Por el voto unánime de sus integrantes, la Cámara de Senadores acordó conferir la medalla Belisario Domínguez 2019 a doña Rosario Ibarra. Las razones que justifican tal determinación están nítidamente plasmadas en el dictamen que fue presentado a la consideración del pleno: “Esta Comisión identifica los ideales de Don Belisario Domínguez, por una Patria más justa, reflejados en la trayectoria que Doña Rosario Ibarra de Piedra ha realizado siempre de manera incansable, para lograr tener un México que ya no padezca el dolor de miles de familias en la búsqueda de sus desaparecidos. Tragedia de vida que la une con miles de madres mexicanas”.

Asimismo, en el texto literal del acuerdo plenario consta que el galardón fue otorgado a la destacada luchadora social “En virtud de su incansable lucha de más de cuatro décadas en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos; y por toda una vida dedicada a luchar por dar voz a los que no la tienen y exigir justicia para los que ya no pueden hacerlo”.

Tal decisión fue fruto del excepcional consenso alcanzado por los distintos grupos parlamentarios en torno a los indiscutibles méritos de la homenajeada. Éstas fueron, entre otras muchas más, las voces que resonaron en esa memorable ocasión: I) “Es un acto de extraordinaria justicia, no sólo a ella sino a las madres y familiares de desaparecidos; II) “Es una mujer extraordinaria, incansable y defensora, no sólo de los desaparecidos políticos, sino de los perseguidos y exiliados de la guerra sucia que se vivió en México”; III) “Es una mujer que enfrentó al Estado y al poder presidencial y puso sobre la mesa el tema de los desaparecidos políticos en México, un problema que estaba “soterrado” en las décadas de los setentas y ochentas;” IV) “Ella entregó su vida, no nada más por encontrar a su hijo, sino por dignificar a mujeres y hombres que desaparecieron por la “guerra sucia” que hubo en México por muchos años”; V) “Es una mujer excepcional que supo luchar y que ha sabido conquistar derechos que corresponden a las mujeres, ahora plasmados en el texto constitucional”.

Por voz de su hija, Rosario Piedra, la galardonada manifestó que recibe la medalla pero reconociendo la lucha de sus compañeras y reiteró: “Lo que queremos es justicia. Hasta que no se llegue a la verdad los reconocimientos salen sobrando. Aquí no es nada más reconocer. Pensamos que es un poco a la inversa y vamos a seguir exigiendo esa justicia hasta que nos sea posible y hasta que lo logremos”.

Doña Rosario está en lo correcto. Es cierto que la entrega de la presea conlleva la reivindicación social y política de la heroica lucha que por más de cuatro décadas han llevado a cabo las madres de los desaparecidos y perseguidos de la “guerra sucia”. También lo es que constituye un rotal reconocimiento a la enorme valía ética y humanitaria que subyace en el grito de batalla: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. Empero, ello no basta. Se requiere que los senadores impulsen la construcción de un compromiso de Estado sustentado en el objetivo estratégico de hacer brillar la verdad y la justicia en favor de las víctimas de ese nefando episodio de la historia reciente del país.

La sociedad en su conjunto tiene derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió durante ese período en el que el Estado sufrió un auténtico descarrilamiento; quiénes autorizaron la creación de la temible “Brigada Blanca”; quiénes tuvieron conocimiento de sus atrocidades y no impidieron su ejecución; en dónde están los archivos y bitácoras militares en los que se consignaron los operativos y encarcelamientos clandestinos que tuvieron lugar en el Campo Militar Número Uno y en el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes. En una dimensión particular, evidentemente los familiares tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos, a exigir que sean buscados y presentados con vida. Las autoridades están obligadas a dar respuestas claras y precisas a sus justos reclamos.

El imperativo de la justicia no admite dobleces. Las torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y demás violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por los miembros de la “Brigada Blanca” son crímenes de lesa humanidad y deben ser castigados del modo más ejemplar posible. Llevar a juicio a los responsables directos y por cadena de mano es la mejor manera de prevenir la repetición de esas repulsivas conductas.

Es absolutamente necesario reescribir la narrativa de la “guerra sucia”. Los senadores tienen en sus manos la posibilidad de trazar las primeras líneas con empatía, firmeza y patriotismo.