Hay que tomarle la palabra a López Obrador y ampliar el catálogo de causas por los cuales debe ser enjuiciado el presidente de la República.
Al delito por traición a la patria y delitos graves del orden común, –hoy inscritos en el texto constitucional– la iniciativa presidencial agrega el delito electoral y actos de corrupción.
Habría, sin embargo, que añadir otros.
Por ejemplo, iniciar un proceso de destitución al mandatario que deliberadamente viole la Constitución; al presidente que de muestras de ineptitud y mal desempeño, –como sucede en varios países–; por mala gestión presupuestaria, por delito de concusión –léase la cena del chipilín–, y por engañar a su pueblo.
Sugerimos, que no sea solo el presidente el que pueda ser procesado por estas causas sino los integrantes de su gabinete como sucede por ejemplo en Argentina donde el vicepresidente y los ministros pueden ser sometidos a un juicio que termine en su inhabilitación.
Si una reforma de ese tipo fuera aprobada, habría elementos de sobra para declarar culpable al gobierno de la 4T.
¿Por donde empezamos? ¿Por debilitar a los órganos autónomos y tomar decisiones dirigidas a destruir los cimientos de la democracia mexicana para imponer un régimen dictatorial?
¿Por “guardar” el dinero del presupuesto federal con fines inexplicables? ¿O por poner en riesgo la salud de millones de mexicanos por el desabasto de medicinas?
¿O qué tal por imponer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una incondicional violando leyes nacionales y tratados internacionales?
A la lista podría agregarse: la cancelación de estancias infantiles, la decisión de construir la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, o el Tren Maya, repartir dinero sin transparencia ni reglas de operación, o disponer de los bienes públicos –venta de embajadas o rifa del avión presidencial– como si fueran de su propiedad.
Las leyes mexicanas deberían dar a los ciudadanos las herramientas para destituir al gobernante que ponga en riesgo la calidad de vida de la población.
La incapacidad física, mental e intelectual también deberían ser causales de renuncia.
Pero, no caigamos en falsos optimismos. La iniciativa de reforma que envió el presidente al Senado de la para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución fue redactada para garantizarle una larga vida en el poder.
La eliminación del fuero presidencial, como la revocación de mandato, fueron pensadas para dar un golpe propagandístico. Para dar la impresión de que López Obrador es un demócrata, que no está obsesionado con el poder.
Reformas que fueron redactadas a sabiendas de que la silla presidencial está blindada por la mayoría que Morena tiene actualmente en el Congreso.
“El diablo, se dice, está en el detalle”. La propuesta señala que sólo el Senado tendrá facultades para proceder en su contra. Los senadores –a diferencia de los diputados– terminan su mandato hasta el 2024 y muchos de ellos, no solo los de Morena, responden al control y al amago que el presidente, a través de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, ejerce sobre ellos.