El Presidente de la República acusó en el “patíbulo mañanero” al director del Hospital Infantil de ser el causante del desabasto de medicamentos contra el cáncer.
Se trata de un juicio temerario, por imprudente y peligroso. De una aseveración perversa que busca inventar culpables para “lavarse las manos”, ocultar la verdad y evadir la responsabilidad que tiene, sin duda, el gobierno.
Detrás de esa carestía de medicamentos, nunca vista o vivida, –ni siquiera en las administraciones más corruptas o ineptas del pasado–, está la inexperiencia e incompetencia, aunque también la soberbia y el desdén, de quienes encabezan y forman parte de un sexenio disfuncional.
López Obrador responsabilizó primero a los laboratorios Pisa de no producir suficiente metotrexato, medicamento especializado para el cáncer. Luego, Cofepris acusó a la empresa de fabricar ámpulas contaminadas, más tarde, se dijo que el laboratorio estaba ocultando la sustancia para venderla más cara.
Ningún funcionario ha sido capaz de dar una explicación clara y honesta sobre la falta de medicinas. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha permanecido oculto, escondido y en calidad de desaparecido seguramente por orden presidencial.
La grave crisis que hoy pega sobre todo a los mexicanos más pobres tiene un solo origen: el gobierno de la 4T decidió romper la cadena de abasto de medicamentos.
Se les ocurrió que para combatir la corrupción había que prescindir de los distribuidores y negociar directamente con los laboratorios. El pequeño detalle es que los productores no tienen la infraestructura, el equipo y el personal especializado para trasladar del centro del país al resto de la república sustancias que tienen caducidad y exigen ciertas condiciones de almacenamiento.
El gobierno ha tenido que pagar dos o tres veces más a distribuidores improvisados para abastecer a los centros estatales de salud con pocos o nulos resultados.
También creyeron que comprar insulina o metotrexato para surtir a todos las clínicas y hospitales públicos del país equivalía a adquirir, de un día para otro, toneladas de tortillas, sin saber o entender que los laboratorios nacionales o extranjeros necesitan varios meses para procesarlos.
El gobierno no hizo las compras en tiempo y forma. No cumplió con el calendario al que está obligado cualquier país para evitar la escasez y una eventual crisis de salud.
Las autoridades han mantenido oculto el porcentaje de desabasto para evitar un golpe político mortal, pero se habla extraoficialmente de una cifra superior al 50 por ciento. Los hospitales ya no cuentan con las 140 medicinas básicas y especializadas que necesitan estar siempre en el almacén.
Pero aquí viene lo peor. Pese a que han comenzado a morir enfermos y los familiares de los pacientes salen desesperados a protestar a las calles, los funcionarios insisten en que no entraran en contacto con ciertos laboratorios y distribuidores –que tienen medicamentos y podrían surtirlos de inmediato– porque son corruptos.
Los más pobres de México, –el “pueblo bueno y sabio”– paga con su vida y salud, las ocurrencias del gobierno que llevó, con su voto, al poder.