Por Cecilio Ferro Villa

El presidente López Obrador insiste un día sí y el otro también en la necesidad de que su desempeño sea evaluado. Esa obcecación proviene de su creencia de que a mano alzada el grueso de la sociedad avalará su forma de interpretar al país, que no es lo mismo que administrarlo. La racionalidad y el conocimiento que debe caracterizar a cualquier funcionario público es algo banal para López Obrador, a quien solo parece importarle que todos sus servidores pasen bajo el rasero de lo que él mismo entiende por “honestidad”, pero hay que subrayar que aceptar un cargo público del que no se es experto, también es corrupción.

Tenemos entonces que el actual gobierno no es una administración de expertos, sino una engañosa comparsa de ujieres con caretas de “honestos” e incapaces observar en perspectiva que el campo de México en sus distintos niveles, trabaja todos los días y en todas las condiciones climáticas para producir los alimentos que llegan a la mesa de todos. El trabajo del sector agroalimentario debería importarnos a todos porque tiene un fin superior que parece no ser entendido por la mayoría legislativa y mucho menos por el Ejecutivo: alimentar a una sociedad y al mismo tiempo contribuir al crecimiento laboral y al desarrollo rural.

Bajo la óptica –o más bien, miopía– de la cuatroté, son lo mismo las agrupaciones que ven por los intereses de los campesinos, las organizaciones “campesinas” que encubren intereses políticos y las cadenas productivas agroalimentarias. Al respecto, no sorprende que el presidente López Obrador se haya obstinado en podar sin distingos el Presupuesto para programas del campo y darle una orientación eminentemente subvencionista, lo que inevitablemente perjudicará la productividad del sector primario –sobre todo la de los productores medianos y en crecimiento– quienes durante los últimos años se empeñaron en elevar sus estándares de calidad para competir a nivel internacional.

El pasado 1 de diciembre, en su alocución respecto a las políticas para el campo, AMLO reiteró su interés por el “fortalecimiento de la Economía Popular” como  directriz para “la recuperación del campo”. ¿Qué significa? Se entregarán subsidios directos y sin indicadores claros a programas clientelares y políticos disfrazados de “justicia social”, pero que en poco o nada beneficiarán la producción de alimentos.

En el anexo 11 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) –un programa creado en 2001 para potenciar la transversalidad de las acciones de diferentes secretarías para favorecer al campo mexicano– se observa una disminución de 3.5 por ciento de lo asignado en 2019. Significativamente los diputados sí entendieron las señales de inconformidad de los productores y las consecuencias del castigo y consiguieron aprobar para para el PEF 2010, 339 mil 870.9 millones de pesos, es decir, 8 mil 415.6 millones de pesos más que lo que había propuesto el Ejecutivo. No obstante, su vertiente laboral se pierde al quedar fuera el Programa de Empleo Temporal. Las movilizaciones de los productores sirvieron, pero no alcanzaron para todo. En contraste, los programas de corte social se quedan con el 33.6 por ciento, con una ampliación presupuestal 4 mil 488.1 mdp, que se asignarán a programas como Sembrando Vida (con un incremento de 2 mil 509.2 mdp).

Programas que incentivan la productividad del campo, como el de Garantías Liquidas solo tendrá para ejercer 950 mdp, el Programa de Coberturas se queda con mil 100 mdp, el concerniente a las coberturas para Seguros Catastróficos ejercerá solo 350 mdp y Capital Emprendedor, 100 mdp.

Estas disminuciones ya están generando incertidumbre y descontento en los gobiernos federales, sobre todo en las entidades con mayores valores de la producción en el sector primario como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, SLP y la región del Bajío, porque saben que la producción agroalimentaria está al margen de cuestiones partidistas, pero sí sujeta al capricho de funcionarios presuntamente “honestos”, pero distantes y hasta ignorantes de las necesidades precisas y tiempos del campo.

El nivel de incertidumbre para el sector agropecuario es tal que ha logrado conjuntar en la advertencia a organizaciones campesinas como empresariales sobre una baja en la productividad, un incremento en las importaciones –de granos, gravísimo–, elevación de los costos al consumidor final y crecimiento de la cartera vencida de los productores con los bancos, al no poder acceder a los apoyos gubernamentales. Una tormenta perfecta que aleja la promesa de autosuficiencia y soberanía alimentaria, que ni siquiera el propio López mencionó en la parafernalia del primer aniversario de su gobierno.