Entrevista a Ricardo Alvarado, Mexicanos contra la Corrupción

 

En días recientes los diputados aprobaron las reformas para tipificar la defraudación fiscal y la facturación falsa como crimen organizado, y castigarlas con prisión. El Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, deploraron el aval sin cambios a la minuta, al decir que les dieron “atole con el dedo”, y señalaron que interpondrán los amparos que sean necesarios.

A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial, lamentó que para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.

El CCE exhortó a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias, y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos: “Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país”.

Al respecto, Ricardo Alvarado, Investigador en presupuesto y finanzas públicas de la Organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en entrevista con Siempre! manifestó que la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, establece sanciones específicas para aquellas empresas que utilicen facturas de negocios fantasmas, e incluir a las aplicaciones al llamado comercio digital en el cobro de impuestos, lo que resultaría razonable.

El investigador afirmó que hay que distinguir entre la definición del dolo, que es el asunto central de la discusión, así como qué tanto hay una intención real de evadir impuestos o si se trata de una omisión, que no puede ser igual de grave que la intención deliberada de evadir impuestos.

 

“Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país”.

 

 

El también Profesor de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM Acatlán, explicó que lo cierto es que operaciones por un monto encima de cinco millones, que es lo que permite la acusación, es una cifra razonable para tener cierta cobertura por errores y lo que está haciendo este mecanismo, es poner mayores esfuerzos públicos en la persecución de empresas fantasmas, lo cual resulta racional.

Reconoció que la prisión preventiva oficiosa, resulta un pésimo recurso de justicia en nuestro país. “La administración pareciera particularmente proclive a utilizar este mecanismo, cuando ya modificamos la Constitución para ampliar el catálogo de delitos previstos en el artículo 19, ya la corrupción es un delito grave, que es un discurso recurrente, y  ahora equiparar el uso de facturas de empresas fantasmas con delincuencia organizada, me hace ruido lo de la prisión preventiva oficiosa.

“Creo que no es necesaria, es la parte que entiendo de la preocupación de los empresarios, pero me parece, a reserva de que si vaya ha haber un uso discrecional de esta herramienta legal, que las personas que por omisión tengan una factura de una empresa fantasma, pues no tendrán mayores problemas como no los han tenido hasta ahora”, puntualizó.

 

 

Cuestionado el académico sobre las declaraciones del sector empresarial, respecto a que la falta de precisiones de esta minuta habrá de generar un justificado temor en las empresas formales del país de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes, el académico señala que esa es la preocupación, considera que la molestia es muy razonable no tanto por cómo quedó la Ley, sino de como fue el proceso.

“Y es que la Secretaría de Hacienda ofrece un diálogo con los empresarios, éstos se sentaron a dialogar y me parece que todo lo podríamos decir que lo que quieren los empresarios es que quedara bien establecido que se necesitaba dolo, que la autoridad tenía que probar que se utilizaban esas facturas con dolo, o sea con intención deliberada de evadir impuestos y no quedó así, los empresarios con justificada razón sienten que les tomaron el pelo”.

Ricardo Alvarado señala que los diputados aprobaron en sus términos el dictamen como venía del gobierno sin hacerle cambios, a pesar de que hubo en el proceso una reunión con los empresarios para dialogar sobre el tema. Argumentó que si se comienzan a implementar abusos, sin lugar a dudas, habrá un andanada de amparos para detener esas acciones.

 

 

Aplicaciones Digitales

El investigador en presupuesto y finanzas públicas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también se refirió a las aplicaciones digitales. Dijo que  en la actualidad hay un problema digital por la complejidad del mercado, y las aplicaciones no pagan los impuestos que sí deberían pagar, “internacionalmente se paga con una tasa del tres por ciento sobre sus ventas como un impuesto digital, por la dificultad de cobrarles sobre sus ganancias y el IVA”. La idea, añadió, es por un lado hacer ese cobro y que las aplicaciones tengan la capacidad de retener impuestos de quienes hacen negocio con ellas, es decir las personas que monetarizan sus videos en YouTube o que utilizan publicidad en Facebook, y que a través de ahí venden cosas y generan ganancias.

Apunta que que tal vez lo que haya que discutir es un tiempo que amortigüe la transición y que no sea de golpe. “Y es que exigirle a una empresa que de la noche a la mañana pague impuestos que no pagaba, por grande que esta sea, la pones en apuros”. Las aplicaciones, dice, están hablando de un año y creo que el planteamiento del gobierno es de un mes.

Ricardo Alvarado manifiesta que por lo pronto las empresas se están resistiendo, e incluso hablan de un apagón electrónico.