Una de las preocupaciones e intenciones del titular actual del Ejecutivo Federal es pasar a la historia y entrar a ella como una figura a la altura de un Hidalgo, de un Juárez, de un Madero o un Lázaro Cárdenas. El uso maniqueo de la Historia como parte de la construcción de un mito, no es la intención de estas líneas, ya volveremos al tema en otra ocasión.
Lo que motiva esta reflexión es el afán del Presidente de construir el Tren Maya, sin apegarse a la normatividad ambiental aplicable y sin consultar a las comunidades originarias y pueblos indígenas. Y es que el empecinamiento de continuar con el proyecto a como dé lugar, camina a contrapelo de su interés de pasar a la Historia como un defensor de los pueblos indígenas y protector del Medio Ambiente.
Es cierto que la Península de Yucatán requiere de ampliar sus vías de comunicación, que necesita fortalecer su desarrollo y elevar las condiciones de vida de su población, así como, fomentar actividades agrícolas, pecuarias y turísticas. En ese sentido, la construcción del Tren Maya, es un proyecto que puede permitir a los habitantes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, contar con vías de transporte de carga y pasajeros rápido y barato, y movilizar así, sus cosechas, sus cargamentos de carne de cerdo y miel, entre otros productos; que exporta a varios ligarse del mundo; mover flujos turísticos que visitan los vestigios de la cultura maya, principalmente europeo y asiático.
Todo esto, está bien, solo que el proyecto no respeta la normatividad jurídica aplicable. En principio, este proyecto férreo, si bien en ciertos lugares, cuenta con los derechos de vías, dado que se pretende utilizar un antiguo tren de vía angosta o correr paralelo a carreteras en funcionamiento; en otros lugares cruza o atraviesa zonas arqueológicas o de protección ambiental.
Y estamos ciertos, que nadie quiere destruir los vestigios arquitectónicos de la cultura maya, que es la que atrae a los turistas, además de que sería un atentado al patrimonio cultural de la humanidad. Y desde el punto de vista de la protección y cuidado del medio ambiente, hasta donde se conoce, se pondría en peligro la zona de la selva Lacandona y miles de especies de aves, mamíferos, insectos, algunos emblemáticos como el jaguar.
Y más grave aún, cuando se habla de polos de desarrollo, implica un cambio del uso del suelo y a disposición de tierras, que habría que revisar sus condiciones jurídicas, en tanto, son ejidos y/o tierras comunales y, establecer nuevos asentamientos, requiere resolver el problema de abastecimiento de agua y que fatalmente afectaría las redes subterráneas de agua de toda la península.
¿Y cuando se habla de polos de desarrollo en que se esta pensando? Zonas hoteleras en las cuales los habitantes están condenados a desempeñarse como jardineros, cocineros; meseros, choferes y las mujeres como recamareras y sirvientas. Repetir el escenario de Can Cun, Playa del Carmen, Tulum, por citar solo algunos puntos cercanos. Perpetuar la desigualdad social es la propuesta del nuevo gobierno o el objetivo del proyecto.
El respeto a los pueblos indígenas debe tener sustento en respetar su entorno ambiental, cultural y social, por ello México, ha signado compromisos internacionales e incorporados en su legislación interna, constitucional y legal, la Consulta a los Pueblos Indígenas. La consulta que supuestamente se realizó, no cumple los estándares internacionales y no se ajusta a los parámetros de este tipo de consultas. Por si hiciera falta el EZLN expresó ya su rechazo y repudio total al proyecto y el gobierno no debiera desdeñarlo e ignorar su fuerza social.
En conclusión, el proyecto en estas condiciones solo genera repudio e incertidumbre. Hay que replantearlo. Por eso decimos, así no, Señor Presidente.
