una Base Aérea Militar para hacer un Aeropuerto Civil Comercial, con independencia de que digan que es mixto, y que ahí también se van ha hacer operaciones militares”.

El abogado Gerardo Carrasco, menciona que se presentaron pruebas, se hicieron las manifestaciones, y al final se solicitó al juez que resolviera con la independencia, autonomía, y el sentido de justicia que siempre lo ha caracterizado, y que no se dejara llevar por presiones por parte del Poder Ejecutivo.

Abundó que cuando se le dio el uso de la voz a la Sedena, dijeron que no querían ejercer su derecho a manifestar alegatos.

“Se revocó una sola suspensión, quedarán otras seis o siete tendrían que ir revocando todas. Si se revoca la primera suspensión, no podrían construir en automáticos de la Corte.mos que es un asunto tambiel dmente de esto, vamos y la sentencia, pero nos dijeron que hoy no y que probablemente, tendrían que ir  tirando las otras seis  ó siete que se tienen. Nosotros independientemente de esto, vamos a impugnar la revocación de las suspensiones, lo va a resolver el décimo Tribunal Colegiado, ó la Suprema Corte de Justicia, creemos que es un asunto también de interés de la Corte”.

Avala SEMARNAT impacto ambiental

“La autorización de impacto ambiental de Semarnat, está hecha al vapor, de hecho tenemos una comparación bastante ilustrativa, en el tiempo que se tardó la dependencia en aprobar ambientalmente este proyecto. La aprobación de impacto ambiental para la construcción de la carretera de Pacula a Jacala, es una carretera de 9.2 kilómetros, llevó 67 días hábiles; la autorización de impacto ambiental del Aeropuerto internacional de Santa Lucía, se realizó en 67 días hábiles; el consentimiento de impacto ambiental para el Parque Solar la Esperanza, dilató 103 días hábiles; y para la Refinería de Dos bocas tardó 44 días”.

El jurista refiere que la autorización de impacto ambiental está mal diseñada, ya que no contempla todo lo que debería en términos de la Constitución, las Leyes, y los tratados internacionales. Señala que más que establecer verdaderas condicionantes, es incongruente tanto desde el punto de vista interno, como con las Leyes mexicanas. “Se le da a la Sedena, cuando ésta ni siquiera puede construir una aeropuerto Civil, en términos del artículo diez de la Ley de Aeropuertos, y estos dictámenes de impacto ambiental, no están calificando ningún proyecto, no existe un proyecto, ni siquiera un plan maestro del Aeropuerto de Santa Lucía”.

El Director Jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reitera que la autorización de impacto ambiental está mal hecha y es ilegal, desde cualquier punto de vista. “No se le dio la publicidad necesaria en términos del artículo 34 de la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, no se publicó en diarios de alta circulación de la Ciudad de México, y del estado de Hidalgo, que también son entidades federativas impactadas ambientalmente por este proyecto”. Dice que tampoco se respetó el derecho a las comunidades indígenas que viven en las zonas aledañas, para por lo menos expresar su opinión respecto a si quieren o no este aeropuerto.

El legista agrega “se pretende drenar a través de la Constitución, supuestamente un acueducto, el agua que se encuentra en el Valle del Mezquital, para construir y operar este aeropuerto de Santa Lucía, van a dejar sin agua muchos pueblos y comunidades, no se tiene un programa de control de aves, no se contempla la contaminación sonora de operación del aeropuerto. Se está privilegiando el cumplimiento de un proyecto político en lugar del cumplimiento de la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales”, apunta.

 

Si se construye un aeropuerto sin permisos, estamos seguros que van ha haber muchísimos riesgos a la seguridad de los pasajeros, de los pilotos, de las tripulaciones, de las personas que vivan en las zonas aledañas.

 

 

 

Santa Lucía viola Derechos Humanos

El también abogado del colectivo #NoMasDerroches, enfatiza que no sabe si el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sea un capricho o no, y reitera: “pero lo que es un hecho, es que se están violando abiertamente y sin temor a tener consecuencia alguna derechos humanos. Y están en peligro ya no solamente el derroche de recursos públicos, sino también la vida y la integridad de las personas. Si se construye un aeropuerto sin permisos, estamos seguros que van ha haber muchísimos riesgos a la seguridad de los pasajeros, de los pilotos, de las tripulaciones, de las personas que vivan en las zonas aledañas, van ha haber muchísimos problemas si se construye sin contar todos los permisos mínimos con que debe contar un Aeropuerto. Texcoco tenía por lo menos 146 estudios y permisos distintos. Santa Lucía tiene uno, que es el de impacto ambiental”.

Asimismo menciona que resulta fundamental cumplir con la ley, “estoy a favor de que se construya un aeropuerto en Texcoco pero a través de empresas honestas, con licitaciones transparentes, y rigurosamente vigiladas, con un sentido evidentemente de ahorro, y de austeridad, pero no estoy a favor de que se pretenda sustituir un proyecto aeroportuario que ya tenía un buen porcentaje de avance, por uno que al día de hoy no cuenta con un sólo estudio y permiso serio”.

Carrasco Chávez, quien es a su vez abogado litigante y especialista en derecho administrativo y constitucional, afirma: “Creo en el Poder Judicial, no para hacer un contrapeso político, existe para frenar cualquier abusos de autoridad cometido por parte de los otros poderes, o por cualquier organismo público en México. El Poder Judicial está para proteger a las personas, no para respaldar proyectos políticos, entonces creo que es un asunto donde tenemos mucho en juego, ya no solamente derechos humanos, sino también la independencia judicial”.

Y agrega: “Hemos visto preocupados como desde el Poder Ejecutivo, se le llama corruptos a los jueces que han estado dando suspensiones en los casos del Aeropuerto, esto viola la independencia judicial y el equilibrio de poderes, que se supone que es en lo que está fundamentada nuestra democracia”. El respeto a los derechos humanos dice, debe estar por encima de cualquier proyecto político con un objetivo de Seguridad Nacional”.

Cabe destacar que algunos de los personajes que exigen imparcialidad en el caso de Santa Lucía son: Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda Gutman, Denise Dresser, Luis de la Calle, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Soto Morales, entre otros.

Ante los recursos jurídicos interpuestos por organizaciones como #NoMasDerroches, Sedena clasificó como información reservada, durante cinco años, todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Así la reserva contempla no dar a conocera conocer documentos técnicos como el plan maestro, proyecto ejecutivo, estudios de seguridad y aeronavegabilidad.