Entrevista con Jorge Sánchez Tello, investigador de Fundef
Gran alboroto causó en la opinión pública la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que indicaba que el monto para otorgar una pensión pasaría de 25 salarios mínimos a sólo 10. El presidente López Obrador y el director del IMSS, Zoé Robledo, salieron a aclarar que no se iba a aplicar la sentencia para los trabajadores mexicanos, pero las dudas persisten con relación a la verdadera razón en que dicha jurisprudencia –que ya se ha dado a conocer en otras dos ocasiones en lo que va el siglo–, salga a la luz.
Pero no es el único aspecto de este tema que debería ser revisado con motivo de la medida anunciada por la SCJN, pues al menos se debería preguntar que provocó que la Corte volviera a anunciarla y lo que verdaderamente representa en costos para el país las pensiones, en particular del sector público.
Siempre! Conversó con el investigador de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), Jorge Sánchez Tello, quien desmenuzó las implicaciones de las pensiones en México.
No es la primera vez
La entrevista inició con el tema de la jurisprudencia de la Corte y los efectos que causó en la opinión pública.
“Es una inquietud que no es nueva. Se sobrerreaccionó un poco y se pensaba que era una iniciativa de este gobierno, pero no es la primera vez que se presenta, la primera fue en 2010 y el director del IMSS no hizo caso de esto, en 2016 la Suprema Corte puso otra jurisprudencia y Mikel Arriola dijo que una cosa era la opinión de la Corte y otra lo que iban a hacer, y de nueva cuenta vuelve a surgir, hay que ver lo que hay detrás. Desde mi punto de vista, es una iniciativa que –no es que la traiga un gobierno en particular, porque ni idea tienen del tema–, es propuesta que ha tenido a mal distribuir la OCDE de José Ángel Gurria. En 2016 la Fundef criticó el documento de la OCDE que proponía una reforma al sistema de pensiones de México, porque no nos gustó la propuesta de meter incertidumbre a un sistema de pensiones que ya se cambió. En 1997, se dio la coyuntura para que un sistema de pensiones que era muy costoso, como era el del IMSS, se modificara a las Afores, para los trabajadores que entraban a partir de julio de ese año. Hoy en día, son 19 millones de trabajadores que reciben su pensión con el esquema anterior a 1997, y dentro de ese grupo hay un segmento de millón y medio de trabajadores que pueden recibir una pensión de más de 10 salarios mínimos. ¿Por qué es importante que el presidente no haya aceptado el cambio, al igual que el director del IMSS? Porque hubiera introducido una gran incertidumbre a un sistema que ya cambió. Las Afores tienen muchos defectos, se hubiese violentado el Estado de derecho. Paradójicamente, la SCJN –en algo que no sé– ha insistido mucho en el tema, ¿qué hay de fondo?, sería bueno que los ministros digan porqué han insistido en un tema que distintos gobiernos de diferentes colores les han dicho que no”.
Costos
Referente al sistema de pensiones que opera en el país, Sánchez Tello explica que lo que se debe revisar es el tema de costos que dicho sistema tiene, haciendo una diferenciación entre el sector público y el privado.
“No se puede argumentar que es un tema de costos. Hoy el sistema de la ley 73 le cuesta al país un 1.1 por ciento del PIB, cuanto más llegue a costar será el 2 por ciento y va a venir a la baja por la muerte de las personas que están en dicha ley conforme pase el tiempo. Entonces el sector privado se quedará únicamente con el sistema de Afores, pero en donde sí hay un problema es en el sector público. Este gobierno no ha dicho nada, tendría la oportunidad de hacer un cambio, pero el problema hoy en día son las pensiones en Pemex, en CFE –de lo cual el presidente ha dicho que no le quiere mover, pero debería hacerlo–, además en el país hay cerca de mil sistemas de pensiones, los cuales son un desastre en los estados, en los municipios, en las universidades públicas. En Fundef hicimos una investigación y preguntamos a los estados cómo estaban las pensiones y muchos estados no llevaban ni un sistema contable, en muchas universidades públicas los trabajadores, en el mejor de los casos, o no reciben el dinero que aportaron o éste lo robó el gobernador en turno y no van a recibir pensión”.
