“Miserable el siglo en que tiene por delito
pedir justicia, y se castiga por tal”Quevedo
El 19 de enero de 2020 será recordado por la pacífica toma popular del Ayuntamiento de la Ciudad de México, al haberse reivindicado ese día al Movimiento Urbano Popular como un actor fundamental de la Historia de nuestra Ciudad.
Con la apertura del Ágora del Pueblo y de la Galería de Cronistas Urbanos-José Joaquín Fernández de Lizardi, en el segundo piso del Palacio del Ayuntamiento, el Gobierno de la Ciudad reconoce los aportes sustantivos de sus habitantes en la construcción de ese Derecho a la Ciudad por el que sectores “olvidados”, y antaño manipulados, desde los albores del siglo XX han sostenido una fuerte y permanente lucha.
Si bien es cierto que los constituyentes de 1917 fueron justos y generosos al reconocer los derechos que asistían a la clase obrera considerando en su artículo 123 “de utilidad social a las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados”, también lo fueron al integrar en la fracción XII del referida disposición como obligación patronal “proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que no podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas”, pero no es menos cierto que tales disposiciones resultaban inalcanzables e incumplibles ante las convulsiones políticas y la atonía económica registradas en aquel entonces en el país.
La especulación inmobiliaria en varias ciudades fue un tema recurrente en las reuniones de los partidos socialistas, a grado tal de constituir uno de los puntos más relevantes del 1er Congreso Socialista de 1919, en cuyos resolutivos se integró la exigencia popular de construir y ofrecer “casas baratas para obreros y trabajadores; reforma a las Leyes Inquilinarias y de Desahucio; baños y lavaderos gratuitos para el proletariado”.
El clamor popular desembocó en organizaciones inquilinarias, destacándose el Sindicato creado en el Puerto de Veracruz por el comunista Herón Proal, rápidamente reconocido en el resto del país como líder en defensa del derecho a la vivienda, ya que en 1922 encabezó la primera Huelga Inquilinaria del país.
La inequidad gubernamental hacia los sectores más vulnerables del naciente esquema desarrollista del país, obligó a que en 1942 el gobierno declarara la Ley de Rentas Congeladas a fin de responder a tan añeja demanda y con ello desalentar la férrea oposición popular al cambio de régimen del socialismo cardenista al liberalismo avilacamachista.
La medida gubernamental desalentó la construcción de vivienda popular, cuya demanda urbana se disparó al centralizar el desarrollo económico en las grandes ciudades del país, lo que conllevó un nuevo derrotero que culminó en 1985 con la constitución de un pujante Movimiento Urbano Popular que provocó cambios radicales en una metrópoli miserable que, como afirmó Quevedo, tuvo por delito pedir justicia y reprimir a quienes así lo hicieron.