Columna: Observatorio PolíticoEs cuestión de días para que la Suprema Corte de Justicia de Nación se pronuncie al respecto sobre la llamada Ley Bonilla, es decir, la legislación que aprobó el Congreso local de Baja California para la ampliación del mandato de Jaime Bonilla.
Para los estudiosos en leyes y la Constitución, la ley será desechada porque es simplemente anticonstitucional.
Dos nuevos asuntos y la controversia solicitada por el anterior Gobierno del Estado se acumularon al expediente en el que ya obraban las acciones de inconstitucionalidad admitidas a cuatro partidos, así como la petición amicus curiae que hizo el Senador de Morena, Germán Martínez.
Para la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en su representación a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quizás para evitar con su presencia un mensaje de respaldo a la ampliación de mandato de tres a cinco años.
Recordemos que tampoco quiso asistir a la toma de protesta de Martha Erika Alonso cuando tomó posesión de su cargo como gobernadora de Puebla, ya que alrededor de su victoria electoral, rondaba un tufo de fraude electoral en detrimento de Miguel Barbosa, hoy mandatario de la entidad.
Sin embargo, la secretaria Sánchez Cordero no sólo le brindó a Bonilla un fuerte espaldarazo al afirmar que el mandato de cinco años es legal, también le expresó su deseo de que así continúe. Aunque previamente ante los medios de comunicación ella aseguró no podía pronunciarse a favor o en contra.
Un frase que fue captada en una trasmisión en vivo vía Facebook, fue la que escandalizó y encendió las redes sociales, miles de insultos y atropellos fueron lanzados en contra de la secretaria de Gobernación, quien dijo que la legislación va “pervivir”.
Olga Sánchez Cordero tiene razón en algo, por más incontrovertida que resulte, la Ley Bonilla es legal y está vigente. Ya que la Suprema Corte de Justicia aún no se ha pronunciado al respecto, pero la ministra en retiro, fue más allá al pronunciar públicamente su deseo de que dicha legislación perviva.
Apenas hace unos días, Olga Sánchez Cordero en tribuna aseguraba que en su opinión personal, la Ley Bonilla era inconstitucional.
Al parecer hay dos discursos, el público y el privado. O eso fue lo que nos quiso hacer creer Jaime Bonilla, quien cínico exclamó: ¡Eso es todo lo que necesitamos!.
¿En serio?
Jaime Bonilla se esta dando a conocer, en su ambición de poder, no le importa pasar y atropellar los valores e ideales del gobierno de la Cuarta Transformación.
Pero como dice el presidente la Corte, Arturo Zaldívar ante tantas expresiones: “no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” es la #SCJN. Determinación que se tomará en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes”.
Sin duda que Jaime Bonilla tiene un gran reto por delante, y cualquiera que sea el fallo de la SCJN, tendrá que trabajar duro para sacar a flote a la entidad, pues debe resolver los grandes rezagos que existen en materia educativa y aclarar el paradero de más de mil 600 millones de pesos que la administración pasada le quedo a deber a la Universidad Autónoma de Baja California.