En cinco ocasiones el Gobierno de la Cuarta Transformación ha dado muestras irrebatibles de la voluntad política de visibilizar y asumir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante las pasadas administraciones. Lo que ha sucedido en el marco de emotivas ceremonias en las que las víctimas y/o sus familiares han recibido sendas disculpas en nombre del Estado mexicano.
La primera, encabezada por la Ministra Olga Sánchez Cordero, tuvo como propósito dignificar a la periodista Lydia Cacho, quien a raíz de la publicación de su libro Los Demonios del Edén fue objeto de torturas psicológicas y físicas, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física.
Más tarde, la titular de la SEGOB pidió perdón a los padres de Javier Arredondo y Jorge Mercado, dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey que fueron ejecutados arteramente por militares. Para tratar de encubrir la fechoría les colocaron armas y en el parte oficial asentaron que se trataba de sicarios al servicio de la delincuencia organizada.
Seguidamente, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, hizo lo propio ante los progenitores de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, que fueron detenidos por policías estatales para ser entregados a la célula de un cartel, estigmatizándolos con el señalamiento en el sentido que eran miembros de la organización criminal.
En días pasados, Martha Camacho Loaiza, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre cuyo avanzado estado de gravidez no impidió que durante 49 días fuese cruelmente torturada por militares e integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, fue reivindicada por la Secretaria de Gobernación con las siguientes palabras: “A nombre del Estado Mexicano le ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el período histórico conocido como “guerra sucia”.
En ese mismo acto, el Subsecretario Encinas no tuvo empacho en caracterizar a ese funesto capítulo de la historia reciente del país como el imperio de las prácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeres, lo que evidenció a un régimen dispuesto a todo para eliminar cualquier intento de oposición o discrepancia.
Tal patología no pudo ser fruto de meros excesos de agentes subalternos de las fuerzas represivas. Sin lugar a dudas fue la resultante material de las consignas u órdenes superiores emanadas de los más altos peldaños de la pirámide del poder político nacional. Todo ello alimentado del objetivo estratégico de mantener incólume un sistema de dominación hegemónica.
Además de ataques graves y sistemáticos al valor supremo de la dignidad humana, esas barbaridades encajan perfectamente en la definición de crímenes de lesa humanidad acunada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y posteriormente confirmada en los Estatutos de los Tribunales Internacionales de la Ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya, así como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo anterior significa que se trata de crímenes regidos por el derecho penal internacional y por tanto no están sujetos a ningún plazo de prescripción ni son susceptibles de amnistía, perdón o indulto.
Acorde al planteamiento nuclear desarrollado por el filósofo inglés John Austin en su obra “How to do things with words”, las palabras de la Ministra Sánchez Cordero y del Subsecretario Encinas deben conllevar efectos en el mundo real. El reconocimiento de la culpa del Estado tiene que ser acompañado de la inmediata realización de las actuaciones penales que permitan llevar ante la justicia a los responsables intelectuales, materiales y por cadena de mando de las atrocidades de la “guerra sucia”.