Quienes han viajado en avión saben lo que es una zona de turbulencia. Al entrar en ella se agita la nave y cunde la alarma. Se oye la voz que previene, desde la cabina del piloto: “Vuelvan a sus asientos. Abrochen sus cinturones. Entraremos en una zona de turbulencia”. Las azafatas comprueban que los viajeros sigan las órdenes del piloto. Luego el avión se interna en nubes densas, intimidantes. Todos callan, algunos oran, otros simulan seguir la siesta. Aguardan, confiados, a que la maestría del buen capitán y la benevolencia del clima permitan superar el mal tiempo y reanudar el viaje en paz.

El piloto que ha prevenido a los pasajeros no provoca la turbulencia: la enfrenta, la resiste, la sortea. Cumple el deber que tiene como conductor responsable. Seguramente lo hace pensando en sí mismo  –¿quién no lo haría?–, pero también, y acaso sobre todo, en la seguridad, el bienestar, la tranquilidad de quienes se hallan a bordo de la nave y confían en la competencia, la prudencia, la serenidad de quien la conduce. No hace excepciones entre quienes viajan en primera clase y quienes lo hacen en clase turista, ni entre pasajeros y tripulantes; no distingue entre niños y ancianos, ni discrimina entre pobres y ricos. Todos están en sus manos, son viajeros a su cargo y deben recibir la misma atención y beneficiarse de su manejo competente. Todos: amigos y extraños, pasajeros frecuentes y viajeros ocasionales. El capitán responde por ellos.

El amable lector habrá entendido a qué me estoy refiriendo y podrá imaginarse, en consecuencia, las características de la turbulencia que hoy atraviesa nuestra nave colmada de viajeros –ciento veinte millones–, que viajamos con la única certeza prevaleciente: la certeza de la incertidumbre. ¡Vaya paradoja! En nuestro haber tenemos una sola esperanza: la que formalmente se ha depositado, sin alternativa practicable, en el talento y la entereza de quien se halla al frente de la nave y la conduce en una zona de turbulencia que él mismo ha provocado y que no parece dispuesto a sortear apaciblemente. Dispone: “Abróchense los cinturones. Entramos en una zona de turbulencia”. E inmediatamente agita los elementos y provoca la tormenta que sacudirá la nave. Habrá quien se salve y quien se pierda. El piloto dice para sí: distinguiré entre los que merecen llegar a buen puerto y quienes no lo merecen. Aquéllos arribarán con fortuna; éstos pagarán las consecuencias de su extravío.

Desde hace meses  –e incluso desde la víspera del inicio de nuestra azarosa travesía nacional–  hemos sido testigos del insólito manejo de la república, que viaja entre nubes indescifrables y se agita en medio de crecientes turbulencias. Al principio de la correría supusimos que pronto cesarían las adversidades y que todos  –sí, todos, sin excepción ni salvedades–  iríamos a bordo de la nave compartiendo el viaje, el camino y el destino. Muy pronto se advirtió que no sería así. Esta realidad nos ha seguido y perseguido, sin tregua, a lo largo de todo ese tiempo, que ya es mucho.

Desde la cabina del piloto han fluído incesantes novedades, ocurrencias a granel, improvisaciones de ruta y destino. Han acudido en torrente, inagotables, desconcertantes, fuera del manual de vuelo, al que algunos llaman Constitución Política, y otros, sencillamente, racionalidad. Las vicisitudes también se han producido al amparo de inquietantes reformas de aquel manual, adoptadas sobre la marcha bajo la batuta  –o el timón–  que gobierna el piloto y conforme a las instrucciones que éste prodiga desde el altavoz de la nave. Súbitamente se altera el plan de vuelo y vamos de nuevo hacia imprevistas zonas de turbulencia.

Todo discurso tiene un hilo conductor. Nuestro piloto nos ha ofrecido su propio hilo: por una parte, la crónica de las desgracias que nos afligieron antes de emprender este viaje accidentado, desgracias que efectivamente padecimos; por la otra, la redefinición del crucero que emprendió la nave bajo su mando: los viajeros cambiaron de sectores; dejaron de ser simples pasajeros; pasaron a ocupar categorías que los distinguieran y sellaran su ánimo y su futuro. Unos serían los malos, adversarios del piloto y de la nave, autores de las tormentas; otros, en cambio, serían los buenos, los partidarios clamorosos a los que se convocaría a una sola voz para que apoyaran, también al unísono, los designios que el piloto impone a la nave.

Esos designios acuden en tropel, sin razonamiento ni argumentación que intente persuadir y no sólo abrumar y condenar. Imperan porque sí, sencillamente. Para eso el piloto es piloto; para tripular y gobernar. ¡No faltaba más!¿O es preciso que el piloto sea también un demócrata escrupuloso? ¿Para qué, si tiene en sus manos el timón que se le entregó, confiadamente, cuando se hizo cargo de la embarcación? Si algún pasajero pretende solicitar, preocupado y temeroso, una explicación sobre los giros constantes y los coletazos que sufre la  nave, el piloto profiere algunas advertencias, descalifica  a  los medrosos, desecha los razonamientos y asegura que cuenta con datos  –que nadie conoce; datos misteriosos, irrefutables–  que le amparan en su caprichosa travesía.

Mientras corre nuestro viaje, el piloto asedia a los pasajeros con prevenciones y consignas. Entre ellas ha incluido, a última hora, un oscuro descubrimiento: habría pajarracos mitológicos que circundarían la nave, pretendiendo desestabilizarla con un golpe de la parvada que desviara al avión de su destino; se querría usurpar el manejo y expulsar al conductor. Contra esa ominosa pretensión, el piloto hace gala de la legitimidad que se le ha conferido desde el momento mismo en que ganó las alas que le permitirían tripular la nave, aunque olvidando que aquéllas le fueron conferidas bajo un procedimiento que ahora impugna y descalifica.

