La libertad siempre ha sido un bien escaso, difícil de adquirir y fácil de perder. La libertad de prensa lo es más porque cada que se escribe debe tenerse en cuenta que alguien podría no estar de acuerdo, incomodarse y responder, en el mejor de los casos. Por extraño que parezca, la libertad no solo impacta en el derecho de hacer y decir lo que se venga en gana, sino también en saber, en conocer y enterarse de casi cualquier aspecto de la vida pública, por una simple razón: los ciudadanos pagamos para ello.

Sin embargo, día a día hay quienes ponen a prueba o en peligro la libertad propia o ajena. Disminuir tal derecho no es exactamente fácil y por ello la tarea es incremental, poco a poco, ya que censurar de tajo implicaría una revuelta social que podría derivar en sangre y muerte. Afortunadamente parece que nadie quiere eso.

Cuando la actual administración entró en funciones, decidió disminuir el gasto de comunicación social dirigido mayoritariamente a televisión, radio y medios impresos en forma de publicidad. Tal quebranto forzó a muchos directivos a redefinir la línea editorial de cada uno de sus espacios de comunicación, lo cual fue más o menos fácil. Se fueron los más críticos porque la oportunidad era inmejorable.

En el momento en que conocimos la construcción del presupuesto de egresos 2019, conocimos nuevos programas sociales, financiera y geográficamente agresivos, pero totalmente opacos, sin reglas de operación, sin padrones de beneficiarios públicos y transparentes, operados desde la oficina de la presidencia y no desde la que fue la Secretaría de Desarrollo Social.

A falta de una reforma fiscal profunda, de hondo calado, decidieron castigar al contribuyente, al consumidor en sus finanzas personales. La solución ha sido estudiar patrones de consumo en el uso de tarjetas de crédito y débito para eventualmente fiscalizarlos.

Decidieron diseñar un nuevo cuerpo de seguridad de nombre Guardia Nacional, con la finalidad de desaparecer a la policía federal, pero con un alto componente militar. Ante tal medida, la ciudadanía y la oposición en el Senado de la República se “atrincheraron” y el plan inicial no vio la luz, aunque al final militares en retiro fueron designados como directivos de dicha institución.

Han decidido reservar como confidencial los detalles de temas tan polémicos como el operativo para detener y luego liberar a Ovidio Guzmán; las actividades del partido en el poder, todo lo concerniente al aeropuerto de Santa Lucía, a la visita y expulsión de Evo Morales, al festejo generosamente organizado para el líder de la Luz del Mundo en Bellas Artes, al plan de negocios de PEMEX, y reservaron algunos audios del accidente de la exgobernadora panista en Puebla y su esposo el exsenador panista Rafael Moreno Valle, todo por cinco años.

En los días transcurridos en 2020, algún alma caritativa y quizás arrepentida, filtró los borradores del anteproyecto de reforma al sistema de impartición y procuración de justicia, en donde sobresalen conceptos como arraigo, interferencia telefónica, aceptar como pruebas plenas aquellas que hayan sido obtenidas de forma ilegal, digamos por la vía de la tortura; designación de jueces fiscalizadores de sus pares en el sistema judicial por la vía del Senado y no del Consejo de la Judicatura, y la persecución del delito de “difamación” que supondría poner en peligro la actividad periodística.

Días después, la secretaria de Gobernación y el jefe del ejecutivo exigieron al Consejo General del INE que les entregara “los datos biométricos” de la ciudadanía, so pretexto de continuar con un proyecto soñado por varias administraciones: la Cédula Única de Identidad. Lo que en realidad pedían era el padrón electoral para, eventualmente,  cruzarlo con cualquier otra base de datos como los listados de beneficiarios de los programas sociales diseñados y ejecutados por la federación. Ni qué decir de las intenciones para minar el sistema nacional de elecciones por la vía de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales o las salas locales de impartición de justicia electoral.

Resulta extraño que una administración y un partido que se autodenominan como “liberales” hagan todo lo que está en sus manos para minar la libertad de los “conservadores”, de los “adversarios”. En palabras de Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia eterna… los estamos vigilando…

@DrThe