Entrevista con José Castillo Nájera, catedrático de Finanzas Públicas del Tec. de Monterrey

 

En días recientes, los  gobernadores de Coahuila, Jalisco, Nuevo León,  y Tamaulipas, pidieron que el gobierno federal revise el pacto fiscal, porque aseguran que producen más de lo que reciben.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y Jaime Rodríguez, el “Bronco”, de Nuevo León; son quienes pidieron una revisión de este recurso.

Alfaro incluso advirtió que de no analizarlo, podría retirarse de él, ya que hay métodos por la vía judicial para llevarlo a cabo.

Los mandatarios estatales estimaron que el periodo de recesión para evitar contagios de Covid-19 será más largo de los previsto, por lo que estudian estrategias económicas para enfrentarlo.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, dijo que se debe dar protección y apoyo a los empresarios, que hoy están aguantando con el cierre de sus comercios: “Convocaremos a las sociedades de nuestros tres estados, para que puedan ayudar también en aportaciones como ellos quieran, como ellos dispongan, la forma que sea, lo que queremos es que haya colaboración y generosidad, estamos enfrentando un virus, en los estados vamos hacer las redistribuciones presupuestales necesarias, sin embargo, lo que queremos hacer es no tanto la colaboración en el tema económico, sino la colaboración de la generosidad de la sociedad”.

Lo cierto es que la Ley de Coordinación Fiscal, se encarga de que todas las autoridades de recaudación, entidades federativas y municipios de México, colaboren en orden. Los Estados firman convenios en los que renuncian a la facultad de cobrar impuestos por si mismos a nivel estatal y municipal, a cambio de que la Federación les de una parte de los impuestos federales. Como todos han firmado los impuestos que más recaudan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), son administrados de forma Federal.

Por citar un ejemplo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, previó que la entidad afrontaría un recorte generalizado de 3 mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, para el Ejercicio Fiscal de 2020. El panorama afectaría áreas de infraestructura carretera, seguridad, salud y educación.

El problema es que algunos gobiernos locales contratan nuevas líneas de crédito, comprometiendo el flujo de sus participaciones federales.

Jalisco fue la cuarta economía más importante del país en 2017, aportó el 7.08 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, justifican por este hecho una mayor capacidad de endeudarse.

Por citar otro ejemplo, Coahuila desde hace 8 años hubo un histórico endeudamiento por 35 mil millones de pesos, se abrieron investigaciones oficiales, una de ellas impulsada por la Fiscalía estatal resultó una farsa, al no incluir la prueba principal, y la posibilidad de castigar a los culpables se vino abajo.

Así han pasado ocho años de la adquisición de créditos que convirtió a Coahuila en el cuarto estado más endeudado de México.

 

Por lo anterior este semanario, entrevistó al doctor José Castillo Nájera, Catedrático de Finanzas Públicas del Instituto Tecnológico de Monterrey; quién manifestó que el tema de revisar la Ley de Coordinación Fiscal, es sumamente interesante, la cuestión de la distribución fiscal de nuestro país, “siempre es bueno que se revisen las leyes, no solamente en materia tributaria,  cualquier tipo de ley siempre para su perfeccionamiento, es revisable. Entonces ya sea estos gobernadores o los que sean, es bueno que se revise la normatividad”.

A pregunta sobre qué consecuencias tendría terminar con los Convenios de Coordinación Fiscal que tienen los estados con la Federación, y cuál sería la ruta legal para hacerlo, dijo: “Más que terminar, el tema por lo que he estado escuchando en sus declaraciones, tiene que ver con una inconformidad de la distribución de sus recursos fiscales, este no es un rubro nuevo, desde el inicio que se creó la Ley de Coordinación Fiscal que viene desde los 80, la idea es que la Federación en su conjunto tenga una visión de Estado, esa es la idea desde su creación, y en la que todos los que participaron en ese entonces estuvieron de acuerdo. En esta Ley de Coordinación Fiscal, lo que se hace es asumir un acuerdo de voluntades tributarias, en las que las facultades que están establecidas en la Constitución Federal, para que cada una de las entidades a su vez tengan facultades de recaudación y también la propia Federación, se hace una división de niveles de competencia: Federal, Estatal y Municipal, lo que viene ha hacer la Ley de Coordinación, que ese es el punto por el que a veces se inconforman, dependiendo de la situación si les corresponden más recursos o no, es la Ley de Coordinación Fiscal, ese es el instrumento, si se refiere a la distribución de cómo están ahorita las contribuciones federales, locales, y estatales, distribuidas, ese es el tema a reformar, la Ley de Coordinación Fiscal”.

