Entrevista con Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex Procuradora de Defensa del Contribuyente.

“La iniciativa que mandó (el presidente López Obrador) no es para atender la emergencia del coronavirus, es para reformar la Ley Federal de Hacienda y de Responsabilidad Presupuestaria, para otorgar al titular del Ejecutivo Federal en el artículo 21TER, que es nuevo y lo está proponiendo, la facultad de que en cualquier ejercicio, ante lo que denomina emergencia económica, no de salud, modificar a su gusto y reorientar el presupuesto sin dar cuenta al Congreso y orientarlo a los programas prioritarios”.

Tal diagnóstico es expuesto para Siempre por parte de la ex diputada federal, ex magistrada de la sexta sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Diana Bernal, quien en entrevista con este medio analizó la más reciente iniciativa presidencial que busca modificar la manera en que se ejerce el presupuesto del país.

Ante la polémica que se ha suscitado alrededor de la propuesta, nuestra entrevista desmenuzó las implicaciones que esto representa.

“De lo anterior surge una pregunta, qué es emergencia económica pues no está definido por ningún texto legal, cuando un texto legal toma un concepto procura definirlo; ahora surgió un decreto del cual surge esta iniciativa, acerca de lo cual el presidente ha dicho que es por la crisis global del neoliberalismo, no sé si la haya, en todo caso serán conceptos económicos, pero si se introducen a una ley se tendrán que definir. Una cosa muy importante es que esto es anticonstitucional, porque en cualquier democracia, en cualquier república el único que puede asignar recursos para el gasto público y modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación es la Cámara de Diputados, ni siquiera la de Senadores, porque la primera es la representante del pueblo, y este es el que define a dónde va el gasto público y no la palabra presidencial”.

El objetivo, de acuerdo a Diana Bernal, es claro, tener el control del presupuesto sin importar lo que se decida en el Congreso.

“Las medidas que el presidente tomó para reactivar el gasto público y ayudar a la economía ante la pandemia del Covid-19, están en el decreto presidencial el cual ordena a sí mismo en el segundo transitorio enviar una iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no por el Covid-19, sino ante cualquier emergencia económica y modificar el presupuesto votado”.

El presupuesto más grande

Al ser un presupuesto de más de 6 billones de pesos, el más grande de la historia del país, llama la atención que el presidente hable de que la necesidad de contar con más recursos para ciertos programas que está impulsando su administración y que busca manejar gracias a la iniciativa que presentó.

“Hacienda, por orden del presidente, podrá modificar y reorientar el presupuesto cuando el presidente decida que hay una emergencia económica y con esto quitar recursos a unos programas y ponerselos a otros, en este caso a los que él defina como prioritarios.

“No hacía falta, es un golpe a la Constitución, la cual establece la división de poderes, el ejecutivo ejecuta el gasto, el legislativo hace leyes y entre estas está votar el presupuesto de egresos de la federación, así que cómo va a hacer falta algo que es un atentado al orden constitucional, si la ley se vota es sencillamente inconstitucional, porque en ningún país del mundo el ejecutivo puede reorientar un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados”.

Un tema que llama la atención es este asunto, es el que tiene que ver con el argumento de que faltan recursos para varios de los programas que el presidente considera prioritarios.

“Esto (el decreto) no es para conseguir recursos, es para cerrar la mitad de las oficinas de gobierno de aquí a fin de año, todas las que atienden al público y para ahorrar ese dinero y mandarlo a los 38 programas que él decide que son prioritarios, entre los cuales se encuentran infraestructura —como el tren Maya y esos—, y otros como Escuela para Todos, el mantenimiento de Los Pinos, el rescate del lago de texcoco, en fin, son 38 proyectos que ya existen en el presupuesto actualmente y que ya tienen dinero, pero obviamente como estamos en una crisis financiera que el gobierno no quiere reconocer, se está cayendo la recaudación y el precio del petróleo era negativo y ahora está en 8 dólares, lo que quiere hacer es pellizcar —por llamarle de alguna forma—, sacar recursos de otros presupuestos aprobados por el Congreso a la administración pública, secretarías de Estado, organismos como el Instituto de Bellas Artes, aunque salud quede excluido, recortar el 75 por ciento de su gasto programado para este año, eso es el decreto, pero no está viendo de donde sacar recursos, lo que está diciendo es que como estamos en una situación de crisis económica con motivo del coronavirus y del modelo neoliberal, canceló todos los programas de gobierno, los redujo al 75 por ciento y todo ese dinero que calcula en más de 72 mil millones de pesos, una décima parte del presupuesto, enviarlo a mis programas prioritarios, los que defino que lo son y muchos de los cuales no tienen que ver con la crisis de salud.

“Además manda al Congreso una iniciativa para modificar el presupuesto en cualquier año o día que se le ocurra que hay emergencia económica. Una cosa es que emita un decreto sin tener facultades no para atender la crisis, sino para reorientar el gasto a sus programas, y otra es que ex post, pide al Congreso que le otorguen facultades que ya se otorgó”.

Golpe de Estado desde el Estado

Uno de los argumentos para rechazar esta iniciativa es que se trata de un golpe de Estado porque vulnera las atribuciones de uno de los poderes de la federación.

“Soy abogada de formación, trabaje en un tribunal de circuito, fui diputada, conozco perfectamente de derecho y es un golpe de Estado porque hay tres poderes, cada uno de con sus atribuciones, en el momento en que un poder dice querer una facultad que es de otro, eso rompe con la división de poderes. Lo más básico de un Estado de derecho y de una república en democracia, es el equilibrio de poderes. Como hay una mayoría de Morena que está viendo cuando se va a votar, eso sería anticonstitucional, porque en la Carta Magna se prohíbe que el gasto se modifique a gusto del presidente. Es un golpe de Estado dentro del Estado, en el cual un poder le dice a otro en la repartición de atribuciones yo quiero más y tu lo votas”.

Finalmente, Diana Bernal consideró que detrás del decreto está una situación negativa en las finanzas del propio gobierno federal que no se ha querido reconocer.

“El presupuesto es muy ambicioso, la recaudación cayó en 109 mil millones de pesos, para este año subieron 100 mil millones más, ahora las actividades están detenidas desde la última semana de marzo, la recaudación por fuerza tiene que caer, el SAT no ha detenido actividades, pero su política se está volviendo muy agresiva; eso por un lado, por otro, la otra fuente de ingresos del país se divide en, principalmente, la recaudación de impuestos y los ingresos petroleros, ésta última está en crisis por los mercados inundados, y precisamente el presidente señala que hay una sobreproducción de petróleo, Pemex ha tenido una quita fiscal por 65 mil millones de pesos, y si seguimos apostando al petróleo y a una recaudación que ya perdió 109 mil millones, tras 5 años de aumentos, es evidente que las finanzas públicas no están bien y se sostienen con acciones como las que hizo el secretario de Hacienda de colocar un bono con una tasa de interés superior a economías más pequeñas que la de México, sólo con capital especulativo, así se está sosteniendo el gobierno y con este decreto tal parece que ya les cuesta mucho pagar la nómina y por eso la idea de cerrar oficinas”.

@AReyesVigueras