El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, cimbró al régimen lopezobradorista cuando denunció ante el cuerpo diplomático la existencia de “unidades” gubernamentales que no respetan la presunción de inocencia.
Gertz ha evitado, hasta ahora, ser contagiado por el servilismo doctrinario que tiene enfermos y fuera de juicio a la mayoría de los funcionario de la 4T y esta salud mental y moral le permitió confirmar, ante el cuerpo diplomático, lo que “todos sabemos”: que hay funcionarios expresamente dedicados a violar el Estado de derecho.
Lo que no dijo Gertz, –porque no puede hacerlo–, es que esos funcionarios están dedicados a lanzar acusaciones, sin pruebas y al margen de la ley, por ordenes del presidente de la república.
El mismo AMLO lo reconoció: “Santiago Nieto no hace nada sin consultar con el presidente…”
Gertz, tal vez sin proponérselo, le pegó un puntapié a un régimen que ha hecho de la descalificación e imputación ilegal, del miedo, la persecución y el escarnio, la base de su poderío político.
El Inquisidor General, el Torquemada de estos tiempos, se llama Andrés Manuel López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, son simples operadores que se suben al patíbulo acatando ordenes para prender la pira o hacer funcionar la guillotina.
¿Contra quienes? Contras los que ordene su jefe. Dentro de un régimen fascista, como el que germina, la presunción de inocencia es una vacilada que estorba a los objetivos de quien aspira a controlar todo mediante el terror. Lo mismo a políticos de otros sexenios, que a empresarios rebeldes o a iglesias que no le muestran obediencia.
La pregunta de la Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, Socorro Flores, a Gertz Manero, dejó ver la preocupación que existe en el mundo hacia un gobierno que se burla de los tratados internacionales.
La diplomática puso en evidencia que México no respeta, entre otros derechos humanos fundamentales, la presunción de inocencia. Un principio que prohíbe tanto a un Jefe de Estado como a un juez o a cualquier funcionario a lanzar acusaciones o a sentenciar públicamente, sin que el imputado haya tenido derecho a un juicio justo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2007 que la presunción de inocencia no solo tiene que respetarse dentro de un proceso judicial, sino en todos los ámbitos de la vida humana porque busca proteger la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre.
Es decir, todo lo que el Inquisidor General destroza en las “mañaneras” es exactamente lo que busca proteger el principio de presunción de inocencia. Un derecho humano garantizado por la Constitución, los tratados internacionales y una serie de organismos globales.
Para AMLO, sin embargo, insultar, adjetivar, satanizar y llamar corruptos a sus adversarios forma parte de su derecho de réplica. El presidente miente o está mal asesorado. Así no se ejerce el derecho de réplica y lo que sí hace es fabricar culpables o, a conveniencia, “hacerse de la vista gorda” para redimir a corruptos incrustados en su gabinete.
Así que el Presidente de México, al operar como el principal violador de la presunción de inocencia, es candidato a ser denunciado y enjuiciado nacional e internacionalmente al pretender sustentar su poder en la transgresión de un derecho humano fundamental.