El también catedrático de la UNAM, enfatiza que no sería tanto romper, sino ajustar probablemente lo que viene contenido en esa Ley, de hecho la propia Ley trae fórmulas en las que el ingreso se distribuye de acuerdo a esa fórmula. “Siempre ha sido un tema de discusión para quienes nos gustan comentar estos rubros, porque depende la visión que se tenga como estado, esa fórmula se batalló mucho para tenerla. De hecho, no ha tenido modificaciones, tiene ya como tres décadas, y ha estado distribuyendo el recurso.  La cosa sería si quisieran plantear el cobro o la recaudación de contribuciones de otra manera, y eso si sería una vía constitucional, es decir, si quisieran por ejemplo decir que el Impuesto Sobre la Renta no lo recaudara la Federación, todo lo que de ahí se recaudara, fuera a una entidad federativa, eso si sería ya una modificación constitucional. el otro, el tema de como están ahorita los impuestos, las contribuciones distribuidas en la Federación, Municipios, y Estados, no habría problemas para irnos a la Constitución sería a través de la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal”.

Insistió, más que a romper, vuelvo a decir, si un Estado en las actuales condiciones ahorita no se siente sea beneficiado, es muy sencillo salirse del acuerdo, porque este se firma con la Federación es voluntario, la propia entidad federativa se adhiere a lo que viene establecido a través de estos acuerdos.

Menciona que si una entidad decide dejar el convenio puede hacerlo, simplemente ya no seguiría en la materia de la Ley de Coordinación Fiscal. El tema es que se comenta eso y tendrían que hacer muy bien sus números: “A veces si les puede generar algún tipo de dificultad para ellos, pensar que van a recibir menos o más, dependiendo como se distribuya el recurso, pero eso ya es voluntad de la entidad federativa, de los cálculos que tengan”.

Respecto a que Jalisco fue la cuarta economía del país más importante en 2017, ya que aportó 7.8 por ciento del PIB nacional, y justifica por este hecho una mayor capacidad para endeudarse también, que podría ser el caso de cualquier entidad, el catedrático del Finanzas Públicas del Tecnológico de Monterrey, dijo “así es, creo que entre más problemas se tienen como los que actualmente vivimos, hay la fortuna de que se estudian técnicamente posibles soluciones, las entidades federativas ahorita tienen la gran oportunidad para poder revisar tanto fiscalmente o financieramente su situación económica, y ver cómo realizarán sus estrategias, ó en el mejor de los casos junto con la Federación; pero sino también velando por sus intereses de sus ciudadanos, en los particular como entidad federativa, y tener oportunidades de afrontar todo lo que se viene”.

En el transcurso de la entrevista Castillo Nájera, narró: “Cuando era joven elaboré un estudio que tiene más de 30 años, en el que me atrevía a soñar en otra forma de distribución de los ingresos que es quizá desde mi punto de vista, un tema que podrían meter en el momento que quisieran a discusión, y es realmente si una entidad siente como los estados de Coahuila, Jalisco, Nuevo León,  y Tamaulipas, ó como otros, que tienen mayor posibilidad de recaudar, ó tienen más ingresos por diferentes tipos de impuestos que ahorita son federales, pasaran a ser locales, eso le aseguro ahorita, sin tener las cifras exactas, sería totalmente otra posibilidad. Porque entonces si se estaría dando un cambio en cuanto a cómo se distribuyen los recursos”.

