Si se mira con el ojo de la frialdad de la crítica, el operativo fallido en Culiacán el 17 de octubre tiene menores implicaciones de seguridad que los efectos de tsunami en lo político.
La intención de cumplir una orden de extradición a los EE. UU. de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, encargado de una de las áreas de producción y trasiego de drogas químicas, generó más una crisis política en el gobierno federal y en el gabinete presidencial; en materia de seguridad, la fallida operación se va a rehacer y más temprano que tarde el hijo de El Chapo alcanzará a su padre en alguna prisión estadunidense.
Parece olvidarse que ha habido operaciones fallidas para atrapar a Nemesio El Mencho Oseguera del Cártel Jalisco Nueva Generación y a José Antonio Yépez Ortiz El Marro del huachicolero Cártel de Santa Rosa de Lima. En estos casos, es cierto, no hubo una respuesta violenta de las bandas, sino sólo la huida del terreno de captura.
La estrategia de seguridad mostró dos debilidades en el caso del Chapito: falta de cohesión real en el gabinete de seguridad y la personalización de las crisis en la figura del presidente de la república ofrecida a la confrontación diaria en las conferencias de prensa matutinas.
Pero el problema no fue el repliegue de las fuerzas de seguridad en Culiacán ante la guerra violenta estallada por el Cártel de Sinaloa para exigir la liberación de su jefe retenido en su casa y a punto de ser llevado al aeropuerto para su deportación. La crisis real fue de orden operativo. No debe olvidarse que antes de Culiacán se dieron ataques, choques, enfrentamientos y saldos de muerte en Aguilillas, Michoacán, y en Iguala, Guerrero; y que después de Culiacán ocurrió el dramático ataque de una banda criminal contra un grupo familiar del activista Julián Le Barón en una zona fronteriza entre Sonora y Chihuahua, con un saldo dramático de siete niños y tres mamás asesinados con balas de alto calibre.
Más allá del hecho de que el operativo no previó la respuesta criminal en Culiacán, los datos en un obturador abierto rebelan una violencia creciente del crimen organizado, en tanto que la estrategia de seguridad se basa en la no-persecución de capos y en la búsqueda de negociaciones de rendimiento pacífico de los cárteles.
Ahí se localiza la verdadera crisis de seguridad: los cárteles no quieren la paz y sus funciones se resumen en seguir traficando drogas y en seguir peleando a balazos las plazas de asentamiento de bandas. En los hechos, toda la república, el 100% del territorio, está invadido por bandas criminales. Y ante esta presencia ominosa, la estrategia el gobierno actual sigue siendo el repliegue de las fuerzas de seguridad para dar condiciones a una paz pactada.
Aguilillas, Iguala, Culiacán y los asesinatos de la familia Le Barón configuran mensajes de rechazo de las bandas criminales a la oferta de paz y exigen un replanteamiento de la estrategia de seguridad del Estado.
Ley de la Omertá
Si alguna responsabilidad no asumida existe en el equipo de seguridad del gobierno lopezobradorista, debe buscarse en la falta de una comprensión estratégica –no sólo informativa– del proceso de nacimiento, consolidación y hegemonía de los cárteles del crimen organizado. En el ejército todos los oficiales de alta graduación han teñido que hacer maestrías en seguridad pública, interior y nacional y han debido indagar la historia de la delincuencia en México.
Uno de los libros recomendables sobre el tema es México en riesgo. Una visión personal sobre el Estado a la defensiva (editorial Grijalbo, 2011) del general retirado Jorge Carrillo Olea, involucrado en asuntos de seguridad desde 1976. Las experiencias vividas, con resultados irregulares en el estado mayor presidencial, el área de seguridad nacional de Gobernación, el CISEN y las oficinas antinarcóticos de la PGR, aportan elementos suficientes para entender por qué la estrategia actual está fallando, como fallaron las anteriores.
Carrillo Olea fija el surgimiento del crimen realmente organizado en Guadalajara con el grupo marihuanero de Miguel Angel Félix Gallardo, conocido como El Padrino y promotor del modelo de los cárteles o grupos unidos para fijar control de precios y trasiego de drogas. Félix fue arrestado en 1989 y a la fecha sigue su juicio.
En su texto que mezcla historia personal de su trayectoria militar en el área de seguridad con el registro de hechos, Carrillo Olea semana que el problema del narco comenzó a incubarse en el sexenio de López Portillo, pero sin captar la atención presidencial sino encargando las tareas contra el narco al entonces oficial mayor de la PGR, Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la república. Y desde entonces, vía la Operación Cóndor, el ejército había sido involucrado en tareas de destrucción de sembradíos.
Desde más o menos 1979 ha venido creciendo el problema del narco, sin que las autoridades hasta la fecha tengan una estrategia real para combatir a los cárteles.
Zona Zero
- El fondo del fondo de la crisis en Culiacán radica en el hecho de que el gobierno se centró en la estrategia de “abrazos y no balazos” y de construcción de la paz y no perfeccionó los operativos a veces inevitables contra el crimen organizado. En este sentido, es de esperarse que en el corto plazo la estrategia dé un golpe de imagen arrestando a algún capo para cuando menos diluir un poco Culiacán.
- La crisis de Culiacán también generó resentimientos al interior del gabinete de seguridad donde las relaciones estaban siendo muy tersas. Mientras el general secretario salió a aceptar responsabilidades y fallas en el operativo, en Seguridad y Protección Ciudadana se la pasaron eludiendo su parte de acreditación del operativo fallido, sobre todo por las declaraciones contradictorias del secretario Durazo.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh