Entrevista a Ricardo Pascoe, analista político

 

La mesa directiva del Congreso de Baja California entregó al fin al gobierno de la entidad, el dictamen que amplía el mandato del gobierno del hoy gobernador electo Javier Bonilla Valdez de 2 a 5 años –luego de que fuera “extraviado”–  por lo que ahora ya podrá impugnarse. Todo un juego de los tiempos políticos.

Como se recordará, un mes después del triunfo del candidato Bonilla –el 9 de junio– el diputado Víctor Morán de Morena presentó a la Legislatura estatal de la entidad una iniciativa de reforma a la Constitución local para que Bonilla permaneciera 5 años en el cargo, lo que generó fuertes controversias, marchas e indignadas protestas, que continúan.

Para intentar acallar el rechazo, el presidente del Congreso de BC propuso una Consulta Ciudadana para darle “legitimidad a la reforma constitucional”, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó como ganador a Bonilla y detalló que la elección fue validada por 2 años y no por 5.

 

A su vez, la Suprema Corte desecha por improcedente la controversia con la que el gobierno bajacaliforniano intentaba publicar la llamada Ley Bonilla –para que pudiera ser promulgada e impugnada–, al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que no se iba involucrar en este caso “y que deberían apegarse a la ley”. Dijo que el ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes y que una vez publicada la ley no interpondrían un recurso de inconstitucionalidad.

Así, el 13 de octubre se realiza la consulta que fue calificada por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, como un ejercicio sin fundamento legal, realizado con preguntas amañadas y donde no se tiene claro cuanta gente votó, “está en riesgo el orden democrático y constitucional del país”. Se pronunció para se presentarán los recursos necesarios para apoyar las acciones de inconstitucionalidad y que “la Corte resuelva este atropello democrático”.

En opinión de algunos analistas, luego de publicada, las impugnaciones empezarán a llegar el lunes 21, lo que le daría poco tiempo a la Corte para dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Bonilla, ya que el primero de noviembre el empresario tomará protesta como gobernador. Arguyen que si en la constancia como gobernador electo no se establece el periodo de encargo, se enfrentarían a un hecho consumado por lo que ya no habría materia sobre la que dictar constitucionalidad.

 

“Es una regresión, ni siquiera a los años 60, es más bien a los años 30 en el caso de la democracia mexicana, con la imposición de una Presidencia caudillesca donde no existe el Estado de Derecho”.

 

Para el analista político Ricardo Pascoe Pierce, ex embajador de México en Cuba, la consulta realizada en esa entidad sobre la duración del mandato de Bonilla fue desde el inicio “una burla, una acción que en sentido estricto no es ilegal que Morena haga su consulta, pero que no tiene ningún valor jurídico y el problema aquí es lo que sostiene el gobernador electo, está asumiendo que si es vinculatorio para una decisión para un tema que es notoriamente anticonstitucional”.

Lo preocupante del asunto, apunta, es que aparte de tratar a su estado “como si fuera su rancho personal, está siendo tratado con una enorme benevolencia y ambigüedad por parte el gobierno federal, la secretaria de Gobernación ha sido omisa en su papel de asegurar que el país se rija por la Constitución al no insistir en que se respete la ley y lo mismo el Presidente. Uno podría pensar que no por comisión pero si por omisión, están avalando una ilegalidad”.

Asegura que las señales son muy preocupantes porque “se puede estar preparando el terreno, si hay un aval a esta acción se podría eventualmente, ampliar el mandato del actual Presidencia de la República otros 6 años, es una amenaza a la democracia mexicana”.

 

Aclara que en Baja California participó menos del 1 por ciento del padrón y “se podría sacar la lectura de que la población rechazó la consulta al no votar. Me gusta esa interpretación de que hubo un repudio para no votar en una consulta organizada por un partido, no por el gobierno, ni por el Instituto Electoral del Estado. Lo que la gente está diciendo es no lo avalamos, por eso hubo una participación tan baja, en ningún país eso tendría la menor validez, de hecho en la Ley de Participación Ciudadana vigente, para que una consulta tenga validez tiene que participar por lo menos el 40 por ciento del padrón. En este caso estamos frente a una consulta patito, que no tiene la menor validez, pero como lo está manejando el gobierno de Baja California y en alguna medida insisto por la omisión por parte del Gobierno Federal, todo indicaría que se le quiere dar un cariz de validez para quizás influir en futuras elecciones”.

Pascoe Pierce destaca que ahora todo queda en manos de la Suprema Corte y sus tiempos. “Sí, aunque hay quienes están diciendo que las cosas no queden en maniobras jurídicas para imponer la decisión sin recurrir a la Ley, lo cual sería doblemente más preocupante. La verdad es que es sumamente grave lo que estamos viviendo en México en esta materia”.

Apunta que hoy se viven escenarios sombríos “es una regresión, ni siquiera a los años 60, es más bien a los años 30 en el caso de la democracia mexicana, con la imposición de una Presidencia caudillesca donde no existe ni el Estado de Derecho ni el respeto a los Derechos Políticos ni Humanos de la Ciudadanía”.