Con esta frase, salida de su inconsciente, el presidente de la república definió su situación actual.
Sabe, aunque no lo acepte, que la liberación del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, representó un golpe mortal a su autoridad moral. En una especie de involuntaria confesión reconoció: “… Si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral”
Lo que más preocupa a López Obrador, en este momento, es la encrucijada en la que el famoso y poderoso Ovidio lo dejó a él y a su gobierno.
Un jefe de Estado obsecuente y consecuente con el crimen organizado ya no puede hablar de autoridad moral. Así de simple.
Un presidente sometido al poder de la delincuencia ya no puede recitar la frase reiterada: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”
Un político que le hace favores a las cabezas de los cárteles se traduce en protección al crimen y ya no tiene elementos creíbles para hablar de la “mafia del poder”, de una “minoría rapaz” o de que los gobernantes del pasado eran una pandilla de saqueadores.
En el rostro y en el discurso del presidente se advierte un duro conflicto de conciencia. El factor Ovidio ha operado como un cartucho de dinamita puesto en el corazón de la credibilidad de él y de su régimen.
Cierto o falso, el comunicado del Cártel de Sinaloa que circuló de manera profusa en las redes donde la organización delincuencial lamenta “profundamente” los acontecimientos en Culiacán, coincide con lo dicho por el abogado de la familia del Chapo Guzmán.
Ambos agradecen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que haya ordenado la liberación del junior y dejan ver que el enemigo del cártel no es el presidente, sino las fuerzas armadas federales.
¿Cómo traducir ese mensaje? ¿Que el Ejército, la Marina –dejada al margen en el operativo del 17 de Octubre– y la Policía federal están enfrentando al crimen por su cuenta y en la soledad? ¿Significa que quienes están defendiendo al país de la delincuencia organizada son los uniformados y no la autoridad civil?
¿Qué ya hay una división, una fractura, –cuando menos de visión y de voluntad–, entre el presidente y las instituciones armadas?
López Obrador soltó en una “mañanera” una frase lamentable: “Yo no estaba informado” del operativo en Culiacán. ¿No? ¿Y entonces? ¿El Ejército, la Guardia Nacional, la Policía, son los responsables? ¿Son ellos a los que hay que investigar para que quede a salvo quien dio la orden?
El mismo Jefe del Ejecutivo Federal se ha encargado de crear la percepción de que existe un pacto entre su administración y las organizaciones criminales.
La Ley de amnistía que perdona a narcomenudistas y extorsionadores, la orden de no responder el ataque de criminales porque “el fuego no se apaga con fuego”, las frecuentes muestras de conmiseración presidencial hacia la condición de preso del Chapo, la importancia que ha dado el gobierno, –junto con la parte legal de Joaquín Guzmán Loera–, para que la fortuna del delincuente, sea entregada a México, han creado la impresión de que existe un trato.
Las oferta hecha por la familia del narcotraficante –a través de su abogado–, para que AMLO coloque la primera piedra de una universidad indígena en la comunidad donde nació el capo, ha contribuido también a fortalecer la idea de que, efectivamente, hay cercanía y entendimiento entre las partes.
Si esas son versiones y rumores, lo que no es versión ni rumor es que fue el presidente quien dio la orden de poner en libertad a uno de los traficantes de cocaína y metanfetaminas más buscado por la DEA y el gobierno de Estados Unidos.
Y que esa decisión, independientemente de las razones y motivaciones, ha roto y puesto de cabeza el orden legal y moral de la nación. La más alta autoridad del país ha normalizado y legalizado, a partir de su decisión, la operación del narcotráfico.
Hace bien en estar preocupado. Sin autoridad moral, ya no se es, ni puede haber nada.
@PagesBeatriz