“Enfrenta la realidad tal como es, no como era o como deseas que fuera”
Jack Welch Jr.
Cuando alguien no está situado en la realidad, algunos dicen que se encuentra desfasado o bien que se le fue el avión, tal vez esto puede aplicar para muchas de las autoridades en el país, incluido el Presidente de la República que todos los días por la mañana nos receta a todos los mexicanos una dosis de irrealidad.
Ahora amenaza que está amarga experiencia se prolongue a sábados y domingos con el afán de contestar todas las aseveraciones de la oposición ya que el Ejecutivo Federal no tolera las contradicciones a su forma de pensar y de actuar .
No habría problema, si se tratara de un ciudadano común, porque su actuar podría encontrar apoyo o tal vez no, pero mientras no afectará a terceros, su conducta se quedaría en el ámbito de la vida privada.
Pero en el caso del Presidente de la República y de cualquier otro funcionario del nivel u orden que sea, su actuar está normado y reglamentado, es decir, no puede hacer lo que se le antoje como si de un soberano del siglo XV se tratara, que con poder absoluto y totalitario impusiera a sus vasallos el que hacer y que no hacer.
Pero no se trata de un príncipe o un monarca, estamos ante un funcionario público que se encuentra obligado a regir su actuar de conformidad a la Constitución y a las leyes que de ahí emanan.
El Presidente López Obrador y todos los funcionarios se encuentran sometidos a un principio de derecho: “El Principio de Legalidad” que establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta. Es decir, que solo le está permitido actuar conforme a las facultades expresadas en la ley.
Si no existe la facultad expresa en ley, entonces quiere decir que la autoridad tiene prohibido realizar esas acciones.
Y hasta ahora el Ejecutivo Federal y muchos de los integrantes de su gabinete han violentado este principio obligatorio. Pues en una decisión unilateral frenó la continuación del proyecto del aeropuerto de Texcoco e inició la construcción del de Santa Lucía.
Ambas decisiones generaron daños graves e irreparables. No le importo al Presidente los cientos de millones de pesos tirados a la basura, tampoco le importo que no se contaran con los requisitos legales para iniciar una obra, dictamen técnico y medioambientales.
Se han eliminado los procedimientos de contratación de obras y servicios conforme a licitaciones nacionales públicas y transparentes, la mayor parte han sido adjudicaciones directas que nadie sabe de fondo en que están sustentadas y quienes son los beneficiarios.
Los más recientes y graves hechos en contra de la ley y de los ciudadanos los constituyen la determinación de la COFEPRIS de permitir el acceso al país de laboratorios y medicamentos sin los controles sanitarios necesarios, esto es algo muy grave, pues esta institución es la encargada de velar que se reúnan los estándares y requisitos nacionales e internacionales de calidad y que al final resulten benéficos a todos. Pues ahora, sin facultades, da libre entrada, dejando a un lado los riesgos sanitarios y sociales que esto implica.
Y para rematar el Presidente López Obrador vuelve a la carga con la rifa del Avión Presidencial, nada más burdo e irreal. El avión legalmente no puede venderse, mucho menos rifarse, pues este fue adquirido en un proceso de arrendamiento a largo plazo que aún no ha sido liquidado y cuyo contrato sigue vigente.
Pero como al Presidente le resultó la bromita y tiene a todos enganchados con ella, le sigue atizando para desviar la atención de los problemas más graves que vivimos de inseguridad, economía estancada y salud con el desabasto de medicinas.
El Presidente tiene que regresar a la realidad, basta ya de que ande en su Avión y a todos les dé el Avión como coloquialmente se dice.
El Presidente debe cumplir las leyes y no lo ha hecho. Los ciudadanos le tenemos que exigir que lo haga.
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