Dejo las metáforas y voy a los hechos, visibles y comprobables. Señor Presidente: usted se halla plenamente legitimado para ocupar el cargo que ostenta. Nadie lo discute. Esa legitimación tiene una fuente: la Constitución General de la República, los principios que se hallan en su cimiento, el proceso electoral que garantizó su advenimiento a la primera magistratura del país, el orden de libertades, democracia y garantías que compromete  –en la raíz y en el destino–  a los mandatarios del pueblo. Esa es la base de su mando. Y hay otro factor de su desempeño: la realidad, que sí existe, y el clamor de sus conciudadanos, sus razones y sentimientos, sus necesidades y esperanzas, sus derechos y libertades. No los de algunos, sino los de todos. Su poder se eleva sobre esos fundamentos; son factores de su legitimidad y deben ser razón de su discurso y de su comportamiento. Factores, pues, en el origen y en la marcha. Factores de gobernabilidad conforme a un diseño democrático.

La campaña electoral quedó atrás. Desde su conclusión ha corrido más de un año. En todo ese tiempo hemos aguardado a que el conductor oriente el viaje para bien de todos, con talento y esmero, equilibrio y prudencia. Hemos esperado que el lenguaje de la contienda, la polémica encendida y excluyente, el encono, la descalificación y el denuesto cedan el espacio a la conciliación ciudadana, al diálogo fecundo, a la concordia sobre la que se pueda construir no apenas una pretendida cuarta transformación, sino una verdadera nueva época para esta república dolida y expectante.

Hemos esperado  –y seguimos esperando–  una laboriosa reconstrucción de instituciones republicanas averiadas, menoscabadas; una reconstrucción que repare antiguas devastaciones y recupere los valores y principios que permitirán el desarrollo de nuestra democracia. Es verdad que hubo, en el pasado distante y en el pretérito reciente, desmanes y atropellos, y también es verdad que conviene denunciarlos, en aras de la verdad, y corregirlos, en mérito del progreso.

Todo eso es verdad, que se proclama constantemente. Pero no es menos cierto que ha llegado la hora  –quizás llegó desde el 1º de diciembre de 2018–  de moderar los enfrentamientos, abolir el encono, gobernar para todos, conciliar las diferencias, convocar a la unidad y la armonía, instaurar un nuevo proyecto de república, en el que participemos todos los mexicanos, y ejercer la gran virtud de la tolerancia que abrigue las más diversas opiniones y les brinde cauce.  No  es  necesario,  ni  conveniente,  ni justo ni sensato insistir  –como si se tratase de una política de gobierno, ya que no de Estado–  en que México se halla dividido entre partidarios y adversarios, aquéllos con plenos derechos y libertades, y éstos con facultades declinantes.

Usted, señor presidente, suele darnos lecciones de historia y derecho. Entre ellas pudiera figurar la lectura  –y en seguida la práctica–  de algunas disposiciones constitucionales, oriundas de nuestra mejor historia, antigua o reciente. El artículo 1º de la Constitución dispone que todas las autoridades  –no hace ninguna excepción, ni siquiera para el funcionario de mayor jerarquía–  tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes del país. El artículo 6º de la misma ley suprema resuelve que todas las personas tienen derecho a buscar, difundir y recibir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y el artículo 24 reconoce a todos la libertad de adoptar y profesar las convicciones éticas que prefieran. No invento disposiciones; sólo reproduzco los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por supuesto, quienes se hallan amparados por esos textos constitucionales confían en que las autoridades honren escrupulosamente sus estipulaciones. Creen que esas autoridades  –desde la más modesta hasta la más encumbrada–  habrán de observar y cumplir lo que la Constitución asegura. Nadie puede esperar, en consecuencia, que el ejercicio de la libertad de expresión al amparo de las convicciones propias desencadenará el discurso hostil de las autoridades.

Últimamente han surgido algunas tensiones que millares  –o millones–  de ciudadanos hemos observado con extrañeza y desconcierto. Nadie pretende, ni remotamente, como no sea un alucinado que milita contra la historia y la razón, que se cuestione la legitimidad del primer mandatario y se emprendan aventuras trágicas como sería la que usted ha llamado un “golpe de Estado”. Eso constituiría una aberración inaceptable, una vuelta a los peores capítulos del pasado.  Lo que deseamos y necesitamos  –y supongo que usted mismo, en el fuero de su conciencia de estadista y patriota, también lo desea y necesita–  es responder con hechos a la inquietud, a la demanda, a los requerimientos de los mexicanos que solicitan respuestas razonables a sus necesidades y esperanzas. Millones de mexicanos, digo, entre los que figuran quienes comparten sus ideas y quienes no las comparten, unos y otros con pleno derecho de coincidir o discrepar y todos con derecho pleno de ser respetados e incluidos en la marcha de la república. Millones que no merecen  –ni aceptan–  ser rechazados, proscritos, acosados, ofendidos. Millones que se abrigan bajo el imperio de las normas constitucionales.

La atención a esta realidad  –la realidad “sí existe”, señor presidente–  es factor de gobernabilidad; más aún, es el único factor de una gobernabilidad legítima, que no se funda en la violencia. Esa atención constituye el genuino blindaje del gobernante en una sociedad democrática. ¿Es mucho pedir, señor presidente?