Y añadió aquí “el problema es que los estados esa es la critica que siempre me han hecho, es que precisamente las entidades que tienen menos ingresos, pues son los que van a pagar el problema con sus ciudadanos, ya que no van a tener el ingreso que ahorita tienen. La respuesta a eso es que todos tenemos derecho a generar ingresos, no tiene porque haber estados de menos ingresos, otros de más ingresos, si todos trabajan. Claro que ahí intervienen otros factores por la inversión, pero si nunca se avanza en que los Estados que menos generan ingreso, se busca la forma que los generen, siempre habrá un Estado paternalista”.

Añadió que al final “el ingreso como se ve a nivel federal es uno, entonces lo que la Federación hace desde que se creó la Ley, es con esa visión general, repartir a los Estados dependiendo de sus características esos ingresos por eso la inconformidad evidente de siempre, de que quien más genera ingresos, siente que la justicia legal para ello sería a mayor recaudación de ingresos, mayor distribución para ellos.

“Me voy más a fondo debiera modificarse el cambio de legislación en torno a los ingresos fuertes, tanto al IVA como al ISR”.

El entrevistado, afirmó que el tema de corrupción a todos nos perjudica, “y si no se castiga de forma contundente a quien la realiza, siempre habrá desconfianza entre los ciudadanos con su entidad, es piedra anular que se levanten bien las indagatorias, y también que se emitan en su caso, otro tipo de responsabilidades para los que no colocan bien las pruebas en los tribunales. Con el sistema nuevo anticorrupción podemos avanzar mucho, pero si depende de todos nosotros hacer la presión que nos corresponde, y a las autoridades correspondiente de realizar la indagatoria, pues hacerla de forma debida para que sí haya castigos ejemplares, ya que hablar de endeudamientos que van a otro lugar que no es para promover o buscar una inversión de la entidad, es muy grave”.

Refirió que las entidades que ahora buscan revisar la Ley de Coordinación Fiscal, “es porque hicieron los cálculos estimativos normales de la gran riqueza que tienen, al final del día son temas entre técnicos y políticos, en estas circunstancias se mezclan, yo creo que aquí lo que se quiere es tener más amplitud en el manejo de los recursos, y seguramente tienen alguna disconformidad, con cómo se están distribuyendo esos recursos, entonces si piensan que pueden manejar su entidad con la distribución del gasto público de otra manera, porque también sienten que están aportando mucho más que otros estados, creo que por eso solicitan esa revisión”.

Finalmente a pregunta sobre si se salen de esta Ley los Estados no se harían harakiri, pensando en lo que le deben a Banobras o a otra fuente de financiamiento, argumentó que es una situación difícil y que quizá por ello no se han salido. “Están haciendo sus cálculos y su presión, porque si es cuestión de balance. Abunda que no sólo en este sexenio, sino siempre que hay un problema fuerte, alguna entidad normalmente del partido que no está en el poder, levanta la mano para revisar el Pacto. La base, opinó es la Ley de Coordinación Fiscal que fija las bases generales, pero cada estado firma convenios independientes con la Federación”.

 

No es un pacto

Por su parte en entrevista, el fiscalista Dionisio Kaye, Ex Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, opinó que la petición de los  gobernadores de Coahuila, Jalisco, Nuevo León,  y Tamaulipas, para que el gobierno federal revise la Ley de Coordinación Fiscal, que no es un pacto, es buena ya que México es un país en constante evolución en término jurídico: “Revisar los convenios de Coordinación Fiscal sería benéfico para todos los estados de la República”.

Agregó que para las entidades es de suma importancia recibir sus participaciones de los impuestos generales que se recaudan en esas entidades, “ahora si la Federación no cumpliera con esos pagos, ciertamente se afectan las finanzas públicas de los estados”.

El doctor Dionisio Kaye, afirmó que acabar con la Ley no es posible, en dado caso, el procedimiento que se llevaría a cabo, es: “Quizá cada estado de la República daría por terminado el convenio de  Coordinación Fiscal que tiene con la Federación, lo cual no creo que le convenga a los estados, porque las participaciones se pagan conforme a transferencias muy calificadas, y no debemos olvidar que si los Estados dieran  por terminados los Convenios, podría ser reacción de la Federación cobrar todo lo que los estados le deben, lo cual sería caótico porque los Estados de la República no tienen flujos para estar pagando”.