El pasado 6 de enero, la Secretaría de Gobernación presentó un informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. De acuerdo con la información expuesta, se han identificado 873 fosas clandestinas. De la misma forma, con corte al 31 de diciembre pasado, expone la cifra de 61 mil 637 personas desaparecidas o no localizadas en territorio nacional, situación que lamentablemente continúa agravándose año con año.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparando de enero a noviembre de 2018, con el mismo periodo de 2019, podemos dar cuenta del desafortunado incremento en la incidencia delictiva; ejemplo de esto son los homicidios dolosos con un aumento de 26,623 a 26,959, es decir, el 1.26 por ciento; en el caso de lesiones, aumentó de 170,800 a 180,548, un 5.71 por ciento; el robo a negocio pasó de 97,109 a 102,378, el incremento es del 5.43 por ciento; la violencia familiar ascendió de 167,920 a 186,780, un 11.23 por ciento; el secuestro pasó de mil 186 casos a 1,231, un 3.79 por ciento; y los feminicidios aumentaron de 793 a 890 con 12.23 por ciento.
Lastimosamente, México atraviesa por una grave crisis de inseguridad y violencia. Las cifras son claves, es evidente la ruptura del Estado de Derecho. La impunidad y corrupción continúan aquejando a nuestra sociedad provocando un profundo –y en algunos casos irreparable– daño en las familias mexicanas.
Prueba de lo anterior ocurrió el pasado 17 de octubre, en donde fuimos testigos de cómo al gobierno le fue arrebatado el control total de una ciudad capital: Culiacán. Nunca en la historia moderna de nuestro país se había visto un hecho similar en el que la delincuencia organizada superara y sometiera a las fuerzas federales.
La problemática radica en que el Ejecutivo Federal no reconoce lo que está haciendo mal. Las estrategias –si es que las hay– no funcionan y todo indica que no existen consecuencias contra los funcionarios que realizan de forma indebida su labor, olvidando lo que les prometieron a millones de mexicanos. Sería importante que la 4T entienda que no se puede gobernar únicamente con intenciones.
Entre otras decisiones fallidas de esta administración, encontramos la del sector salud, como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) sin quimioterapias suficientes para niñas y niños con cáncer; la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, cuando hay una demanda urgente en México de contar con un aeropuerto de vanguardia que garantice el tránsito de pasajeros y su seguridad, así como buenos servicios aeroportuarios para desahogar el tráfico aéreo ya que el actual aeropuerto (Benito Juárez) está saturado desde hace años y no admite más reingeniería.
El Gobierno Federal debe modificar, urgentemente, la ruta por la que lleva al país. A más de un año de gobernar, no tenemos evidencia clara de que exista una verdadera planeación en las decisiones que se toman y es más claro aún que la improvisación no está funcionando.