Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, es parte de la toma de protesta que se dice al llegar a los cargos tanto de presidente de la República como de legislador, y en realidad, proteger el Estado de derecho es la función primigenia de la existencia del Estado y por lo tanto del gobierno. Dicho de otra manera, un gobierno que no puede garantizar la vida y la seguridad es un gobierno que falla, se le debe llamar Estado fallido y no existe un calificativo peor.
El aumento de la inseguridad y de la violencia durante el año que ha transcurrido desde que López Obrador asumió el cargo de presidente es el mayor fracaso de su gobierno y su nueva propuesta para afrontar dicha responsabilidad es una ley de amnistía que lejos de enfrentar el problema lo normaliza y con ello claudica a su mayor responsabilidad como gobernante.
Las leyes de amnistía son un recurso que suelen utilizar los gobiernos para enfrentar situaciones excepcionales. Un ejemplo de ello en nuestro país fue en 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas y tomó por la fuerza varios municipios en Chiapas y días más tarde, el Ejecutivo mandó una ley de amnistía para liberar de responsabilidad legal a todos los involucrados en los conflictos, pero se especificaba claramente una temporalidad y una situación, no se normalizaba el conflicto.
La ley propuesta por el presidente López Obrador es muy distinta a un caso de excepción y favorece permanentemente a los criminales y perjudica directamente a las víctimas, ofreciendo beneficios a quienes están privados de la libertad, los indiciados, procesados y sentenciados por delinquir en robos sin violencia a casa-habitación, sustracción de celular y de tarjetas de débito y crédito, o bien por delitos cibernéticos y robo de identidad, entre otros.
El daño generado en un robo a casa habitación no es cuantificable en el precio de lo robado, sino en su valor y lo mismo pasa con un narcomenudista, que el daño que genera a las familias y a la sociedad en general no es cuantificable en el precio de los estupefacientes o de las transacciones.
Lo peor es que la merma a la capacidad de ofrecer seguridad va más allá que la propuesta de amnistía. El gobierno actual ha debilitado las instituciones encargadas de impartir justicia y ahora pretende debilitar también el marco legal para poder impartirla. El recorte para 2020 en el Poder Judicial fue de 1,327 millones de pesos y de la Fiscalía General de República es de 1,500 millones.
El problema de seguridad es evidente y en el gobierno del presidente López Obrador no parecen tener mucha idea de cómo enfrentarlo. La propuesta de amnistía es una forma de claudicar y de reconocer la incapacidad de ofrecer soluciones. México necesita la paz a la que se comprometieron en campaña y eso no se logra cerrando los ojos ante la realidad y haciendo legales los delitos.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
@JCRomeroHicks