Nuestro entrevistado señala que lo que se debería hacer ahora que el tema está en la mesa de discusión, es revisar los sistemas de pensiones del sector público, porque el sistema privado que opera con las Afores aunque es perfectible, no representa un riesgo para las finanzas públicas.
“No es una bomba de tiempo. Viéndolo en magnitud, el actual sistema de pensiones representa el 1.1 por ciento del PIB, las pensiones públicas nos están costando el 155 por ciento del PIB, con Pemex cuesta aproximadamente cuatro veces más que este sistema. Nos llama la atención el golpeteo al sector privado, en especial porque son sistemas que se financiaron en su momento y por qué no se le mete mano y modernizan los sistemas de pensión del sector público, que es donde está la bomba de tiempo.
“Esto se explica por dos factores. El primero, las pensiones de Pemex, CFE, organismos, estados, universidades públicas son una bomba de tiempo porque no hay dinero para pagarlas. La otra bomba de tiempo se refiere al tema de las Afores, pero es diferente. Se crearon en 1997 y tienen un problema, hay una baja pensión. Si una persona gana 10 mil pesos, al final de su ciclo tras 25 años de labores, solamente va a recibir una pensión de 3 mil pesos, esto se debe a que la aportación obligatoria es del 6.5 por ciento, cuando lo ideal es de 15 por ciento, entonces se tienen que poner de acuerdo el gobierno y la iniciativa privada para que esta persona reciba una pensión, por lo menos, de 7 mil pesos”.
“Si vemos la gran problemática que hay en cuanto a las pensiones en México, es muy amplia, pero donde menos problemas hay es en cuestiones de costos es justamente el tema que ha salido en esta coyuntura”.
Para Jorge Sánchez Tello, lo deseable es que se revise el sistema de pensiones para por un lado mejorar el sistema de Afores y, por otro, acabar con el riesgo de las pensiones en el sector público, considerando que se debe recordar que la jurisprudencia de la Corte está ahí.
“Afortunadamente, este gobierno aclaró que no lo va a cambiar, aunque la resolución de la Corte abre la puerta a que en un futuro, ya sea este gobierno o uno futuro, pueda hacer ese cambio”.
Bajas aportaciones
De acuerdo a un estudio de Fundef, uno de los problemas que se tienen en México respecto al sistema de pensiones, en la baja aportación que por trabajador que se integra a los fondos que manejan las Afores.
“En México la población mayor a 65 años está ganando participación en la población total. Esta realidad vuelve muy relevante tener regímenes con pensiones adecuadas y que sean autofinanciables. Por construcción el régimen de pensiones del sector privado en México cumple con la segunda condición. Esto porque se cumple con la identidad: PENSIÓN Proporcional (equivale a) AHORRO FUTURO.
Una primer variable relevante que afecta al nivel de ahorro y por lo tanto de la pensión es la cuota de aportación. México tiene la cuota más baja de la muestra de países de la gráfica”.
Entre las propuestas que ofrece, se encuentran las siguientes:
“Flexibilizar la regulación para que se mejoren las condiciones de competencia en la oferta de los productos y servicios que ofrecen las Afores.
“En el área de inversiones y de gestión de portafolios una mayor restricción no necesariamente es mejor. Demasiadas restricciones pueden tener un costo en términos de menor pensión para los trabajadores.
“El régimen de inversión en México es demasiado restrictivo. Se tiene que permitir a las Afores invertir más en acciones, instrumentos estructurados y activos extranjeros.
“El régimen de elección de Siefore debe privilegiar las de mayor riesgo como opción estándar y complementar con que a elección del trabajador se puede reducir el riesgo. Se sugiere modificar el esquema actual para aumentar el riesgo de “opt-in” por un “opt-out”.
“Si bien hay un límite de riesgo máximo, es conveniente evaluar si debe existir un nivel de riesgo mínimo”.