Por Cecilio Ferro Villa
A unos días de iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa no contempla dentro de sus temas prioritarios los relativos al campo. Se mantiene el desinterés e indiferencia de muchas otras legislaturas. No obstante, las expectativas -aunque de bajo perfil- se colocan en las modificaciones de Ley para la creación de un nuevo organismo de financiamiento rural que se denominará Financiera Nacional Agropecuaria (FINAGRO), que aglutinará las funciones del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y AGROASEMEX.
Se trata de una iniciativa impulsada por el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El objetivo es fomentar el ahorro y la inversión, así como impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar su productividad y mejorar el nivel de vida de su población.
En otras palabras, se trata de otra más de las reestructuraciones de la Banca de Desarrollo ahora enfocada en: unificar (centralizar) las cuatro instituciones, a través de la atención de una ventanilla única que optimice y simplifique procesos (pero que bien podría volverse un cuello de botella que a cuenta gotas limite la atención efectiva).
Esta reestructuración de la banca de desarrollo es observada con escepticismo por parte de las organizaciones sociales que siguen viendo marginados a los pequeños productores. Durante una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda, advirtieron que se trata de una iniciativa muy técnica que adolece del enfoque de desarrollo social lo que la pone ya en riesgo de no generar un impacto masivo y positivo del financiamiento rural. Insisten en la necesidad de que los créditos dejen de concentrarse en los medianos y grandes productores como todo parece indicar y los hagan accesibles a los pequeños que son los que siempre resultan marginados. ¿Será que con la política de primeros los pobres, la cuatroté sí los considerará o se tratará de una nueva puntada?
La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su reciente informe advirtió: la población rural de México está en el abandono, pese a que la agricultura es la principal actividad generadora de empleo, con niveles de 45.9 por ciento, seguida del sector servicios (33.2 por ciento) y de la industria (20.9 por ciento). Pese a ello y a que la pobreza extrema afecta a 1 de cada 4 habitantes rurales, el crédito para este sector en México es el más bajo en América Latina. Tan solo el 1.9 por ciento del total del financiamiento disponible para el país, cuando a nivel región se ubica en 6.1 por ciento, en promedio.
Ese es el tamaño del reto que tienen ante sí los diputados para no legislar al vapor una iniciativa que permitiría reducir la pobreza extrema y las brechas de desigualdad.
El trasfondo de esta nueva intentona por transformar la banca de desarrollo también genera suspicacias debido a la decisión metajurídica del propio presidente López Obrador al nombrar a un responsable del FINAGRO desde el año pasado aún cuando el Congreso no ha votado la Ley Orgánica, y que al parecer para él sólo es un mero trámite.
Se trata de Francisco Javier Delgado Mendoza, un ingeniero Agrónomo Agroindustrial que participó activamente en el equipo que delineó los ejes del campo para la campaña presidencial de la cuatroté. En las especulaciones se le atribuyen sus méritos a su paso por Séminis -empresa de Alfonso Romo- aunado a su amplia trayectoria en organismos financieros ligados a la ruralidad.
El sector agropecuario necesita una banca de desarrollo que sea palanca que impulse la viabilidad de las inversiones, la generación de empleo y riqueza que contribuya a eliminar las desigualdades y la exclusión. Los diputados están frente a una nueva oportunidad de legislar a conciencia o simplemente levantar la mano por consigna.