Entrevista a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la corrupción

 

El destino del avión presidencial que inició desde el anuncio de que sería puesto a la venta –fue enviado a Estados Unidos por un año para su resguardo y exhibición con un costo de 30 millones de pesos–, obligó al presidente López Obrador a anunciar que sería rifado el próximo 15 de septiembre a través de la Lotería Nacional, mediante la emisión 6 millones de cachitos por un monto de 500 pesos cada uno. El anuncio fue considerado por algunos analistas como representativo de un líder populista y para otros, simples ocurrencias, pero se trata de algo que ha ocupado la atención nacional, como también lo fue la cena con los empresarios para que vendan los boletos y que han servido al gobierno federal para hacer a un lado problemáticas graves como el manejo del INSABI, la falta de insumos médicos, la crisis económica y el incremento de los feminicidios.

Para el politólogo por la UNAM en la FES Acatlán y maestro en Ciencias Políticas por el CIDE, Ricardo Alvarado Andalón, la venta y rifas anunciadas por el gobierno son legales, vía la creación del Instituto para devolver al pueblo lo robado, “son propiedades del gobierno que pueden ser subastadas o vendidas, para utilizar esos activos en aras de obtener recursos”.

Donde no es del todo clara la ley, apunta, “es qué hacer con esos recursos y si es un poco discrecional lo que decida hacer el gobierno federal, es decir, el presidente de la república”.

Asegura que por otro lado está la Lotería Nacional, encargada de hacer sorteos donde ”se venden boletos, se rifan, hay un ganador que se lleva una cantidad de dinero y con los recursos que obtiene normalmente lo destina a obras de beneficencia”.

El problema, apunta, “está justo en que el tema del avión presidencial está a ratos en una historia y a ratos en otra; el gobierno sigue echando cosas dentro de la narrativa para justificar los montos para explicar operaciones, pero la verdad es que llevan alrededor de dos semanas desde la primera ocurrencia y ahora la historia es totalmente distinta.

“Primero nos quedamos en que iban a rifar el avión y ahora vemos en que se va a rifar dinero y vamos a vender un montón de cosas y de ahí vamos a sacar para pagar los premios y vamos a pagarle también a los médicos y lo que surja de aquí a septiembre próximo”, advierte.

 

Procedimientos no claros

Asevera que el problema es que al ser ocurrencias “difícilmente son transparentes. Primero no es posible rifar el avión por el sistema de financiamiento al que está sujeto y por tanto había que darle otra salida a ese proyecto. El problema es que están tratando de cumplir una orden presidencial por encima del marco legal”.

El punto, advierte, “es que se trata de medidas aisladas y no sistemáticas, que poco influyen en el agregado del presupuesto general, ya que podrán significar algunos millones de pesos, pero difícilmente impactarán en las finanzas públicas del gobierno”.

El especialista de Mexicanos contra la Corrupción destaca que desde el punto de vista político ”se antoja más una cortina de humo para cubrir algunas de las deficiencias de la agenda pública, que realmente se trate de una solución de política pública.

“La disyuntiva real, económica es: tenemos este contrato con un avión carísimo que hay que pagar de aquí hasta el 2027 que es cuando el avión podría ser parte de los activos de Sedena. La pregunta que tenemos que hacernos es qué sale más barato, seguir usando ese avión, venderlo o cancelar el contrato y de ahí, simplemente tomar la mejor decisión “.

Agrega, “si vendemos el avión presidencial incluso mañana y encontráramos un comprador por el monto que quiere el presidente que son mil 300 millones de pesos, es un presupuesto similar que al que tienen las universidades de bienestar. No se trata de una cantidad extraordinaria de dinero, en términos del monto del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero resulta muy llamativo y popular, ya que a diferencia de gobiernos faraónicos pasados, lo que hace el actual gobierno es vivir con austeridad.

“Hay  que concederle al presidente que al revisar los gastos que reporta el gobierno en los viajes del presidente el último año, ha sido mucho más barato de lo que se gastaban tiempo atrás” puntualiza.

 

Lo políticamente redituable y los feminicidios

Alvarado Andalón destacó que el presidente va por lo políticamente redituable y busca tender cortinas de humo ante problemas graves.

“Es una ilusión diseñada desde el gobierno federal y concretamente del presidente de la República para girar la discusión pública en torno a un tema específico y surge justo cuando se discutían temas más graves, cuando reportes de seguridad mostraban incrementos preocupantes particularmente en Guanajuato y ha servido para seguir tapando otros temas al grado de que en un mes llegamos al extremo de mejor se hable de la rifa del avión que de los feminicidios”.

Indica, además, que el presidente no sabe como responder a temas “cuando estos se vuelven particulares ya que al querer acapararlo todo y ser el portavoz, no tiene todo el conocimiento técnico, porque nadie tiene todo el conocimiento técnico de todo, como el caso de los feminicidios, un tema del que se lleva discutiendo por lo menos 20 años en la agenda pública; de cómo está catalogado, por qué existe como existe y cuales son las deficiencias del Ministerio Público y las del Poder Judicial”.

Y apunta “justo viene el caso de Ingrid (Escamilla) que lamentablemente muestra la urgente necesidad de seguir teniendo un tratamiento especial, porque podemos tener una discusión muy técnica, sobre si tener un feminicidio o un homicidio con agravante. Tendremos que discutir que es mejor para la justicia en general, si el feminicidio es un modelo ideal de acusación de delito pero las fiscalías no tienen la capacidad de investigar y procesarlo, entonces es mejor un homicidio con agravante de género porque es más fácil de investigarlo y si se te cae la acusación de feminicidio tienes que volver a replantearlo como homicidio, eso dice el Código Penal Federal”.

Plantea que el tema es muy técnico “y el presidente no tiene la capacidad, no porque sea incompetente sino porque está en mil cosas y ese es un efecto pernicioso de la política de comunicación que lleva, que es la de que solo su voz suena como comunicación del gobierno federal”.

Y ahora, advierte, “con la detención de Emilio Lozoya, que es producto de un montón de trabajo de otros sectores aparte del gobierno, resulta un poco de agua fresca en el manejo de la agenda que se estaba tornando más complicada para el presidente”.